Opinión

Sistemática campaña

La “espotización” del modelo que en nada aporta al debate de las plataformas de los desgastados y desprestigiados partidos políticos.

  • 15/03/2016
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En una línea de tiempo que comienza desde el 2007, con la reforma constitucional en materia electoral, se puede constatar la permanente oposición de los industriales de la radio y la televisión al modelo de comunicación político electoral que les canceló un negocio que les dejaba miles de millones de pesos en ganancias. Desde aquel entonces han utilizado a sus conductores estrella para denostarlo bajo el manto de la defensa de la libertad de expresión.

 

Desde el inicio de la implementación del modelo han desarrollado estrategias para incentivar una animadversión a la autoridad y la ley electoral, lo hicieron las televisoras desde el 2009 cuando en un hecho inédito programas infantiles de caricaturas y encuentros de fútbol fueron interrumpidos durante tres minutos cada hora para insertar los spots del aquel entonces IFE y de los partidos políticos con una cortinilla en pantalla que rezaba “Los siguientes promocionales son ordenados por el IFE en cumplimiento a la ley electoral y se transmitirán hasta el 5 de julio”, misma que se adosaba con comentarios de los conductores de TV Azteca y de Televisa lamentando los cortes para ver los spots, con lo cual se generó una molestia en la audiencia.

 

Con la visita del Papa a México, y sabedores de la expectación de millones de personas para la cobertura de sus actividades y mensajes repitieron la estrategia para descalificar la interrupción de la cobertura informativa porque así lo obliga la autoridad electoral, aún cuando con frecuencia se trató de cortes para transmitir publicidad comercial ¿alguna vez esos conductores se quejarán de las constantes interrupciones de los spots comerciales?

 

Se trata de una oposición que tiene como fin descalificar a la autoridad electoral y revertir el modelo de comunicación política. Desde 2007 los medios, especialmente las televisoras, no han dejado de litigar en contra de la reforma, no se resignan a la pérdida económica y de control que tenían. No pierden la esperanza de que el clima de acritud que han generado pueda llevar tarde o temprano a una contrarreforma para cambiar el modelo en favor de sus intereses.

 

Ante la resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral en el sentido de que los conductores no violaron la ley durante la cobertura papal, las radiodifusoras y televisoras comerciales se han dado vuelo para darle una amplia difusión remarcando que la norma electoral viola la libertad de expresión.

 

Como también se puede constatar en la línea de tiempo el Tribunal Electoral ha impuesto multas de pertinencia y legalidad discutibles, como igualmente resoluciones contradictorias para la aplicación del modelo, lo que ha sido aprovechado por los industriales del ramo para generar confusión sobre el tema, abona también a ese clima de confusión la falta de explicación clara y concisa del propio Instituto Nacional Electoral (INE).

 

Esta sistemática campaña en contra de la ley y la autoridad tiene por objetivo regresarles a los radiodifusores el jugoso negocio electoral, como puede constatarse con la iniciativa presentada el 19 de mayo del 2015 por el entonces diputado Tomás Torres Mercado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), partido que por cierto tiene record en la violación de la ley electoral, que en su primer punto plantea la eliminación del acceso gratuito por parte de partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular a los tiempos de radio y televisión administrados por el INE, dicha eliminación abre la posibilidad de que partidos y candidatos contraten como antaño tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, con cargo al financiamiento público, porque según ese legislador, así se garantiza la libertad de expresión.

 

En coordinación con esa iniciativa, como lo consigné en mi colaboración del 24 de noviembre del año pasado, el presidente del PRI Manlio Fabio Beltrones  declaró que se debe cambiar el modelo de comunicación política electoral y aceptó que se podría abrir la puerta a la compra de espacios en los medios electrónicos. Le falta memoria al político sonorense quien fue uno de los principales defensores de la reforma electoral del 2007. De igual manera se ha pronunciado recientemente el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth.

 

Si bien es cierto que existe el hartazgo por millones de spots que se transmiten, especialmente en procesos electorales, el problema central no es su comercialización o no, sino la “espotización” del modelo que en nada aporta al debate de las plataformas de los desgastados y desprestigiados partidos políticos.

 

De concretarse lo que muchos llamamos una contrarreforma en este terreno, se derrocharán nuevamente ingentes recursos públicos que irán a parar a las arcas de los medios comerciales, pero también se concretará la claudicación de la clase política ante el poder mediático.

 

En otros temas

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió el decreto por el que se crea el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (OPITEL) que será el organismo que tenga la concesión de la Red Compartida Mayorista (Banda 700 Mhz), ya despejada una vez que se hizo el apagón analógico en televisión abierta. Este proyecto que es el más ambicioso de la reforma en telecomunicaciones ha tenido muchos obstáculos y críticas, pero es clave para llegar a la meta de conectar a la banda ancha a millones de personas, así que habrá que seguir con cuidado su desenvolvimiento.

 

También está en puerta la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si da la razón a las comunidades y emisoras comunitarias que interpusieron un amparo en contra del artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que les deja casi como única fuente de financiamiento el acceso a la publicidad oficial, lo cual se considera desde organismos internacionales de libertad de expresión como una medida discriminatoria que puede funcionar como vía indirecta de restricción a la libertad de expresión.

 

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