¿Qué pasa cuando un sistema complejo no es vigilado y no se controlan sus procesos? ¿Qué le pasa a una institución que permite la promoción de intereses privados por encima de las metas institucionales? ¿Qué le pasa a una gran empresa cuando nadie vigila y controla lo que sucede en sus distintas áreas? ¿Qué le pasa a un gobierno que se convierte en instrumento de negocios privados que florecen sin consecuencias?

 

Los dramas que se viven en el gobierno federal en obras públicas y en los programas sociales, las pesadillas que se viven en gobiernos como los de Veracruz, Coahuila, Guerrero, Sonora, Chiapas, Estado de México y la Ciudad de México, así como en cientos de municipios, no son sólo obra de funcionarios incapaces y corruptos. Son consecuencias perfectamente previsibles que se derivan de la renuncia al ejercicio real de vigilancia y control que todo gobierno requiere.

 

La vigilancia y el control son dos herramientas fundamentales en cualquier institución humana compleja. No es posible concebir a una empresa transnacional exitosa que no tenga robustos mecanismos de vigilancia, que le permitan identificar a tiempo conductas que pueden afectar la consecución de metas y objetivos.

 

Tampoco es posible imaginar a una gran empresa que carezca de sistemas de control, que le permitan administrar los posibles riesgos que se presentan de manera cotidiana y que pueden descarrilar su buena marcha.

 

Si eso es cierto en el mundo privado, lo debería ser también en el ejercicio de la administración pública. Debería ser impensable que instituciones tan complicadas como aquellas que conforman un gobierno, de cualquier orden, pudieran funcionar sin mecanismos eficaces de vigilancia y control. Sin embargo, estos instrumentos parecen ser la última preocupación de quienes dirigen los gobiernos de hoy.

 

Hace un par de años, en una cena con varios senadores de la República en funciones, traté de hacer este argumento. La contestación de una senadora del norte del país fue “en los gobiernos de mi partido la disciplina partidista es suficiente. No necesitamos esas prácticas empresariales de moda para dar eficacia a la gestión de gobierno. El que no se alinea, se va”.

 

La realidad contradice la tesis de la senadora. La disciplina partidista no fue suficiente. Escándalos de corrupción, obras que no arrancan, otras que parecen jamás concluir, programas sociales que no llegan a sus destinatarios o que no modifican en nada su realidad son la regla y no la excepción. Y todo esto era perfectamente predecible.

 

La vigilancia no es sólo un instrumento de verificación, también es un incentivo. Cuando yo sé que me vigilan, mi conducta suele apegarse más a la esperada. Cuando no me vigilan, mi conducta suele estar motivada por valores e intereses internos y privados y por lo tanto, depende de éstos.

 

Por ello, la vigilancia es un mensaje: la institución está pendiente de tu conducta y queremos que se apegue a lo que se espera de ti. La falta de vigilancia también es un mensaje: no importa lo que hagas, la institución jamás lo sabrá a tiempo y por lo tanto, no habrá consecuencias.

 

Por otro lado, las mejores prácticas internacionales reconocen cuatro mecanismos de control que toda institución debe tener para poder administrar riesgos:

 

  1. Controles de identificación: Aquellos que sirven para encontrar riesgos antes de que se materialicen.
  2. Controles de corrección: Aquellos que permiten corregir aquello que se identificó como posible causa del riesgo.
  3. Controles directivos: Aquellos que permiten a la institución tomar las decisiones a tiempo para cambiar el rumbo en la dirección correcta.
  4. Controles preventivos: Aquellos que permiten aprender de todo lo anterior y diseñar mejores procesos y estructuras para el futuro.

 

Con la idea de “la disciplina partidista es más efectiva”, hace varios sexenios en los gobiernos estatales y municipales y hace tres años en el gobierno federal, se renunció a la idea de tener mecanismos de vigilancia y control eficaces y completos.

 

Los entes fiscalizadores que nacieron justamente para hacer estas dos funciones, en el mejor de los casos, son pequeños e incapaces. La mayoría están capturados políticamente por intereses privados, que les impiden hacer su trabajo. Incapacidad o complicidad, el caso es que miles de procesos diarios carecen de vigilancia y controles efectivos.

 

¿Qué sucede cuando miles de procesos carecen de vigilancia y control? Fácil, miles de intereses privados se cuelan en la gestión diaria de gobierno. Es decir, cada vez que un programa social se convierte en un negocio privado y nadie lo identifica, nadie lo documenta y no hay consecuencias, la lección para todos en esa institución es: aquí se permite.

 

Cuando se suman, una tras otra, instituciones y estructuras con el mismo mensaje, se hace imposible el ejercicio de la administración pública eficaz. Por eso la situación de Veracruz, Chiapas o la Ciudad de México no puede ser una sorpresa.

 

Se trata de administraciones públicas que han permitido por años la promoción de intereses privados. Gobiernos en donde la norma es la impunidad, es decir, la ausencia de consecuencias jurídicas por actos ilegales en el ejercicio del servicio al público. En gobiernos como los antes mencionados, la vigilancia se aplica sólo a quienes resultan incómodos y el control sólo se da como herramienta política. Imposible que una administración pública funcione bajo esos principios.

 

El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que se está construyendo pretende hacer normales y permanentes un conjunto de mecanismos de vigilancia y control que envíen un nuevo mensaje: En el servicio público sólo se permite servir al público.

 

@MaxKaiser75

@OpinionLSR

 

* Max Kaiser es Director de Anticorrupción del IMCO.

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