Como era de esperarse, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen sobre la Ley de Seguridad Interior.

El partido del presidente unió filas y votó a favor del dictamen que fue turnado al Senado.

Con extrema rapidez los diputados cumplieron al llamado del presidente, en un momento en el que la falta de resultados en materia de seguridad y el periodo de inicio de precampañas electorales, hacía urgente mostrar que este gobierno "tiene un plan" y "está actuando para mejorar la seguridad del país".

Es difícil saber si quienes aprobaron esta ley ignoran las condiciones en las que se encuentra el país, si desconocen cuáles son los diagnósticos sobre las diferentes manifestaciones que se viven en el territorio local respecto a la incidencia delictiva y violencia, y cuáles las propuestas avanzadas por colectivos y expertos, o si esas personas simplemente atienden la encomienda partidista por encima del bienestar de la sociedad.

¿Mejorará las condiciones

de seguridad del país?


¿Un marco que dé amplia actuación a las fuerzas armadas, mejorará las condiciones de seguridad del país?

No tiene por qué. Mejor dicho, no tendría por qué la aprobación de una ley que regula la actuación en materia de seguridad de una autoridad que no está capacitada en este ámbito y que lleva más de una década haciéndolo, mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

Indudablemente las fuerzas federales en la última década han hecho un trabajo muy importante en favor de la seguridad; debemos decirlo con claridad: hay lugares del país donde no existirían condiciones mínimas de seguridad si no fuese por el trabajo de militares y marinos.

Sin embargo, aun cuando sepamos que los militares ya están desde hace más de una década en las calles haciendo labores policiales sin un marco normativo que los proteja en su actuar, al tiempo que proteja los derechos de toda la sociedad, es importante identificar:

¿Qué riesgos reales tenemos al aprobar esta ley?


1.    No hay evidencia de que la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad haya mejorado en el largo plazo las condiciones del país, más allá de bajar ciertos índices delictivos de manera momentánea. Lo cierto es que hoy, con Ejército, Marina Armada, Policía Federal, Procuraduría General de la República, CISEN, policías estatales y municipales, así como con procuradurías y fiscalías generales actuando en colaboración, el país está viviendo la peor crisis de violencia de su historia.

2.    En un gran número de ocasiones la participación de las fuerzas armadas en esta materia ha incrementado los índices de violencia en el territorio.

3.    El uso de las fuerzas armadas genera desincentivos para que las autoridades locales cumplan con los mandatos de la ley en materia de fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia.

4.    La aprobación de la Ley de Seguridad Interior, sin un modelo claro de seguridad para el país –que indique cómo y en qué tiempos se construirán esas capacidades institucionales requeridas para policías, procuradurías y fiscalías generales, aclarando las responsabilidades de cada actor y las sanciones en caso de no cumplir–, significa simplemente militarizar la seguridad en favor de un Estado que responde de manera más violenta a los fenómenos delictivos.

5.    La militarización de la seguridad en este país es un factor de riesgo ante una clase gobernante que ha mostrado una tentación autoritaria a lo largo de los años, que puede sofocar el proceso de democratización, a través de la fuerza militar.

6.    El marco normativo de actuación de las fuerzas armadas no modifica ni la capacitación ni la vocación de soldados o marinos. Esos militares que hoy fungen como policías (incluso de tránsito) a lo largo del país, seguirán actuando sin las competencias necesarias para responder a la seguridad humana que requerimos.

Al gobierno le urge mostrar acciones


Al actual gobierno, con miras al proceso electoral 2018, le urge mostrar acciones que puedan parecer una forma de responder a la innegable crisis de violencia que vivimos y por eso impulsa una ley que años atrás criticara severamente.

Para poder resolver el reto de haber alcanzado máximos históricos en materia de homicidio, robo con violencia y robo a negocio, se necesita que existan policías, peritos, ministerios públicos, jueces y gobernantes capaces, suficientes y confiables; que exista una homogeneidad en términos de equipamiento y competencias desarrolladas; una homologación salarial, prestaciones laborales y oportunidades de carrera; que se combatan los mercados ilícitos, la corrupción y la estructura financiera de las bandas y grupos de criminales; que se retome la rectoría del sistema penitenciario y existan incentivos al respeto de la ley.

Las fuerzas armadas no son la solución


Debemos insistir, si bien las fuerzas armadas han hecho mucho por el país, no son la solución.

Simplemente recordemos el caso de Tijuana, que entre los años 2007-2010 vivió altos índices de violencia, el liderazgo del Ejército y la colaboración de Policía Federal y autoridades locales logró disminuir la incidencia delictiva y la violencia. En tan sólo cinco años, la violencia en ese municipio y en la entidad han alcanzado su peor nivel histórico, en la total negligencia y desinterés del gobernador del Estado y el presidente municipal.

Dicho de otra manera, el ejército podrá generar algún efecto en reducir la violencia álgida, pero para construir una sociedad segura se requieren autoridades locales honestas, capaces, comprometidas y suficientes.

En los primeros diez meses del año, se han iniciado 20 mil 878 carpetas de investigación por homicidio doloso que representan a casi 24 mil víctimas. Ante esta inaceptable crisis de violencia requerimos un plan que garantice la seguridad en el país, permita el acceso a la justicia a las víctimas y no una respuesta fácil que militarice al país, sin alguna garantía que reduzca la incidencia delictiva.

Ahora le toca al Senado mostrar responsabilidad y entender que los ciudadanos no queremos ocurrencias, queremos resultados y estos solo se pueden conseguir con instituciones civiles capaces de impulsar la seguridad humana.

@frarivasCoL | @OpinionLSR | @lasillarota

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