Hace tres días en Guatemala sucedió algo que parecía imposible, particularmente en el régimen de políticos corruptos como es regla en América Latina y casi en todo el mundo. Por unanimidad de votos de los diputados presentes en la sesión del Congreso de la República, 132 votos, se aprobó retirar la inmunidad al presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina.
Al día siguiente, la Corte de Constitucionalidad le negó dos amparos provisionales presentados por su defensa y con esto, el inicio del proceso penal en contra del presidente es un hecho. Los delitos que se le imputan a Pérez Molina son tres: Asociación ilícita, defraudación tributaria y cohecho pasivo.
En la madrugada del día de ayer, el presidente presentó su renuncia ante el Congreso de la República y, por la mañana, se presentó a rendir su declaración inicial en el edificio de los tribunales. A la una de la tarde, el Congreso aceptaba la renuncia del presidente y tomaba protesta al vicepresidente, Alejandro Maldonado, para asumir el cargo de presidente de Guatemala. Maldonado deberá presentar una terna al Congreso para que este elija al vicepresidente de la República.
La lección que dio Guatemala a este continente tiene diversas aristas. La primera y la más importante es que nadie está por encima de la justicia. Ante los señalamientos de corrupción, malversación de fondos, defraudación fiscal, beneficios ilegales, obras asignadas de forma ilícita, y como consecuencia de ello, políticos llenándose los bolsillos a costa de los ciudadanos, para México, menos que para ninguno, es un caso extraño o constituye una novedad. Esa historia se repite todos los días. La diferencia está en la actuación de sus autoridades.
En segundo lugar, un Congreso con altura que determina desaforar al mandatario del país para que afrente los delitos y faltas que se le imputan, mismos por los que la ex vicepresidenta de este mismo gobierno ya se encuentra en prisión. Un Congreso que asume su responsabilidad, que valora las pruebas y las investigaciones realizadas y además de tener los elementos suficientes para retirar la inmunidad al presidente, es sensible a los reclamos de la ciudadanía.
Impensable que en México suceda algo parecido. Nuestros ojos no lo verán. Las ligas de corrupción entre los políticos que integran los poderes del Estado se traducen en beneficio de sus intereses personales; son socios en diversos negocios; reciben dinero de concesiones, contratos y obras que ayudan a gestionar fuera de la norma; trafican influencias; legislan a voluntad para favorecer a amigos, clientes o para fondear sus futuras candidaturas. Esta realidad que se impone todos los días hace imposible pensar en un escenario similar al de ese país.
En México la corrupción paga y paga bien. La intención de criticar suavemente al adversario, previo acuerdo con él, de vender sus votos a cambio de dinero o favores, de no ver más allá de sus finanzas y proyectos personales es redituable en cargos, puestos, negocios y un sin fin de consecuencias favorables para los corruptos.
Hace unas semanas, en una comida a la que asistí, se comentaba con desilusión el rumbo que desde hace algunos años toma el país en el que la capacidad, el esfuerzo y el trabajo no son lo que te lleva conseguir un buen empleo en el que, con base en el mérito personal puedas ir ascendiendo. Lo que se privilegia son las relaciones, los conocidos, los favores que puedes hacer o que se vale cobrar, los beneficios que derives para otro desde un cargo público. La honestidad es un valor desconocido para nuestros políticos.
México no tiene políticos que vean por México. México tiene políticos a los que se corrompe con la mayor facilidad. En México no se aplica la ley ante la corrupción. La ciudadanía mexicana no exige cuentas ni hace pagar a los corruptos por su actuación. Ni los ciudadanos ni la ley les merecen en menor respeto a estos devaluados funcionarios públicos.
Hoy Guatemala constituye un referente claro para Latinoamérica, ni el funcionario de más alto nivel puede escapar a la acción de la justicia. Con un escenario como el ocurrido en Guatemala esta semana, con certeza muchos funcionarios pensarán dos veces antes de incorporarse a las redes de la corrupción. Sin duda alguna, lo harán por temor, no por un auténtico interés en el bienestar del país o en el de sus ciudadanos.
Llegó la hora de Guatemala y espero que, en algún momento, llegue la hora para nuestro pobre país. Los cambios no sucederán a partir de reformas legales porque los primeros en evitarlas son los encargados de aprobarlas. La ciudadanía está a cargo de presionar y movilizar para que se realicen estos cambios y dejemos de estar regidos por políticos manchados con la corrupción.
Mientras eso sucede en Guatemala, en México, se presenta el tercer “Informe de Gobierno” por el ejecutivo rodeado de toda la pompa inútil para intentar cumplir, de mala forma, con un principio elemental para cualquier democracia, la rendición de cuentas. Así de abismales las diferencias entre ambos países.