Tal como se había especulado, el Congreso no aprobará en este periodo ordinario las leyes secundarias de las reformas constitucionales aprobadas el año pasado. Las tres más importantes: la energética, la de telecomunicaciones y la político-electoral, no verán la luz en este periodo ordinario. El plazo fijado constitucionalmente para la aprobación de las cuatro leyes secundarias que regularán la reforma político-electoral es, justamente, el próximo miércoles. Constituye un hecho grave y de relevancia nacional el que los señores legisladores incumplan con los plazos establecidos para realizar su trabajo, más aún cuando son ellos los que los establecen. No existe ningún mecanismo por el que los ciudadanos podamos exigirle cuentas a nuestros legisladores que incumplen con el trabajo que tienen encomendado y que tiene enormes repercusiones en todo el país.
El caso de la reforma político-electoral es más grave aún. Si bien es cierto en uno de los transitorios se previó la graciosa salida para el incumplimiento de los legisladores, que el Instituto Nacional Electoral, en caso de no aprobarse las leyes secundarias en tiempo y forma, siguiera operando con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), el escenario en que debería estar funcionado el nuevo organismo electoral tendría que ser distinto. Es decir, por el incumplimiento del Legislativo, el recién creado Instituto Nacional Electoral tiene que aplicar una norma con claras contradicciones con la reforma constitucional en esa materia. Empecemos con las obvias: el COFIPE regula la conformación de un Consejo General integrado por nueve consejeros electorales, no por once. Esa ley dispone las comisiones en las que debe dividirse el trabajo en ese órgano electoral y su conformación, determina que estarán integradas por tres consejeros electorales y que la presidencia de éstas será rotativa, no es lo mismo integrar las comisiones por tres consejeros cuando el número total son nueve a cuando son once.
La cuestión se agrava en materia de fiscalización de los recursos de los partidos y agrupaciones políticas. La reforma constitucional prevé una fiscalización nacional dirigida o realizada de forma directa por el INE, según se defina en las leyes secundarias. Lo anterior es un cambio de fondo que no puede ser atajado con el COFIPE porque, entre otras cosas, en éste se prevé una Unidad Técnica de Fiscalización que tendrá que modificarse sustancialmente en virtud de que la reforma constitucional establece que las leyes secundarias determinarán las atribuciones del Consejo General en esta materia así como los órganos técnicos dependientes del Consejo General para llevar a cabo esta tarea. Al día de hoy, la Unidad de Fiscalización cuenta con autonomía técnica para el ejercicio de sus funciones las que se restringen a la fiscalización federal de los recursos de partidos y agrupaciones políticas. ¿Cómo entonces, con fundamento en el COFIPE, el INE llevará a cabo la fiscalización a nivel nacional?
Lo mismo ocurre con el Servicio Profesional Electoral Nacional. El Instituto Nacional Electoral poco puede hacer, con fundamento en el COFIPE, para llevar a cabo la conformación de un servicio profesional en todo el país, con base en una norma que regula en servicio profesional a nivel federal. El COFIPE tampoco regula ningún tipo de relación del INE con los Consejos Generales de las entidades federativas ¿Bajo qué premisa operará esta relación?
El COFIPE establece que los procesos electorales inician en el mes de octubre del año anterior a la elección, lo que ocurrirá este año. La reforma constitucional modifica la fecha de la jornada electoral y, por tanto, el inicio del proceso electoral, por lo que tampoco resulta aplicable el código vigente en esta cuestión. La regulación de las candidaturas independientes es un tema ausente en el COFIPE, así como la organización de los procesos internos de los partidos políticos a cargo de la autoridad electoral. Si en este momento se presentara una solicitud por parte de algún partido político, el INE tendría que organizarlo y llevarlo a cabo a golpe de reglamentos internos aprobados por el Consejo General. Muchos son los temas que no encuentran regulación en el COFIPE y que, sin duda alguna, complicarán la puesta en marcha del nuevo modelo político-electoral diseñado por la Constitución.
Las estructuras, atribuciones y funciones establecidas en el COFIPE para el Instituto Federal Electoral son y deben distintas a las del INE, de otro modo, el sentido de la reforma constitucional de reduce a un mero capricho de los partidos políticos.
El país y sus instituciones no pueden verse secuestrados por los incumplimientos de un puñado de servidores públicos. La imposibilidad de analizar, discutir y aprobar en tiempo y forma las leyes secundarias de las reformas constitucionales y hacerlo con transparencia y de cara a los ciudadanos, es algo que debe poner en la discusión diversos temas en torno a nuestro poder legislativo. Una de ellas, sin duda, el tamaño de nuestro Congreso. ¿Son necesarios 628 legisladores en el Congreso de la Unión? Me parece que no. ¿Son suficientes los plazos ordinarios de sesiones para el desarrollo de sus tareas? La respuesta es clara: NO. Las sesiones ordinarias de las cámaras duran, en todo un año, sólo seis meses. Los otros seis meses, además de la Comisión Permanente, poco sabemos del cumplimiento de las funciones encomendadas a los legisladores. Lo anterior tiene como consecuencia que, con seis meses de trabajo al año, unos pocos días de la semana, de martes a jueves, no puedan concluirse en los tiempos determinados para ello, la aprobación de los temas prioritarios para el país.
En una entrevista la diputada Ruth Zavaleta señalaba que los legisladores no pueden estar paralizados esperando a que lleguen las iniciativas por parte del Ejecutivo, que deben seguir trabajando, estudiando los temas, realizando reuniones, conociendo la opinión de los expertos y, algo con lo que coincido totalmente, que los periodos ordinarios de sesiones en el Congreso de la Unión, deben alargarse. Pareciera que el Congreso se sume en una profunda parálisis hasta el inicio de cada periodo ordinario de sesiones y éstos resultan insuficientes para cumplir, en tiempo y forma, con las atribuciones a cargo del Congreso de la Unión.
@C_Humphrey_J