Opinión

Sin brindar certeza

El Comité del SNA rechazo el exhorto para que el Gobierno Federal informe sobre la adquisición de Pegasus.

  • 09/07/2017
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La ciudadanización de las instituciones fue un proceso que se implementó para dar certeza y confianza a aquellas entidades públicas que, por su naturaleza, requerían otorgarles certidumbre para determinadas funciones de Estado, como la electoral o la de información. Así nacieron el INE y el INAI.

Hoy el Sistema Nacional Anticorrupción nace con 4 años de retraso, un cúmulo de asuntos inmorales de corrupción, que invade la presente administración y una mayoría de las administraciones de las Entidades Federativas invadidas de este mal, lo que verdaderamente se constituye como un asunto de seguridad nacional.

Esto significa que trasciende no solo a asuntos del campo político, sino del campo económico, quizás el más vulnerado por el impacto en las finanzas públicas que representa, así como el campo social, en quien recae el daño moral.

Esto sale a relucir por el rechazo que hizo el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción al exhorto para que el Gobierno Federal informe sobre la adquisición y uso del programa Pegasus, con el que presuntamente fueron espiados periodistas y activistas y defensores de derechos humanos.

Con cinco votos en contra, el Comité integrado por la titular de la Función Pública Arely Gómez González, quien tiene interés jurídico en el tema por haber sido titular de la Procuraduría General de la República, en su calidad de usuaria y beneficiaria de la información obtenida por el uso del programa y quien debió de abstenerse de participar en la votación citada.

Además, este Comité está integrado por el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, así como por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el ex senador priísta Carlos Chaurand Arzate, cuyos argumentos caen en la subjetividad para el razonamiento del sentido de su voto, en lo que más bien pareciera que, el fin del sentido de su voto es el de no molestar al Ejecutivo Federal y sus instituciones.

Pérez Daza dijo que no era posible aprobar dicho exhorto, porque el caso debe ser investigado primero, por las autoridades competentes. Efectivamente, el caso se supone que está siendo investigado, pero la resolución del citado Comité no produce vinculación jurídica a las investigaciones que hace el Ministerio Público. Por su parte, Chaurand Arzate dijo que las autoridades deben investigar sólo si se confirma que existe delito por perseguir, porque según sus argumentos, no está probado ante nadie. Lo anterior, así como invocar a la seguridad nacional como argumento, para negar información o reservarla por años. Es lo mismo para negar el exhorto, en un abuso del concepto de seguridad nacional.

Estas opiniones no abonan a la democracia ni a la gobernabilidad en el país, sobre todo cuando se trata de actos, como el espionaje, que por su naturaleza dependen de la tutela y responsabilidad del Estado mexicano.

Esto no trae buenas noticias para un debilitado y vulnerado campo económico y social del poder mexicano, ya que podría garantizar que, cada vez que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sesione para discutir un tema de corrupción, se omitan asuntos que por su trascendencia deben ser abordados por la instancia anticorrupción, pero que por su interés político no prosperará para llevar a la justicia a quien resulte responsable.

La falta de argumentación del sentido del voto de Arely Gómez y el razonamiento de Pérez Daza y Chaurand Arzate, no corresponde al espíritu de justicia que persigue el ciudadano, cuando el sentir social está ofendido y agraviado por haber transgredido diversos bienes jurídicos que tutelan los derechos a la seguridad, a la privacidad y a la legalidad, en el caso del espionaje citado.

No son los derechos de las personas, en lo individual, lo que se persigue sancionar su violación; sino que, en lo colectivo, se trata de la seguridad, la privacidad, el carácter legal de los actos del individuo frente al Estado como rector de la función de seguridad, entre otros muchos bienes, lo que verdaderamente está en riesgo.

@racevesj




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