Opinión

Ser juez laboral en tiempos de crisis

En los 8 estados donde ha iniciado la reforma laboral, se han iniciado los concursos de las primeras plazas en esos importantes espacios. | Manuel Fuentes

  • 01/06/2021
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Uno de los cambios de mayor calado en la reforma laboral fue decretar la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Este proceso está en transición, mientras tanto viven una de sus mayores crisis por el congelamiento de su presupuesto y por el número excesivo de asuntos que aún cargan en ellas.

A las “Juntas” las han abandonado como a las hermanas malqueridas. Sin recursos ni personal suficiente. Hablan mal de ellas, las acusan de lentas y corruptas. Si llegan a filtrarse en la nueva estructura de los juzgados serán mal vistas por “sus malos antecedentes”. 

Sin embargo, el personal de las “Juntas” que opera en las 32 entidades del país está rebasado de trabajo. Con motivo del covid-19 varios trabajadores fallecieron y otros, por ser personal vulnerable aún opera desde casa. Las plazas no han sido repuestas. En muchos lugares del país operan al 30% por ciento de su capacidad y los nuevos juicios están señalando citas ¡para los primeros meses de 2023!

Los paganos de esta trama son los trabajadores que no ven para cuando se terminen sus juicios. A los actuarios les han quitado vehículos y no les otorgan el reembolso de sus pasajes para realizar su trabajo porque la austeridad va primero que la aplicación de la justicia.

Mientras la ineficacia de la justicia laboral permea, en todas partes nacen como esperanza los juzgados laborales de los que se dice, actuarán con prontitud en la solución de los conflictos laborales. La reforma laboral exige que los juzgadores estén presentes en las dos audiencias previstas:

a) La preliminar, que aprobará o rechazará las pruebas que hayan propuesto las partes; y 

b) La de Juicio, en la que se desahogarán las pruebas y se resolverá el caso.

Sin embargo, el proceso en el que se sostiene el actuar de los juzgados es desigual para los trabajadores. Su sistema operativo de pruebas es similar al de un juicio mercantil o civil y las pocas protecciones para los trabajadores fueron retiradas en la nueva reforma laboral

En este tipo de procesos se le da el mismo tratamiento al reclamo de una “letra de cambio”, que al reconocimiento de un riesgo de trabajo o al pago de la viuda que demanda la muerte de su esposo por accidente de trabajo. El carácter tutelar en el proceso laboral se vio reducido drásticamente. La teoría de la carga de la prueba que debe solventar el patrón está afectada por jurisprudencias que benefician a éste en perjuicio del trabajador.

Como si el trabajador tuviera la obligación de probar los dichos de su demanda, desde el inicio debe ofrecer pruebas sin saber los alegatos de su contraparte. Al trabajador se les obliga a ofrecer pruebas “a ciegas” porque no se sabe qué dirá su contraparte. En el anterior procedimiento la parte positiva era que primero el trabajador presentaba su demanda y el patrón la contestaba, esto ya desapareció. 

Los integrantes del poder judicial que participaron en la reforma laboral no aceptaron que se moviera un ápice del modelo procesal propuesto por ellos, que trata peor al trabajador que al patrón. De esta reforma donde operan los jueces laborales, los representantes patronales salieron victoriosos por las ventajas que ello les acarrea.

Una de las mayores resistencias del poder judicial federal fue oponerse a que se federalizara la justicia laboral, a pesar de que la legislación de trabajo tiene aplicación en todo el país.

Ahora tenemos jueces federales de primera y jueces laborales locales de segunda. A los primeros está previsto pagarles 130 mil pesos y a los segundos, en el mejor de los casos tendrán salarios que oscilan de los 50 mil hasta los 85 mil. 

La designación de jueces

En los 8 estados donde ha iniciado la reforma laboral (Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tabasco, Chiapas y Campeche), se han iniciado los concursos de las primeras plazas en esos importantes espacios.

Para conseguir que se ocuparan 45 plazas, primero participaron aproximadamente 2 mil 100 profesionistas, entre los que se encontraban casi 700 mujeres, y en la segunda convocatoria que todavía está en curso fueron admitidas 928 personas, y entre ellas casi 300 mujeres. Un promedio de 30% profesionistas mujeres, a pesar de que actualmente en la aplicación de la justicia laboral representan un poco más de 60%.

Quienes participan en los concursos para ser jueces se han encontrado con la severidad, sin derecho a apelación, para ser considerados elegibles. El sistema pide requisitos y no informa el motivo del rechazo. Incluso en el registro de la segunda etapa se incluyó como requisito señalar si tenían alguna condición que los hiciera vulnerables ante el temido covid-19, lo cual ha generado ante los participantes temor a ser excluidos. 

El 25 de mayo, un día antes del examen, hubo tres pláticas informativas, cuando un concursante preguntó respecto al sistema, le pidieron conseguir otra computadora. El profesional confesó que había adquirido el equipo para el concurso y decirle que buscara otro en menos de 24 horas, lo complicaba. 

El común denominador de las pláticas informativas fue el temor al uso de la plataforma, la cual para el registro solicitaba tres fotografías (de frente, lateral derecho a izquierdo), los participantes desconocían si las que enviaron estaban correctas y si el espacio para realizar el examen era el adecuado. 

Los concursantes expresaron la preocupación por los imprevistos que pudieran surgir durante el examen por la falta de energía eléctrica, falla en el servicio de internet, incluso si el ruido externo pudiera generar algún reporte de conducta deshonesta. Sin duda las condiciones en que se realizó el examen fueron generadoras de un alto estrés. Hay personas que mientras realizan el examen, el propio sistema los saca y no se sabe si eso operará en su contra. 

Quienes lograron ser admitidos deben sentirse victoriosos de haber pasado el primer filtro en el que casi dos terceras partes fueron rechazados. Ojalá quienes sean nombrados jueces tengan el conocimiento y la pericia que nuestra justicia laboral requiere, pero también debe existir el presupuesto suficiente. 

Se vive un proceso acelerado de importantes cambios de los que aún no se avizora un cambio en la justicia laboral. Demos el beneficio de la duda a este proceso. 

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