Opinión

Señales políticas para el 2020

Las señales que envía el gobierno federal son claras: nada les hace cambiar su objetivo, que es el que dicta el presidente. | Ivonne Ortega

  • 25/12/2019
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Concluye este 2019 con un aparato gubernamental federal dedicado de lleno a los objetivos trazados por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su campaña: sistema aeroportuario del Valle de México; refinería en Dos Bocas, Tabasco; Tren Maya en el Sureste y la mayor centralización en cuanto a decisiones políticas de que se tenga memoria en los tiempos posrevolucionarios.

Algunos de los puntos del plan original, al menos de lo expresado, han quedado aparentemente atrás, como la intención de llevar las oficinas federales a determinados Estados, o bajar el precio de las gasolinas reduciendo el famoso IEPS.

Este año se ha significado por el uso de facultades legales para combatir la corrupción del pasado, notoriamente en el plano financiero a través de la UIF de Hacienda. Así ha sido en los casos de PEMEX, con el ex director Emilio Lozoya Austin prófugo, y de las transferencias millonarias atribuidas al abogado Juan Collado Mocelo, quien permanece en prisión.

Ha habido sin embargo excesos y actuaciones extrañas en este rubro, como la detención y prisión preventiva de Rosario Robles Berlanga por un delito que según varios juristas no amerita dicha medida cautelar, con independencia del fondo de un caso –la llamada Estafa Maestra- en el que no hay más detenidos ni inculpados por el momento, a pesar de su trascendencia y el número de oficinas involucradas.

Se han emitido acusaciones públicas, incluso con intervención de la mencionada UIF, para congelar cuentas del ministro de la SCJN Eduardo Medina-Mora Icaza y su familia, pero tras la renuncia del togado dichas acusaciones se esfumaron del discurso de la 4T...

Señalamientos realizados desde la tribuna mañanera han sido desmentidos, como cuando el presidente López Obrador atribuyó al ex ministro José Ramón Cossío Díaz ser asesor de quienes se ampararon contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Todo acabó con un "usted disculpe", pero los dichos presidenciales ahí quedaron.

Lo más reciente fue la exoneración de Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, de acusaciones por enriquecimiento inexplicable, al poseer en conjunto con su familia un imperio inmobiliario, según una muy detallada investigación del periodista Carlos Loret de Mola Álvarez.

El episodio de Bartlett ha generado una gran polémica, pues muchos analistas coinciden en que la Secretaría de la Función Pública a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, no trató el caso con el mismo rasero que otros que han pasado por su despacho.

Tampoco se dio vista o al menos no se observó actuación de la UIF, cuyo titular Santiago Nieto Castillo, ha sido el primero en actuar, inclusive de oficio, en otras situaciones parecidas.

Sin duda este caso golpea gravemente el discurso oficial anticorrupción, pues dejó clara la intención de proteger a un aliado político del presidente López Obrador.

Por otro lado, los programas clientelares del gobierno federal siguen su camino, distribuyendo dinero a grupos poblacionales sin mayores reglas de operación y con crecientes observaciones y suspicacias por su operatividad, que van desde la intervención de ministros de culto y presunto proselitismo religioso, hasta su cada vez mayor relación con grupos y dirigentes del partido oficial, Morena.

Las señales que envía el gobierno federal son claras: nada les hace cambiar su objetivo, que es el que dicta el líder del movimiento político-gubernamental, el presidente López Obrador. Así lo deben entender empresarios, actores políticos, analistas y opositores. Y así también debemos tomarlo en cuenta todos, para considerar el rumbo que puede seguir nuestro país.