A lo largo de los primeros 15 meses de gobierno, el presidente mexicano ha descalificado todo lo ocurrido en sexenios anteriores.
Según López Obrador, todos los errores de su gestión, son culpa del pasado y de los “neoliberales”, como llama a los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña.
Más aún, para descalificar a la Marcha por la Paz, que el pasado fin de semana encabezaron Javier Sicilia y Julián LeBarón, el presidente mexicano pareció tener razón, por lo menos de manera parcial.
Dijo que en los gobiernos pasados, refiriéndose al sexenio de Calderón, no se hacía justicia y que tanto Sicilia como LeBarón “se callaron como momias” sin criticar los malos manejos de Genaro García Luna.
La declaración es falsa, ya que tanto Sicilia como LeBarón siempre han criticado la ineficacia oficial en la lucha contra el crimen.
Lo que parcialmente es cierto es que en el pasado muchos políticos y líderes nunca fueron sancionados con todo el peso de la ley.
Y, curiosamente, uno de ellos se llama Andrés Manuel López Obrador, quien por pura casualidad, hoy es el presidente de los mexicanos.
¿Torció la ley López Obrador?
En efecto, si se hubiese aplicado la ley, a secas, López Obrador se habría pasado muchos años en prisión por la toma de pozos petroleros en Tabasco, no habría llegado al gobierno del entonces Distrito Federal y podría haber ido a prisión por el sobrecosto de los Segundos Pisos.
Pero vamos por partes.
En febrero de 1996, como parte de sus protestas contra el supuesto fraude que le hizo perder la elección al gobierno de Tabasco, López Obrador encabezó a cientos de personas para llevar a cabo “la toma” de medio centenar de pozos petroleros, en su natal Tabasco.
Era una protesta diseñada para provocar que el gobierno federal lanzara la fuerza pública en su contra, lo cual ocurrió sólo en uno de los pozos, en donde la refriega entre policías y manifestantes, dejó lesionado al propio Obrador, a causa de una piedra que le golpeó la cabeza.
El daño económico, sin embargo, fue mayúsculo y el líder opositor –en estricto apego a derecho–, debió pasar años en prisión ya que obstaculizó nada más y nada menos que instalaciones estratégicas.
¿Y entonces qué fue lo que pasó?
Poca cosa, que apareció la política, “el toma y daca” y, meses después, López Obrador no sólo resultó perdonado por el presidente en turno, Ernesto Zedillo, sino que se ganó “el premio gordo” de la Lotería.
El 3 de junio de 1996 López Obrador ya era candidato a la presidencia del PRD y en un discurso en el pueblo de Misantla, Veracruz, denunció un supuesto complot contra el presidente Zedillo. Por eso, llamó a los mexicanos a “cerrar filas” en torno al mandatario y propuso apoyarlo, “ante cualquier acción contra las instituciones”.
De esa manera se tejió una impensable alianza entre el presidente más neoliberal, Ernesto Zedillo, y el líder partidista dizque más antiliberal, López Obrador. Pero la historia no termina ahí.
Esa alianza dio los frutos más apetitosos cuando rumbo a la elección del año 2000, López Obrador se apodera de la candidatura para jefe de gobierno del Distrito Federal.
¿Pero qué creen?
Que si bien Obrador tenía el aval de todo el perredismo, lo cierto es que era ilegal su aspiración a ser candidato del entonces DF.
¿Por qué ilegal?
Porque Obrador no cumplía con el requisito de residencia en la capital del país. Más aún, su credencial de elector tenía la dirección de Tabasco, estado que pretendió gobernar en dos ocasiones.
Y entonces apareció otra ilegalidad.
Por razones hasta hoy inexplicables, el Instituto Electoral del DF sí le otorgó el registro como candidato, a pesar de que no cumplía los requisitos. Otra vez la mano amiga de Zedillo.
Luego vinieron escándalos como los del predio El Encino, en donde Vicente Fox intentó llevar a prisión a Obrador y los sobrecostos del Segundo Piso del Periférico, que AMLO ocultó y nunca se revelaron.
Y sí, tiene razón el presidente mexicano. Si existiese justicia real en México, López Obrador no sería presidente.
Al tiempo.