Opinión

Seguridad Social para todos

Nuestro sistema de seguridad social está rebasado y gran parte de los trabajadores no se encuentran protegidos. | Marco Adame

  • 31/07/2020
  • Escuchar

Tomar decisiones sobre la grave crisis que atraviesa el sistema de pensiones en México es un tema inaplazable en la agenda pública. Es una realidad, los sistemas de pensiones federal y estatales atraviesan por severos problemas de liquidez en el corto plazo y adolecen de viabilidad financiera hacia el futuro.

Es irónico y lamentable que internacionalmente se considere a la Revolución Mexicana como uno de los orígenes de los derechos sociales (junto con la revolución rusa y la alemana) [1], pero que hoy en día México viva una situación de grave rezago e inequidad en la materia. Nuestro sistema de seguridad social está rebasado y gran parte de los trabajadores no se encuentran protegidos.

Tan sólo como ejemplo, en el 2021 se jubilará la primera generación con el esquema Afore, pero de 75 mil personas que se retiran ese año, sólo 750 alcanzarán la pensión por no cumplir con el requisito de 1,250 semanas de cotización. Y actualmente sólo el 34% de los trabajadores consiguen la pensión garantizada de $3,289 pesos promedio, lo cual es menos que un salario mínimo por lo que resulta notoriamente insuficiente para asegurar una vida digna.

El contar con un nivel de vida adecuado está garantizado en la Declaración Universal de Derechos Humanos e implica tanto el gozo de la salud como el bienestar incluyendo alimentación, vestido, vivienda, seguros de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y vejez entre otros (Art 25).

Y con respecto a la protección social, en la “Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa” los gobiernos se comprometieron a ampliar la seguridad social a todas las personas; proporcionar ingresos básicos a quienes necesiten esa protección; condiciones de trabajo saludables y seguras; garantizar a todos una justa distribución de los frutos del progreso; y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo y necesiten esa clase de protección; entre otros.

Como puede verse, claramente estamos lejos de lograr a plenitud estos objetivos. Pero afortunadamente por el momento se dejaron de lado las ominosas intenciones de radicales dentro de MORENA que pretendían hacerse de los recursos de las Afores de los trabajadores y en cambio, hubo apertura a proposiciones de empresarios y de la oposición, lo que traerá algunos avances.

El presidente presentará al Congreso una iniciativa de reforma que tendrá varios aspectos positivos. Uno de los elementos en la propuesta, que retoma de una iniciativa presentada por los senadores del PAN, es la reducción de las semanas de cotización necesarias para recibir pensión. Con la reforma éstas pasarán de 1,250 (25 años) a 750 semanas (15 años) con lo que más personas podrán acceder a este beneficio.

Lo cierto es que este avance llegará con casi 60 años de retraso; desde 1961 en que nuestro país ratificó el “Convenio sobre la Seguridad Social (norma mínima) (No. 102)”, se había comprometido a garantizar una pensión mínima en la vejez a quien cumpliera con el requisito de 15 años de cotización (art 29).

En este sentido, actualmente únicamente el 34% de los trabajadores acceden a la pensión mínima garantizada, pero con la reforma se estima que la cobertura llegará al 82%. A su vez, dicha pensión tendrá un incremento de 40% llegando a $4,345 pesos mensuales. Para conseguirlo se incrementarán las aportaciones de 6.5% a 15% de forma gradual en un periodo de ocho años.

Dentro de los principios comúnmente aceptados de la seguridad social se encuentran: la igualdad, equidad y uniformidad; la universalidad de la cobertura; la solidaridad y la redistribución; la comprensividad y la suficiencia; la responsabilidad del Estado; la participación en la gestión y la sostenibilidad financiera.[2]

Al momento de discutir y aprobar la reforma se deberá tomar en cuenta las propuestas del PAN para reducir también los años de cotización de los empleados al servicio del Estado; así como para incluir a los trabajadores independientes y al sector informal; de otra forma se prolongaría la brecha de injusticia laboral que atenta contra el principio de universalidad de la cobertura y en contra de la igualdad.

Por otra parte, el que toda la carga de este incremento haya caído del lado de los empresarios sin que el gobierno federal participe con un porcentaje y el que se excluya a los trabajadores del estado de la reforma, son faltas en contra de la responsabilidad del Estado.

Algunos analistas han manifestado preocupación en que la carga de las nuevas aportaciones aumente el sector informal. Para evitarlo la reforma deberá incluir incentivos fiscales como el que se devuelva el 100% la deducibilidad de los planes de previsión social; lo cual era una realidad antes de la reforma fiscal del 2014 en que ésta bajó a 53%.

La reforma será un paso positivo, pero aún falta mucho por hacer. Es necesario ampliar la cobertura para incluir a los sectores hasta ahora excluidos; así como ampliar la comprensividad, suficiencia de los servicios y garantizar su sostenibilidad financiera.

Esto será posible únicamente con la participación de todos: trabajadores, empresarios, líderes políticos y gobiernos. Sólo superando el velo ideológico y las diferencias podremos acceder al bien común.


[1] Cfr. Diller Janelle, Social Justice, Rights, and labour; en The Oxford Handbook of Interational Human Rights Law, Oxford University Press, 2015,p 317.

[2] Cfr. osé Luis Tortuero Plaza, Los fundamentos de la seguridad social, en Encrucijadas, prospectivas y propuestas sobre la seguridad social en México (Edición en Español) (2018).  [Versión Kindle Android]. > Posición 306

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de  comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.