Opinión

Sin reglas para el reparto de dinero

Se requiere mucho más que la mera voluntad o el compromiso personal para erradicar el lucro con la necesidad de la gente. | Agustín Castilla

  • 31/10/2019
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Se ha discutido mucho sobre la efectividad que tendrán los nuevos programas sociales impulsados por este gobierno -y que en algunos casos han remplazado a algunos otros que habían sido bien evaluados- así como la decisión del presidente López Obrador de optar por las transferencias directas de recursos, para lograr la disminución de los niveles de pobreza y cerrar la enorme brecha de desigualdad que lamentablemente prevalece en nuestro país.

Un caso paradigmático lo representa el programa de estancias infantiles que beneficiaba aproximadamente a 326 mil niñas y niños quienes además de contar con un espacio en el que los cuidaban mientras sus mamás iban a trabajar, también se les proporcionaba educación, una nutrición adecuada y la posibilidad de convivir con otros niños.

De acuerdo con diversas evaluaciones realizadas a lo largo de sus 12 años de existencia por Coneval, la Auditoría Superior de la Federación o el Instituto Nacional de Nutrición, este programa generaba un impacto positivo en su salud física así como en su salud mental, en su desarrollo motriz, en el desarrollo del lenguaje y en sus habilidades sociales sobre todo en la primera infancia, además de que promovía la participación en el mercado laboral de mujeres de escasos recursos. Sin embargo, se tomó la decisión de eliminarlo y otorgar el dinero a las madres trabajadoras -que se redujo de 950 a 800 pesos mensuales- para que ellas resuelvan su problema como consideren mejor sin tener siquiera que acreditar en qué utilizaron el dinero.

Otro ejemplo es el del programa Prospera que fue sustituido por el de becas para el bienestar Benito Juárez, que perdió dos componentes muy importantes pues además del apoyo para educación, se contemplaban también los aspectos alimentario y de salud que fueron suprimidos y, al igual que en el caso anterior, actualmente tampoco se requiere demostrar que los beneficiarios efectivamente asisten a la escuela. Es decir, cuando menos en estos dos casos, pareciera que la política social del actual gobierno tiene mayores limitaciones para proporcionar un apoyo efectivo a los grupos sociales a los que está enfocada, y por el contrario, se incrementa el riesgo de que se reproduzcan prácticas clientelares que, con razón, fueron severamente criticadas por quienes hace apenas un año eran oposición.

Ante este panorama, diversas organizaciones sociales como México Evalúa, el IMCO, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, el Centro de Estudios Espinoza Iglesias o México Unido Contra la Delincuencia, alertaron que en el proyecto de presupuesto para 2020 se tiene contemplada la aprobación de 402 mil millones de pesos en programas que no están obligados a contar con reglas de operación, con lo que difícilmente se podrá cumplir con lo ordenado por el artículo 134 constitucional en el sentido de que los recursos públicos deben administrarse con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. Señalan que además de que la ausencia de estas reglas entorpece el proceso de planeación, la operación así como la evaluación y rendición de cuentas de los programas, abre la puerta a su manejo discrecional o político pasando a segundo término el bienestar social.

Para no ir más lejos, ya se han presentado diversas denuncias por parte de integrantes del mismo partido gobernante, en las que acusan la utilización de recursos públicos con el propósito de incidir en el resultado de la elección interna de Morena para la renovación de su dirigencia nacional, lo que  demuestra que se requiere mucho más que la mera voluntad o el compromiso personal -así sea del presidente- para erradicar el lucro con la necesidad de la gente, que constituye quizá una de las formas más comunes pero también de los rostros más inhumanos de la corrupción.

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