En las últimas semanas creció la preocupación de analistas y banqueros sobre la reducción en el presupuesto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la salida de varios funcionarios que conocen el detalle de las tareas de supervisión y regulación de las instituciones financieras.
No es un secreto que la renuncia de Adalberto Palma al frente de la CNBV tuvo mucho que ver con la falta de presupuesto y los pocos incentivos para retener a funcionarios valiosos y con un amplio conocimiento del sector.
Sin embargo, desde la salida de Palma a la fecha la situación se complicó más: hace unas semanas, el presidente López Obrador anunció una disminución adicional en los salarios de los altos mandos del gobierno federal, así como la donación -para los que así lo decidieran- de su aguinaldo.
En abril, el Jefe del Ejecutivo dio a conocer que como parte de la emergencia sanitaria se eliminarían 716 plazas del aparato burocrático, cuya percepción bruta anual promedia en un millón 571 mil pesos, lo que llevaría a generar un ahorro de 1,142 millones de pesos, que representan menos del 1%del gasto total de servicios personales durante el 2020.
Derivado de esta disposición, una de las entidades más afectadas es la CNBV al perder varias de sus plazas, muchas de las cuales llevan a cabo labores de supervisión de bancos, cajas de ahorro, así como de Sociedad Financieras de Objeto Múltiple y Populares (Sofomes) y (Sofipos).
A la ya de por sí crítica situación del aparato gubernamental, el 29 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Administración Pública Federal, en la que se establece una nueva tabla de remuneraciones para los funcionarios del rango más alto. Sólo por dar un ejemplo, las plazas de directores generales adjuntos podrían ver una merma promedio de sus ingresos de 10,000 pesos a partir de diciembre.
Se estima que en el gobierno central hay al menos 716 Direcciones Generales Adjuntas (DGAs), en tanto que a nivel federal cerca de 2,000.
No obstante, el caso que más preocupa es el de la CNBV, organismo público que es clave para mantener un sólido funcionamiento del sistema financiero, por lo que los recurrentes recortes al presupuesto de la dependencia, empezó a despertar temor y suspicacias de analistas y de los mismos banqueros.
La preocupación principal se centran en que el recorte al gasto y salarios de la dependencia podría tener un efecto en las labores de supervisión, lo que sería un incentivo para que algunos intermediarios no hagan bien su trabajo y relajen sus políticas de controles para operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por lo pronto, para los siguientes meses se podría esperar un aumento en la cartera vencida en diversos segmentos crediticios ante el incremento en el desempleo y la parálisis de la actividad económica.
Otro de los temas que más inquietan por el dramático ajuste, es la menor supervisión hacia intermediarios como las cajas de ahorro o las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y Populares. Incluso, hay quienes se atreven a anticipar el surgimiento de nuevos casos como FICREA, en donde se defraudó a miles de ahorradores.
Así las cosas…