Es incuestionable que la desconfianza ciudadana hacia los políticos de cualquier signo partidista ha venido creciendo de manera importante en los últimos años, lo que seguramente tendrá un impacto en las elecciones en curso.
A ello hay que sumarle la manifiesta preocupación por conocer los antecedentes de quienes aspiran a representarnos o asumir funciones de gobierno, después de que se acreditaron los estrechos vínculos del presidente municipal de Iguala con organizaciones criminales y la revelación de graves conflictos de interés de funcionarios y familiares con empresarios del sector inmobiliario.
Y no es para menos pues en este año estarán en juego las 500 diputaciones federales, 9 gubernaturas, 993 alcaldías, 16 jefaturas delegacionales y 641 diputaciones locales, por lo que el número de candidatos que serán registrados por los 10 partidos políticos nacionales así como por los que cuentan con registro a nivel local es enorme.
Sin embargo, no se advierten acciones concretas derivadas de los pronunciamientos que el gobierno federal y los partidos han hecho para blindar a los candidatos, y no es mucho lo que debemos esperar.
Por un lado es difícil pretender que en unas cuantas semanas la PGR o el CISEN investiguen a miles de aspirantes -además de que la experiencia reciente nos dice que la información con la que cuentan no ha sido utilizada para este propósito-, y lo más probable es que la oposición ponga en duda su imparcialidad. Incluso, en el extremo se ha llegado a plantear que sea el INE quien investigue los antecedentes de los candidatos, siendo que únicamente tiene facultades para revisar que cumplan con los requisitos de elegibilidad.
En lo que respecta a los partidos políticos, que debían ser los principales interesados en cuidar la postulación de sus candidatos, han dado sobradas muestras de que su prioridad es ganar sin importar mucho como o con quien.
Por ello, la campaña #3de3 impulsada por Transparencia Mexicana, a la que se han sumado otras organizaciones como Fundar, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y algunos legisladores del PAN y PRD, representa una interesante respuesta por parte de la sociedad civil organizada ante un tema tan relevante.
Esta campaña consiste en solicitar a los candidatos que antes de pedir el voto, demuestren su compromiso con la transparencia y presenten tres declaraciones: La patrimonial, la de intereses y la de impuestos. Lo que se busca es que los ciudadanos contemos con mayor información sobre quiénes son los candidatos, cuánto ganan, cuál es su patrimonio, en qué sectores tienen inversiones o vínculos cercanos y si han cumplido con su obligación de pagar impuestos.
Ésta no es más que una de las muchas medidas que se requieren para disminuir el riesgo de que accedan a los cargos públicos personas con antecedentes y relaciones poco claras o inconvenientes, y que la ciudadanía tenga más elementos para decidir su voto y dar seguimiento al desempeño de los funcionarios públicos, pero sin duda es una valiosa iniciativa que de nuevo coloca a la sociedad civil un paso adelante de nuestra atribulada clase política.