¿En qué país del mundo los obreros tienen que hacer protestas, y hasta demandar legalmente ante las autoridades laborales para que les “autoricen” la renuncia a un sindicato? ¿A caso los sindicatos son como una cárcel que impide a los obreros salir de allí? en México sí.
Algunos gobernantes son capaces de meter a prisión a aquellos que reclamen tremenda osadía como a la abogada Susana Prieto Terrazas, a la cual mantienen tras las rejas sin derecho a fianza por órdenes del gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, empresario de filiación panista, de ese partido de la bandera azul.
Al gobernador panista le pareció un abuso que 400 trabajadores de la empresa Tridonex (maquiladora productora de autopartes) el martes 10 de marzo se atrevieran a reclamar el respeto a organizarse sindicalmente, en una de las oficinas (de su gobierno), en las que controla la llamada “justicia laboral”, la junta de conciliación y arbitraje.
Los obreros se pararon gritando ¡libertad sindical! ¡libertad sindical! en las instalaciones de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, ubicada en la Ciudad de Matamoros, pero lo más grave (para los funcionarios) fue que los acompañara la abogada Susana Prieto y avalara ese atrevido reclamo.
El “delito obrero” fue exigirle a las autoridades “autorizar” la renuncia al Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros donde regentea el “líder” sindical Jesús Mendoza (ese que llamó ente diabólico a la abogada Susana Prieto), para poder ingresar al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios formado a raíz del movimiento 20/32 por mejoras salariales.
El gobernador García Cabeza de Vaca, formado en la Houston Baptist University, dio la orden de proceder penalmente en contra de la abogada Susana Prieto Terrazas ante el reclamo de empresarios y líderes sindicales que no están dispuestos a permitir que los obreros enarbolen demandas de libertad sindical y menos en la tierra de la maquila donde se exige sumisión.
Los sabios del derecho penal de la zona tamaulipeca se encerraron para buscar en todos los entuertos jurídicos cómo poner un hasta aquí a la abogada Susana Prieto a la que siguen obreros por todos lados.
Uno de esos sabios del derecho se levantó y dijo: ¡Asonada! ¡Motín! y presumió el artículo 154 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas (que parece código de guerra contra los movimientos sociales):
“Cometen el delito de asonada o motín los que para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación”.
En la reunión de estos juristas de piso plano, uno de ellos dijo:
-No podemos permitir que nos vengan a reclamar renunciar a los sindicatos del buen portar, de manera tumultuaria (¡!) eso es perturbación del orden público (¡!).
La abogada Susana Prieto al momento de su detención y ejecución de la orden de aprehensión, el 8 de junio pasado, no le hicieron saber sus derechos. Le dijeron que la llevarían a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas, pero estuvo incomunicada por varias horas y a pesar de ello el juez de control la vinculó a proceso sin derecho a fianza.
Seguro como vamos en la próxima ocasión que se intente una protesta, las autoridades tamaulipecas condicionarán que cuando los obreros de la maquila quieran exigir respeto a su libertad sindical, vayan de uno en uno, (y de preferencia con la cabeza baja) para que no se moleste el gobernador (ni los maquiladores).
¿Qué futuro tendrá la reforma laboral que busca poner a los trabajadores como actores principales en las decisiones sobre sus salarios, prestaciones y dirigencias sindicales con gobernantes aferrados al control obrero?
En esa reunión de juristas tamaulipecos sacaron otra joya antisindical, uno gritó: ¡alteración de la paz!, ¡ese delito es justo para esa abogada incontrolable que quiere sindicatos libres!
En la orden de aprehensión que maquinaron por órdenes superiores, sumaron el delito de amenazas contenido en el artículo 305 del código penal tamaulipeco:
“Comete el delito al que se refiere este capítulo el que por cualquier medio:
I.- Altere la paz de una persona moral o institución bajo la amenaza de causar un daño o destrucción de sus bienes o personas que en ellas se encuentran aun cuando ésta amenaza resulte falsa”.
También sumaron el delito de “Coacción de particulares” agazapado en el artículo 181 del código mencionado:
“Se impondrá sanción de uno a dos años de prisión y multa de treinta a cuarenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al que empleando la fuerza, el amago, la amenaza, o el engaño se oponga a que la autoridad o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista el cumplimiento de un mandato legítimo cuya ejecución se realice en forma legal”.
Lo que parece indebido y hasta insensato para las autoridades tamaulipecas es que la abogada Susana Prieto se atreviera a:
“…movilizar esta gente con la intención de que la Junta resolviera fuera de tiempo y amenazada a dar una determinación y coaccionando a ello que era aceptar al nuevo agremiado de los sindicatos” como lo confesó el flamante fiscal general de justicia del estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica.
Gobernantes pequeños como el de Tamaulipas, que todavía viven en los tiempos de las cavernas, poco ayudan tomando como asidero el invento de delitos para detener la protesta obrera.
Mantener presa a la abogada Susana Prieto Terrazas, es un signo de la sinrazón de nuestros tiempos, una vergüenza que envilece a los gobernantes alarmados por el despertar obrero.