“A partir de hoy las medidas de mitigación de la epidemia están bajo el control de las autoridades sanitarias estatales”, expresó ayer lunes 1 de junio vía Twitter el llamado “zar” mexicano de la acción gubernamental contra el coronavirus covid-19, Dr. Hugo López-Gatell Ramírez.
Tal declaración, en el contexto de la discusión entre estados y Federación por la definición del “semáforo de riesgo” representa un error institucional, pues la responsabilidad de dictar medidas sanitarias “en caso de epidemias de carácter grave” corresponde exclusivamente al gobierno federal, según el artículo 73 fracción XVI de nuestra Constitución.
Claro está que el sistema de salud es un todo coordinado, y que la propia secretaría federal del ramo realiza su trabajo al alimón con las estatales, pero siempre desde una perspectiva de rectoría.
Llama poderosamente la atención que esta decisión, anunciada por el subsecretario López-Gatell Ramírez, ocurra justo cuando los cuestionamientos a su labor se incrementan, y nuestro país acaba de rebasar los 10 mil fallecimientos por el covid-19, además de acercarse a los 100 mil casos registrados de contagios.
No es ésta una crítica irracional: tristemente, las discrepancias en las cifras que a diario informa el vocero federal y las que exponen cotidianamente los estados de la República van en aumento, tanto en casos positivos como en fallecimientos.
Lo triste es que no se trata de números fríos, sino de personas de carne y hueso que tienen familias, muchas de las cuales sufren el terrible dolor de ver a su pariente enfermo ingresar a un centro de atención del sector salud sin posibilidad de contacto, debido a los parámetros establecidos.
Además, hay casos no registrados, que día a día se ven en funerarias, crematorios y clínicas o consultorios de farmacias, los vemos en las noticias o nos enteramos cuando son personas conocidas o cercanas a familiares o amigos.
Si el gobierno federal persiste en la opacidad de sus manejos, no sabremos pronto la realidad del tamaño de la crisis sanitaria, estaremos a ciegas.
Y así, a ciegas, la misma administración federal urge a retomar actividades en un cuadro de riesgos que no se acerca a la verdad. Vemos un semáforo federal y 32 estatales, con autoridades locales que desde el principio rebasaron al gobierno federal en cuanto a las medidas de prevención.
Esta discrepancia en cuanto a criterios tiene su culminación en el famoso semáforo de riesgos, que constituye para algunos la claudicación del gobierno federal a su obligación constitucional de proteger la salud de los mexicanos.
Otros lo ven como una negociación política para darle a los estados mayor autoridad en el manejo de la crisis, o mejor dicho de las crisis, pues cada entidad federativa se cuece aparte en todo: acciones, disposiciones legales, flexibilidad o no.
Ni a cual irle, pues. Estamos ante una administración federal que se lava las manos o ante un gobierno que nada más no asume sus responsabilidades claramente y prefiere la politiquería, esa misma que critica de dientes para afuera.
Preocupante en ambos casos, porque en medio de todo estamos las y los mexicanos.