Aprobado el presupuesto de egresos por una amplia mayoría y con una mensaje contundente a favor de la inversión productiva y un gasto social responsable y transparente, lo que sigue es asegurar que así suceda, que se garanticen las medidas para el correcto uso de los recursos, que se evite la opacidad y desviación del gasto, así como el sub ejercicio y la malversación de los fondos públicos, en una palabra, blindar el gasto público contra la corrupción que tanto daño hace al país.
Para que el blindaje sea efectivo y eficaz es indispensable reconocer, con realismo y sentido de oportunidad, que los instrumentos que hoy existen son absolutamente insuficientes, asumir que el andamiaje institucional representado por las leyes vigentes y las instancias encargadas de transparentar la vida pública a todos los niveles están totalmente rebasadas.
¿Qué nos dice que a dos años de esta administración federal, la dependencia encargada esté indefinida y que la comisión anticorrupción, una de las propuestas básicas del actual gobierno haya sido desechada por inviable?
¿Qué garantías puede ofrecer la Auditoría Superior de la Federación si la revisión de las cuentas públicas es extemporánea y sin consecuencias prácticas?
¿Qué ofrece si a sus observaciones no se sigue una investigación minuciosa y con consecuencias?
¿Qué efectos se pueden esperar de tribunales administrativos que están totalmente desvinculados y con facultades limitadas para imponer sanciones?
La falta de una política de estado en contra de la corrupción es la condición estructural que explica y alienta la impunidad; es el escenario ideal para el corrupto, el incentivo perverso que estimula al aparato público convertido en una maquinaria donde el abuso sistemático desde el poder es la constante ante la certeza de que no sucederá nada o, por lo menos, que es tan baja la posibilidad de que ocurra una sanción a quien se corrompe o corrompe a los funcionarios públicos que hace sentido intentarlo.
Así fue diseñado el sistema político imperante, así se programó el acceso a los incentivos del poder y las medidas de control o cooptación entre los grupos que conformaron la elite gobernante antes de la alternancia política y que, lamentablemente, no ha sido desmontada luego de los avances democráticos y la pluralidad que hoy distingue a nuestro sistema político.
Por lo anterior se debe valorar como asunto de la máxima prioridad, hacer realidad el sistema nacional anticorrupción que ha propuesto el PAN, propuesta presentada en tiempo y forma y muy bien recibida por las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Se trata de reformar el sistema político a fondo y sin cortapisas para adoptar a la brevedad las medidas que sean necesarias para hacer frente al mayor obstáculo para el desarrollo del país, identificar a la corrupción como causa y efecto de grandes males e injusticias, como un cáncer social que lastima a las personas y a sus bienes y que de no ser combatido a fondo pone en riesgo la viabilidad del sistema democrático.
Cuando Acción Nacional propuso el Sistema Anticorrupción lo hizo desde su responsabilidad con México y desde la identidad con sus principios fundacionales, sin menoscabo a las actuaciones individuales de sus militantes y, por doloroso que sea, de las responsabilidades que conlleve la claudicación de alguno de ellos. Se trata del país, es importante reconocerlo así; y ante esto debe ceder cualquier interés particular, de grupo o de partido y las agendas establecidas en las organizaciones sociales y en los distintos órdenes de gobierno.
Los siguientes días serán determinantes para concretar esta gran reforma que, tal y como se ha propuesto, convoca a los ciudadanos y los hace partícipes de pleno derecho en el Consejo Nacional de Ética Publica con una amplia red de observatorios ciudadanos; fortalece a las instancias preventivas y de control al interior de las dependencias; le da a la Auditoria Superior de la Federación facultades de investigación y capacidad para auditar antes, durante y después del ejercicio administrativo; y traslada las facultades de sanción a un tribunal de cuentas con fuerza para aplicar las sanciones que en justicia correspondan. Todo esto articulado a través de una instancia nacional que asumiría, desde una clara posición de corresponsabilidad, la aplicación del sistema anticorrupción como política de Estado.
El actual periodo de sesiones representa la oportunidad para dar al país una respuesta contundente y esperanzadora ante la grave crisis de credibilidad y crispación social que nos domina; es la ruta de salida para encauzar una buena parte de las demandas de una sociedad agraviada por los abusos de quienes tienen autoridad y la han usado al margen de la ley y en contra de los intereses de los ciudadanos, especialmente de quienes viven en condiciones de mayor pobreza o desigualdad social.
No hay tiempo que perder, se trata de que no se ejerza un peso del presupuesto aprobado sin reglas adecuadas para evitar el dispendio, la corrupción y la impunidad que el actual sistema genera. Se trata de una reforma constitucional y diversas modificaciones a leyes secundarias, por lo mismo, no se debe dilatar el proceso legislativo. Hay que estar atentos a la posición que asuman los distintos partidos y grupos parlamentarios, más que explicaciones sobre las complejidades de un cambio como el que se ha propuesto, lo que estará a la vista es la voluntad política y el verdadero compromiso con la sociedad, por cierto, en un momento especialmente crítico para el presente y el futuro de nuestro país. La buena política debe dar respuestas antes de que los abusos de los corruptos terminen por despojar al país y que los violentos y desestabilizadores logren su objetivo.