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Seguridad Pública

Hay elementos positivos en la iniciativa como la creación del mando único policial a cargo de las entidades federativas, pues si bien no es una solución que ataje el problema de raíz, sí resuelve, en primera instancia.

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Escrito en OPINIÓN el

La iniciativa del presidente Peña Nieto para reformar la Constitución en materia de seguridad pública parte del hecho que, al día de hoy, existe falta de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, lo que ha imposibilitado el cumplimiento de una de las funciones esenciales del Estado: garantizar la seguridad de los ciudadanos.

 

La transformación institucional, a través de un nuevo sistema policial, contempla tres elementos esenciales: el mando único policial a cargo de los gobiernos estatales; la distribución de competencias sustantivas y adjetivas en materia penal a través de leyes generales; y la facultad de la federación de asumir total o parcialmente, competencias municipales cuando existan indicios que el Ayuntamiento ha sido infiltrado por el crimen organizado.

 

La esencia de la propuesta presidencial parte de la premisa que el Municipio, como sistema de gobierno, es parte del problema y no de la solución.

 

La iniciativa de reforma constitucional, considera que el momento histórico determinado por el que atravesamos, requiere de medidas excepcionales. En ese sentido, bajo el diseño actual, los Municipios ostenten facultades en materia de seguridad pública que generan incentivos negativos tendentes a la cooptación e infiltración del crimen organizado.

 

Ello, simplemente por el hecho que el crimen organizado tendría mucho menos intereses en el Municipio, si éste no tuviera facultades en materia de prevención, investigación y persecución de delitos.

 

En ese sentido, la propuesta consistente en eliminar la facultad municipal en materia de seguridad pública es acertada, en tanto que se eliminan incentivos  y alicientes negativos que, el día de hoy, generan perjuicios a la gobernabilidad municipal. Sin embargo, esta medida debe de ser considerada excepcional y temporal. Por otro lado, la esencia del mando único policial en manos de los gobiernos estatales, por sí sólo no es la solución.

 

Será necesario articular políticas encaminadas a que efectivamente, los nuevos policías estatales no sean cooptados por el crimen organizado. Es decir, que no se trate de un simple cambio de uniformes y de placas de patrullas, sino que se establezca, efectivamente como lo propone la iniciativa, una remuneración mínima de policías digna y que constituya una alternativa de vida viable; posibilidad de transferencia y movilidad laboral y exámenes de confianza efectivos, entre otras.  

 

Por otro lado, la iniciativa articula una propuesta de restructuración sustantiva y adjetiva en materia penal, al otorgar facultades concurrentes al Congreso de la Unión para distribuir competencias y atribuciones tanto en tipos penales, como en facultades precisas en procuración y administración de justicia. Al tiempo que se conservarían las competencias locales y federal en delitos correspondientes a cada orden de gobierno.

 

Por último, la iniciativa dispone que la federación podría, en caso de la existencia de indicios suficientes que el Ayuntamiento ha sido infiltrado por el crimen organizado, asumir la autoridad y facultades municipales. A esto, la propuesta prevé un mecanismo a través del cual el Fiscal General de la Nación, junto con el secretario de Gobernación, solicitarán autorización del Senado de la República, para que la Federación pueda asumir total o parcialmente las funciones del Municipio. A ello, se le puso un candado. El Municipio no podrá acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en controversia constitucional, a alegar una invasión de competencias o esfera competencial.

 

Hay elementos positivos en la iniciativa como la creación del mando único policial a cargo de las entidades federativas, pues si bien no es una solución que ataje el problema de raíz, sí resuelve, en primera instancia (sólo si es bien articulado), la cooptación del orden de gobierno más endeble y susceptible o el caso de la reestructuración de competencias en materia de impartición de justicia. Por otro lado, es negativo el último elemento de la propuesta, en tanto que el principio de subsidiariedad indica que debe ser el orden de gobierno más próximo quien asuma las funciones de quien no puede realizarlas. Es decir, habría de ser, en su caso la autoridad estatal y no la federación quien asuma la autoridad municipal.

 

Por su parte, el grave yerro de la propuesta se basa en el supuesto normativo por el cual se podrían asumir las facultades municipales. En sus términos, se trata de “indicios suficientes”. Es decir, no son pruebas fehacientes y contundentes, sino de concatenaciones y presunciones. Ello, podría derivar en abusos de parte del Gobierno federal y un atentado en contra de la democracia constitucional del estado mexicano. Más aún, cuando el Municipio no tendría posibilidad de defensa ante la Suprema Corte.

 

Finalmente, la iniciativa del presidente pierde una gran oportunidad. Si bien es cierto que el momento por el que atraviesa México hace razonable concluir que es positivo, por el momento, suspender la facultad policial a los Ayuntamientos. También lo es que la iniciativa parte del hecho que el problema institucional en esencia comienza por el Municipio. En cambio, este orden de gobierno debe ser visto como la solución. La iniciativa perdió el momento de articular un rediseño de sus facultades a través del federalismo subsidiario, cooperativo y asimétrico.

 

A preservar la autoridad municipal como la base de la gobernabilidad y dotarlo de mayor fortaleza en su institucionalidad a través, por ejemplo, de herramientas que le permitan recaudar con eficacia y ejercer sus funciones de manera eficiente.

 

Sin duda, el Municipio debe ser visto como una alternativa viable para solucionar la crisis por la que atraviesa México, pues será una solución institucional y duradera. La propuesta presidencial perdió la oportunidad de articular una propuesta de fondo que fortalezca el primer orden de gobierno.

 

@gstagle