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#SiemprePorEllas

El galardón #SiemprePorEllas reconoce la labor de familiares de víctimas de feminicidio u otras acciones violentas a fin de reactivar sus casos. | Leonardo Bastida

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Escrito en OPINIÓN el

¡Feliz cumpleaños! fueron las primeras palabras pronunciadas por Irinea Buendía el 25 de marzo de 2015, día en que su hija, Mariana Lima, cumpliría 34 años, pero desafortunadamente ya llevaba casi cinco años de haber sido asesinada. Ese día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaba por la necesidad de revisar su caso, y por primera vez en la historia, emitía una serie de recomendaciones para investigar los casos de feminicidio.

La sentencia recibió el nombre de Mariana Lima, convirtiéndose en un referente en materia de feminicidio y de acceso a la justicia para las mujeres. El primer caso revisado bajo dicha perspectiva fue el de la propia Mariana, hallada muerta la mañana del 29 de junio de 2010 por su madre y hermanos, en el domicilio que compartía con su esposo, el policía judicial de la entidad, Julio César Hernández Ballinas, quien la asesinó el día que ella decidió abandonarlo por las constantes agresiones físicas que sufría a manos de él.

Debido a la serie de inconsistencias existentes en la primera investigación, como el establecer que ella se había suicidado, provocó que Irinea nunca creyera en la versión oficial y la cuestionará ampliamente hasta que logró la revisión del caso para constatar lo que siempre había pensado, las autoridades protegían al agresor, quien, por cierto, a pesar de llevar varios años en prisión, aún está a la espera de una sentencia condenatoria. 

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Sin importarle, la periodista Soledad Jarquín irrumpió en el salón donde se llevaba a cabo la comparecencia de Rubén Vasconcelos Méndez, titular de la Secretaría de Bienestar de Oaxaca, en enero pasado, para recordarle al funcionario que por sus malos procedimientos cuando era fiscal general de la entidad oaxaqueña, los asesinos de su hija habían sido liberados por fallas en el proceso, y por eso, exigía su procesamiento judicial por omisiones y malas prácticas. 

Aún muy joven, en 2017, María del Sol Cruz Jarquín comenzó a trabajar en la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas de la entidad como fotógrafa. Meses después fue nombrada como jefa del Departamento de Comunicación. En abril de 2018, el titular de la dependencia, Francisco Montero López le indica que, como parte de sus actividades, apoyará en las tareas de comunicación de la campaña de su hermano Hageo Montero López, aspirante a la alcaldía de Juchitán de Zaragoza, y quien después fungió como regidor.

En la ciudad istmeña, el convoy en el que viajaba María del Sol, junto con Pamela Terán y Adelfo Guerra fue atacado durante la madrugada, en la víspera de los comicios electorales. Ella y Pamela perdieron la vida. Sol no quería participar en la campaña, pero si se negaba a hacerlo, sería despedida, como se lo advirtió el director de la dependencia donde laboraba. 

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Más de 20 días acampando en la plancha del Zócalo capitalino, fue el costo pagado por Lidia Florencio para poder hablar con una autoridad federal sobre el caso del feminicidio de su hija, Diana Velázquez, quien el dos de junio de 2017 salió de su casa, en Chimalhuacán, Estado de México, y nunca más regresó. Pocos días después de su desaparición, su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío, con visibles huellas de violencia sexual.

Romper el cerco sanitario impuesto por las autoridades de salud del país ante la pandemia provocada por covid19 e ir a exigir justicia al corazón de la capital mexicana fueron el resultado de más de tres años de inacción por parte de las autoridades para encontrar a los feminicidas de Diana. Una acción pendiente, si se toma en cuenta que hasta el momento sólo se ha aprehendido a uno de los dos posibles autores del crimen.

En enero pasado, cuando se sentenció a uno de los implicados, Lidia consideró que era “un acto de justicia a medias”, pues se sabe que aquella lejana mañana fueron dos sujetos en un mototaxi, quienes agredieron y ultimaron a su hija. También aseguró que si hay una persona purgando su pena en prisión es por que ella y otras personas han desarrollado la mayoría de las investigaciones. 

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Estas son tres historias de mujeres que han enfrentado la situación de perder a sus hijas como consecuencia de la violencia de género, de la impunidad y de todo un aparato que permite vulnerar sus cuerpos y sus vidas. 

Otras dos mujeres que han enfrentado situaciones similares, María Antonia Márquez, en el Estado de México, y Norma Andrade, en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuyas hijas fueron asesinadas hace más de 15 años, en conjunto con el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, crearon el galardón #SiemprePorEllas para reconocer la labor de familiares de víctimas de feminicidio u otras acciones violentas a fin de reactivar sus casos, volverlos a visibilizar públicamente, reflexionar sobre su estrategia jurídica y su implicación en materia de derechos humanos y hacer un llamado al Estado mexicano para no olvidarse de los miles de feminicidios u actos de violencia contra las mujeres que no han sido esclarecidos. 

#SiemprePorEllas recuerda a Lilia Alejandra, asesinada en Ciudad Juárez el 14 de febrero de 2001 y a Nadia Muciño, también asesinada el 12 de febrero de 2004 en Cuautitlán Izcalli; a Mariana Lima, a Diana Velázquez, a Sol Cruz y a muchas otras mujeres, cuyas vidas fueron truncadas, pero su legado es que a través de sus casos, se construya una mejor sociedad para las mujeres.