La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) afirmó en un comunicado las razones por las cuales el Ejecutivo Federal decidió dejar sin efecto, el fallo de licitación para la construcción del Tren de Alta Velocidad México–Querétaro.
Dice que en razón de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública, el Ejecutivo Federal instruyó a la SCT a reponer el procedimiento por el cual se había asignado su construcción a un consorcio de empresas chinas así como a las empresas mexicanas de Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas; de Juan Armando Hinojosa, empresario favorecido en el estado de México, y Olegario Vázquez Raña.
Esta decisión podría tener como consecuencia que proyectos como el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, sean observados por la opinión pública, bajo la sospecha que de un momento a otro, la SCT reciba la instrucción para reponer el procedimiento de licitación.
Es posible que en esta súbita decisión haya imperado la sensibilidad para comprender que despertaba sospechas y suspicacias, toda vez que los mejores contratos pudieran ser para los amigos o beneficiados del poder político, lo que afirma una vez más, que el sistema económico no está diseñado para beneficiar a la ciudadanía, sino a unos cuantos.
Cuando la sensibilidad es una propensión natural del hombre a dejarse llevar de los afectos, este momento no es el más idóneo para que el presidente de la República realice un viaje de estado a Asia. No lo es, cuando hace apenas unos días la ciudadanía dio una muestra de poder de convocatoria, cuando los padres de los jóvenes desaparecidos en Iguala marcharon junto con miles y miles de personas indignadas por estos hechos.
Este no sería el momento más oportuno para viajar, porque sería visto como una muestra de frivolidad y sólo para estrenar en su primer vuelo intercontinental al avión presidencial, en el que muy probablemente tenga todas las comodidades de la vida moderna y cuyos pasajeros pueden disfrutar de viandas internacionales y bebidas generosas, lejos muy lejos, de la frágil realidad mexicana.
La función de gobierno requiere de tolerancia y paciencia, no sólo de buena voluntad para gozar de las mieles del poder y parece que al procurador Murillo Karam y sus colaboradores la paciencia se les termina, cuando dice a los padres de los normalistas que “está cansado de tantos regaños”.
Esta misma sensibilidad gubernamental, es muy posible, la que está realizando el cálculo político para dosificar la información, y extender la crisis política, en vez de concluir con la presentación de los jóvenes. Es esta crisis la que vino a presumir la colusión de servidores públicos y cuyo modus operandi es señalado como desaparición forzada, penado por las leyes internacionales.
La sensibilidad es la que pudo haber señalado a Rogelio Ortega Martínez, como gobernador interino en sustitución de Ángel Aguirre Rivero, pero esa sensibilidad no valoró que el también académico tiene nexos, ideológicos principalmente, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y cuya simpatía es probable que no sea del agrado de los grupos subversivos de Guerrero, en el que la inteligencia mexicana no pueda advertir una crisis.
Esta sensibilidad es la que debería imperar para buscar a personajes de la clase política con sospecha de actividades irregulares y pedirles que se separen del cargo, como los señalamientos de que fue sujeta la senadora Iris Vianey Mendoza, perteneciente al Partido de la Revolución Democrática por cierto, quien fue señalada por José Luis Mireles de pertenecer a los Caballeros Templarios. Proclamar que acudirá y pedirá licencia a su cargo por un mes para presuntamente someterse a la Procuraduría General de la República (PGR) y ser investigada, no le servirá de nada, cuando su intención es obtener una carta de buena conducta política para pasar desapercibida. Ostentar un cargo de elección con fuero constitucional no es garantía de honorabilidad.
La conferencia de prensa que ha dado el procurador Murillo Karam presenta las sospechas de la opinión pública: Desde el primer día los muchachos fueron muertos, sus cuerpos incinerados en un lugar y arrojados en otro. Parece que las explicaciones del procurador no satisfacen el clamor de justicia.
Más allá de todos estos hechos, se encuentra la pobreza en las políticas públicas para combatir la impunidad y la corrupción, como elementos principales de los hechos de Iguala y cuya clase política encuentra el momento idóneo para seguir delinquiendo, con la seguridad y garantía de no ser llevado a la justicia.
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