La inoperancia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se ha vuelto una permanente y lamentable realidad. Ya en otros espacios hemos dado cuenta de esta situación bajo ciertas consideraciones.
Una de ellas tiene que ver con que esta inoperancia no obedece a problemas de orden estrictamente jurídico, se trata de un diseño que presenta importantes deficiencias de naturaleza técnico legislativa, a cargo del entonces legislador que le dio vida a esta figura para atender y resolver el problema de la corrupción.
Sin embargo, a cuatro años de distancia del nacimiento constitucional de este SNA, el optimismo decrece estrepitosamente cuando el paso del tiempo nos permite tener una perspectiva más clara de las intenciones del legislador de antes y el actual.
Esto es, mientras que los entonces legisladores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto crearon un SNA cuya completa integración y funcionamiento ha sido imposible; los actuales congresistas, especialmente los senadores, con mayoría cargada al partido político del presidente López Obrador, parece hacen esfuerzos insuficientes a fin de lograr la anhelada implementación de dicho Sistema.
Y es que hay que reconocer el trabajo realizado por la actual Cámara de Senadores en el tema que, en lo que va del año, ha logrado, entre otros:
El Acuerdo por el que se instala la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, publicado el 1 de marzo del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación.
La aprobación de algunas reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal, con las que se daría paso a la llamada “muerte civil”, con objeto de sancionar con inhabilitación definitiva o permanente a funcionarios y contratistas o proveedores, que incurran en actos de corrupción catalogados como graves. Reformas actualmente en manos de la Cámara de Diputados su aprobación.
La intención expresada a través del presidente de la Cámara de Senadores, de acatar la resolución de amparo mediante la cual se sentenció al senado de la República a resolver si ratifica o rechaza las propuestas de magistrados anti corrupción que en su momento enviara el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, también hay que decir, dichas medidas o acciones hasta ahora realizadas por el senado -indiscutiblemente- son insuficientes ante el océano de la corrupción en el que nos encontramos viviendo.
Peor aún, cuando el presidente del senado Martí Batres, manifiesta la intención de acatar la sentencia de amparo antes señalada y, por otro lado, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República decide “impugnar” esa resolución de amparo, a través de una supuesta controversia constitucional por “invasión de competencias”.
La realidad es que, al margen de la inexplicable y quizá inadmisible incapacidad jurídica del Consejero Jurídico, pretendiendo impugnar lo inimpugnable que -dígase de paso ya fue resuelto por la Suprema Corte como improcedente-, persiste una clara intención de dilatar o “chicanear” como dicen algunos litigantes -al referirse a la promoción de recursos legales notoriamente improcedentes- cuyo único propósito es entorpecer y dilatar el cumplimiento de la ley y, en este caso, el cumplimiento de la sentencia.
Por supuesto desconocemos el interés de la medida legaloide accionada por el consejero. No obstante, una cosa más salta a la luz y se trata de una falta de congruencia con el discurso de su jefe directo el presidente de la República, quien ha anunciado -desde siempre- su interés por combatir y “acabar” con la corrupción, mientras que él como abogado de la presidencia impide el avance en la materia.
El accionar juicios o recursos legales improcedentes es una forma de corromper el sistema jurídico en su conjunto, en perjuicio del estado de derecho que tanto pregona la clase política. Poner en marcha mecanismos institucionales de justicia como la judicatura con intenciones políticas obscuras no admite -ni podría admitir- ningún tipo de justificaciones.
Hablamos de la implementación de un SNA que no termina de integrarse y funcionar para luego ser evaluado, y esto gracias a la indiferencia de políticos y administradores del gobierno anterior. Ahora, gracias a la promoción de acciones de sumo cuestionables que impiden continuar y acabar -de una buena vez- con el tema de la designación de los dieciocho magistrados anticorrupción.
Un gran logro la integración al mundo real de la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, la mesa sigue coja, de poco servirá el trabajo de ésta cuando no hay jueces que resuelvan sobre las responsabilidades por hechos de corrupción graves. Esto sólo es muestra -nuevamente- de que la gravedad de los ilícitos contemplados en la legislación, no ocasiona ningún efecto inhibidor si los mecanismos institucionales dispuestos en la ley no funcionan porque ni siquiera existen.
La previsión del SNA en la Constitución General y en la ley, es insuficiente, se requiere de mucho más voluntad de la clase política gobernante, que termine de poner a prueba el Sistema con sus magistrados para así, de ser el caso, perfeccionarlo en todos los sentidos.
*Mtro. Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina
Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.