El fenómeno de la corrupción ha permeado cada uno de los ámbitos que componen el sistema social, aquello que era casi inocuo, se ha interiorizado y normalizado en diversos regímenes políticos de América Latina, transformándose en un verdadero sistema de dominación, parafraseando al sociólogo Max Weber.
De ahí que actualmente el concepto “sistémico” acompañe al de corrupción, señalando un fenómeno social que ha erosionado la confianza en distintos niveles y esferas. Hoy por hoy, aludimos a una corrupción sistémica que ha mermado la participación ciudadana, el crecimiento económico y la estabilidad política; generando desequilibrios institucionales que alteran el ambiente óptimo para las interacciones humanas, siguiendo a Niklas Luhmann, la corrupción se ha construido y estabilizado como un script cultural.
Por ello, y para abatir los daños que ha propiciado este fenómeno, debemos implementar una alternativa de política integral que abarque transversalmente cada una de las acciones institucionales en los tres órdenes de gobierno para el combate a la corrupción. Ello, bajo el reconocimiento de que esta problemática no se podrá solucionar con las decisiones aisladas de unos cuantos dentro de un ceñido ámbito gubernamental.
La corrupción es un problema tan complejo que debe enfrentarse bajo esquemas abiertos e innovadores, a través de una estrategia sólida que articule a las instituciones gubernamentales y a los distintos sectores de la sociedad, a fin de ejecutar diversas acciones conjuntas en el combate a la corrupción.
Bajo esta premisa, se delinearon los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus réplicas estatales: fortalecer las capacidades institucionales y generar mecanismos cautelares frente a la corrupción, por medio de una articulación interinstitucional y ciudadana que evite la fragmentación en la atención de este fenómeno.
Para su operación e implementación, requerimos del diseño de una política transversal que siente las bases prioritarias de atención a dicho fenómeno, en este sentido, la Política Nacional Anticorrupción (PNA), nos brinda un invaluable marco de operación y orientación a los sistemas anticorrupción en nuestro país.
Así, con una base que deviene empírica y mediante metodologías cualitativas y cuantitativas la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) generó la Política Nacional Anticorrupción, la cual abarca no solo la sanción de las prácticas, sino la prevención y la corrección de las mismas.
La PNA contiene el diagnóstico y las prioridades mínimas que orientan la actuación de los integrantes del SNA -y de todos los entes públicos del país en el ámbito de sus respectivas competencias- en materia de prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y el control de recursos públicos.
Esta propuesta de Política reconoce que la corrupción es un problema multifactorial que no puede limitarse a un solo sentido, ello, después de un amplio proceso de consulta pública y de recopilación de datos que permitieron un detallado diagnóstico sobre la corrupción en nuestro país.
Este instrumento identifica ejes prioritarios tales como la impunidad, la arbitrariedad, el involucramiento de la sociedad y la construcción de lógicas de interacción entre el gobierno y la sociedad bajo principios de integridad, imparcialidad y universalismo.
Bajo estos ejes y principios, se enuncian 60 acciones prioritarias de política pública que se traducirán en la implementación de acciones y proyectos concretos.
Una política anticorrupción implica la generación de una ruta que, sin afectar facultades institucionales, orienta sus funciones para reducir significativamente la corrupción en el país.
Sin duda, es un instrumento invaluable a considerar, en la medida en que contribuye al fortalecimiento de una buena gobernanza en México, a partir de la inclusión de sectores sociales históricamente excluidos en la toma de decisiones políticas y, en virtud de ello, coloca la figura del ciudadano en un lugar privilegiado, a través del Comité de Participación Ciudadana como una figura central en la estructuración de los Sistemas.
De esta manera, se reconoce en la PNA un importante componente de participación social, en donde los ciudadanos no solo tienen la posibilidad de elegir quién ejerce el poder, sino también de incidir en el ejercicio y control del mismo.
Si bien es cierto que la implementación de las metas, indicadores y variables de esta Política, representa ya un desafío a nivel nacional, también es cierto que la contextualización de temas, diagnósticos y prioridades a nivel local, constituye un punto prioritario para todas las instituciones estatales que integran los sistemas a este nivel.
Hablar de una alineación de la esfera nacional con la estatal, tiene diversas implicaciones, entre ellas, la adaptación de la propuesta a la realidad y particularidades específicas de cada entidad federativa, sin olvidar que pueden aportar políticas públicas particulares que sean congruentes con el contexto de su región.
Es innegable que en el ámbito local, tenemos muchas tareas pendientes, una de ellas es generar mecanismos para que los municipios/alcaldías, operen con inteligencia institucional que atienda los riesgos, las fallas, problemas o anomalías en los procesos institucionales o en las funciones que desempeña una persona, área o sector en específico que permitan o faciliten actos de corrupción.
De ahí que el diseño de una Política Anticorrupción a nivel local, deba ser un proceso ordenado, estructurado y gradual que tenga en cuenta las capacidades de cada uno de los espacios institucionales que se encargarán de hacer realidad la política.
El interés superior de la política estatal anticorrupción es transitar hacia un régimen más “universalista” que fomente el pluralismo frente a un orden social que ha privilegiado el particularismo y la parcialidad.
Repetir que la corrupción es un obstáculo para el desarrollo ya no es suficiente. Precisamente por ello, es urgente, contar con una política que coordine, alinee y articule las diversas acciones en su combate.
El contexto actual nos exige generar políticas incluyentes que escuchen las voces de actores empresariales, políticos, gubernamentales y del tercer sector, de esta manera, nutriremos una mayor apertura de las autoridades del Estado y fomentaremos una sociedad más informada y competente para involucrarse en los asuntos públicos.
En este sentido, y bajo la premisa de fortalecer los espacios de diálogo, el INFO y el Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, realizarán el Foro: Sistemas Anticorrupción: retos, expectativas y experiencias, los próximos 19 y 20 de agosto en el Museo de la Ciudad de México, y cuyo objetivo es generar un diálogo sobre los desafíos y expectativas del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México, con la finalidad de proponer estrategias para consolidar un sistema anticorrupción acorde a las exigencias sociales de nuestra entidad.
Este ejercicio en donde se reunirán actores involucrados de distintos ámbitos, reitera el compromiso institucional de consolidar este proceso de regeneración de la vida pública en México. Hoy, nos une un fin común: el combate a la corrupción en nuestro país, sin duda, disolver este flagelo es tarea de todos, pero para quienes representamos las Instituciones garantes en México debe ser un compromiso prioritario, pues solo la voluntad política podrá regresar la confianza ciudadana en un sistema político lastimado como el nuestro, por ello, vale la pena rescatar a Max Weber cuando señala: “El político debe tener: amor apasionado por su causa; ética de su responsabilidad; mesura en sus actuaciones.”