La reciente renuncia del Procurador General de la República, el despido del Fiscal Especial en materia de Delitos Electorales y la falta del Fiscal Anticorrupción han debilitado a la PGR de tal forma que están provocando una crisis institucional en el peor momento posible: en vísperas de elecciones, ante el inminente cambio de la Administración Federal y ante casos muy sonados de corrupción. En esta coyuntura se vuelve indispensable tener instituciones fuertes que permitan asegurar un cambio de gobierno sin sobresaltos por lo que esperamos se resuelva pronto dicha problemática.
En el fondo de esta crisis en la PGR está el tema de la independencia de los funcionarios que ocupen los puestos antes mencionados. El procurador Cervantes no duró ni un año en el puesto, en el transcurso del cual, algunos críticos pusieron en duda su independencia del presidente de la República y por lo cual, argumentaban, no era un candidato viable para luego pasar a encabezar la nueva Fiscalía General de la República ya que se busca precisamente que quien la dirija pueda actuar de manera imparcial sin importar a quien afecte.
Los miembros del Congreso, quienes son responsables de nombrar a estos funcionarios, no se han puesto de acuerdo sobre las personas idóneas para cubrir los cargos en la PGR y también han afectado al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el cual sigue sin tener a todos sus integrantes, algunos de ellos clave, como el antes mencionado Fiscal Anticorrupción, los 18 magistrados anticorrupción y los titulares de órganos internos de control en organismos autónomos, entre otros. Además, se aproxima el cambio del Auditor Superior de la Federación, pieza clave en el SNA y es posible que también se pudiera entrampar el nombramiento de su sucesor.
Desafortunadamente el nombramiento de estos funcionarios depende de la aprobación del Congreso y está sujeto a negociaciones cupulares entre partidos políticos y con la Presidencia de la República. Si lo que se busca es que los nombrados tengan autonomía para ejercer sus funciones, difícilmente se logrará encontrar a las personas idóneas si dependen de una negociación política y no de sus propios méritos.
Y aquí está el problema. Los funcionarios que ocupen estos puestos no deben dar gusto a quienes los nombran sino a la población que van a servir. Si los criterios de selección no son aquellos que permitan escoger a las personas con el mejor perfil para desempeñar su trabajo, se corre el riesgo de que quienes lleguen a esos puestos carezcan de las capacidades necesarias y por tanto basen sus decisiones de trabajo en cuidar los apoyos políticos que los llevaron al cargo.
La actuación imparcial de las instituciones pasa por la independencia de los individuos que son parte de ellas. Es decir, los funcionarios que las integran deben mostrar que son capaces de tomar decisiones sin importar qué intereses afecten o a qué personajes toquen. Para ello deben tener no solo los conocimientos suficientes para desempeñar su puesto, sino procurar el bien general de la sociedad y no poner por delante los intereses de personas, grupos o partidos.
Desafortunadamente en la etapa en que nos encontramos de la evolución democrática de nuestro país, aún estamos lejos de tener estos funcionarios modelo. Aún no tenemos una democracia lo suficientemente madura que permita tener gobiernos más profesionales y aunque existe un servicio profesional de carrera, este no ha funcionado como debiera.
Recordemos que venimos de un sistema político en que todas las instituciones de Estado mexicano estaban sometidas a la voluntad del presidente de la República y su voluntad era acatada por todos los que participaban en este sistema, incluidos empresarios, sindicatos, y hasta las iglesias. Él podía disponer quien iba a ser candidato de elección popular lo cual, además, garantizaba el ser elegido al no existir una oposición viable. Por ello, la lealtad de todos los así nombrados no era hacia la población a la que se suponía debían servir, sino para cuidar los intereses del presidente en turno y su grupo. Este sistema tenía grietas y deficiencias, pero estuvo cerca de ser “la dictadura perfecta” como la caracterizó Vargas Llosa.
Con los avances hacia la democracia, hubo la ilusión de que habría algo más cercano al modelo teórico de gobierno que nos hemos dado y donde se podría contar con una verdadera independencia de los tres poderes, en donde los representantes populares estuvieran verdaderamente al servicio de sus representados y se tuvieran las demás bondades de un sistema democrático maduro. Pero aún no llegamos a esa etapa. El poder presidencial se debilitó, pero en su lugar ha surgido el poder de una pequeña élite política que dirige a los partidos o bien en algunos de ellos, en donde todas las decisiones se concentran en una persona.
¿Cómo hacer para que los funcionarios respondan al interés público, procuren el bien común y estén verdaderamente al servicio de la población y no de unos cuantos? Se ha intentado con la promulgación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera que tiene casi 15 años; se han creado cada vez más organismos constitucionalmente autónomos, buscando hacerlos más profesionales y desligarlos de los altibajos políticos. Sin embargo, en este último caso, mientras los integrantes de sus órganos de gobierno sean elegidos por un Congreso que vela más por los intereses partidistas y no los de la población, estos organismos carecerán de la independencia necesaria que requieren.
No hay soluciones fáciles para lograr que los funcionarios respondan a la población y no a sus padrinos políticos. Se podrían establecer métodos de selección rigurosamente meritocráticos, como por ejemplo los que se llevan a cabo para seleccionar comisionados en el Instituto Federal de Telecomunicaciones o en la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) (Aunque también han sido sujetos de críticas). En estos procesos se debería privilegiar la experiencia, los conocimientos, habilidades directivas y sobre todo la honestidad con que se han conducido en su vida profesional y evitar en lo posible que tengan conflictos de interés de cualquier tipo.
Un aspecto que ayuda a lograr la imparcialidad y garantizar la independencia es la transparencia y la rendición de cuentas en donde las decisiones se toman a la vista de todos. Otro buen ejemplo de esta transparencia son las sesiones de los comisionados de la COFECE que, si bien aún no se hacen públicas en tiempo real, por lo menos se pueden escuchar los audios de las mismas. Estos mecanismos se deberían aplicar a otras instituciones en donde se toman decisiones que afectan la vida del país.
Para que los gobiernos de nuestro país mejoren en su eficacia y eficiencia y disminuya la corrupción, los funcionarios deben de dejar de pensar en cómo favorecer sus intereses personales o los de sus familiares, amigos o los partidos a los que pertenecen. Para su nombramiento se deben encontrar criterios de selección imparciales que pongan a las mejores personas y se les debe exigir que actúen apegados a la Ley y en pro de la comunidad. Todo ello urge ponerlo en práctica en los puestos clave de la PGR y el Sistema Nacional Anticorrupción. También se debe revisar el funcionamiento de los servicios profesionales de carrera e implementarlos donde haga falta. Solo con funcionarios que pongan por delante los intereses de la sociedad será que mejoren los resultados del gobierno y disminuya la corrupción.
Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.