Es lamentable que senadores de la República de todos los partidos políticos hayan aprobado en comisiones el pasado diciembre, a propósito de la reforma política del Distrito Federal, una propuesta de modificación constitucional que afecta gravemente a los trabajadores de los organismos descentralizados y organismos autónomos sujetos al apartado A del artículo 123 Constitucional.
Lo mismo senadores del PRD, senadores que ahora se declaran independientes y hasta los que se pasaron a Morena, más los del PRI, del PAN, del Verde aprobaron, con algunos jaloneos, en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, de Estudios Legislativos, y la de Desarrollo Metropolitano, una reforma que cancela los derechos colectivos de trabajadores de los organismos descentralizados del Distrito Federal.
Los senadores propusieron anular el derecho de huelga, la contratación colectiva de trabajo revisable cada dos años, los derechos de los trabajadores de confianza y la presión para una mejora de los salarios para esos trabajadores públicos.
En el documento de propuesta de contra reforma laboral aparecen las firmas de los siguientes senadores, por la Comisión de Puntos Constitucionales: Enrique Burgos García, José María Martínez Martínez, Alejandro Encinas, Daniel Amador Gaxiola, Arely Gómez González, Diva Hadamira Gastélum, Ricardo Barroso, David Penchyna, Raúl Gracia, Sonia Mendoza, Fernando Torres, Pablo Escudero y Manuel Bartlett.
Por la Comisión del Distrito Federal: Mario Delgado Carrillo, Blanca Alcalá, Mariana Gómez del Campo, Joel Ayala Almeida, Lisbeth Hernández, Armando Neyra, Ana Lilia Herrera, Gabriela Cuevas, Ernesto Cordero, Alejandra Barrales, Pablo Escudero, Dolores Padierna, David Monreal.
Por la Comisión de Puntos Legislativos: Graciela Ortiz, Fernando Torres, Ángel Robles, Fernando Yunes, Manuel Cavazos.
Por la Comisión de Estudios Legislativos, Primera: Raúl Gracia, Miguel Ángel Chico, Zoé Robledo, Enrique Burgos, Sonia Mendoza.
Por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda: Alejandro Encinas, Claudia Pavlovich, Ma. Del Pilar Ortega, René Juárez y Luis Fernando Salazar,
En un documento de 480 páginas senadores ignorantes (o mal intencionados) de los derechos de los trabajadores de los organismos descentralizados propusieron trasladarlos, de tajo, al apartado B del artículo 123 Constitucional. Aunque falta la aprobación del pleno del Senado, se trata de un grave retroceso que debe ser enmendado de inmediato.
En el artículo sexto transitorio del Dictamen cuestionado, se ordena que en la Constitución Política de la Ciudad de México se deba:
“…Establecer que los trabajadores de los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, de la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales y sus organismos autónomos, así como las entidades paraestatales de la Administración Pública Local, se sujetarán al régimen que establece el apartado B del Artículo 123 de esta Constitución”.
En el caso de los trabajadores de los poderes legislativos, representada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, actualmente sus conflictos se dirimen en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Lo mismo ocurre con las secretarías que forman parte del gabinete de Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno, como los del poder judicial a cargo del Tribunal Superior de Justicia y sus demarcaciones territoriales constituidas en Delegaciones Políticas.
Pero ello no ocurre con los organismos autónomos en los que sus relaciones laborales se rigen por el decreto de origen que puede ser del apartado A o B del artículo 123. En el caso de la Universidad de la Ciudad de México les aplica el apartado A del artículo 123 Constitucional. En adelante ya no sería así. La excepción la tiene el Instituto Electoral del DF que tiene su origen en el artículo 99 constitucional y el Estatuto de Gobierno del DF que le da la facultad al Tribunal del Instituto Electoral resolver sus propios conflictos laborales, sin que otra instancia laboral se entrometa. En este caso no habría cambios porque es otro artículo constitucional su referencia. Es decir seguirían con derechos sometidos.
En el caso de los organismos descentralizados del Distrito Federal como el Cuerpo de Bomberos, el Instituto de Vivienda, Instituto de las Mujeres, Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto de Educación Media Superior, Servicio de Transportes Eléctricos, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Red de Transportes de Pasajeros entre los principales, se rigen por el apartado A del artículo 123 Constitucional, pero eso incomoda a los gobernantes y legisladores.
Estos trabajadores que pertenecen a estos entes descentralizados revisan año con año los salarios y cada dos años el clausulado del contrato colectivo. Son sindicatos no fáciles de convencer porque cuentan con el derecho de huelga como instrumento de presión para que el Gobierno del Distrito Federal responda a sus demandas, además de grupos de trabajadores que tienen en su interior y que los presionan para que obtengan las mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, el recurso de huelga no ha sido usado por estas organizaciones, salvo en contadas ocasiones cuando la respuesta del gobierno del Distrito Federal ha sido de oídos sordos a las demandas de sus trabajadores.
La contrareforma laboral prohijada con el proyecto de reforma política del Distrito Federal de concretarse sería uno de los golpes más serios para los trabajadores que laboran en organismos descentralizados del Distrito Federal. Crearía un precedente muy grave para el resto de trabajadores que laboran en estos organismos públicos en todo el país.
Los senadores cuestionados en los últimos días por este perjudicial proyecto dicen no haberlo visto en su conjunto. Que algún grupo interesado lo metió a escondidas. ¿Entonces por qué firmaron? De ser cierta esa intromisión ¿por qué guardan silencio? Su silencio revela que votan proyectos sin hacer una revisión previa de los textos legislativos. Eso es muy grave.
Cancelar los derechos colectivos de los trabajadores es una demanda patronal de hace años alentada por todo tipo de gobiernos, lo mismo se vistan de derecha, de centro o de izquierda. El proyecto busca cumplir ese viejo anhelo.
De concretarse esta contrareforma laboral en el Distrito Federal significará un enorme regalo de todo el aparato legislativo, dominado por priístas, para favorecer la administración de Miguel Ángel Mancera, no importa se pisoteen derechos laborales. Pero los trabajadores ni grupos sociales lo permitirán. Al tiempo.
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