La seguridad tendría que ser el tema central de la propuesta política del país. Extraña, de hecho, que la discusión sea tan pobre. Medidas como mando único y certificación de policías son importantes, pero definitivamente no son la solución a lo que ahora sucede. Requerimos una discusión sobre impartición de justicia, derechos humanos, política de drogas, investigación pericial, sistema penitenciario, cuerpos de seguridad y reconstrucción de las comunidades sometidas por los criminales. El origen de la explosión de la violencia en México está en la guerra contra las drogas, promovida por los Estados Unidos, que generó grupos criminales con enormes recursos financieros, humanos y de armamento.
El gobierno mexicano eligió una estrategia de enfrentamiento frontal y armado contra los cárteles, pero los enfrentó con cuerpos de seguridad e inteligencia infiltrados, sin la posibilidad de intervenir sus finanzas, ni evitar la importación de armamento de alto calibre. El resultado fue la generación de una escalada de violencia, la fragmentación de algunas organizaciones, que derivaron en pequeñas bandas que se involucraron en nuevos negocios ilícitos, se abonó al conflicto entre las bandas, surgieron ejércitos de delincuentes altamente especializados y se armó a los grupos criminales que ya existían.
Como la prioridad fue reducir el tráfico de drogas, la seguridad de las personas, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo de las comunidades y todos lo demás fue sacrificado. La vorágine de la lucha contra el narco llevó a prisión miles de consumidores y a personas no peligrosas que por o contra de su voluntad participaron en alguna parte de la cadena del tráfico de drogas. La guerra contra el narco debe ser transformada por la de garantizar seguridad y justicia. Eso comienza a pasar en el discurso, muy poco en las acciones concretas.
El primer objetivo tiene que ser el reducir el número de muertes violentas. Los datos muestran que han disminuido desde hace algunos años, pero sin duda muy lejos de los niveles aceptables o de hace una par de décadas. Esto pasa por reducir el tráfico de armas, realizar investigación efectiva para capturar a los sicarios, elevar el riesgo de ser castigado por cometer un delito violento, utilizar la inteligencia para realizar operativos que minimicen el uso de la violencia y contar con cuerpos policiales eficaces que cuenten con la confianza de la ciudadanía.
El segundo debe ser reducir la comisión de otros delitos que tienen un alto impacto en la población como la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas, el robo organizado, etcétera. Eso se puede lograr si se identifican y minan los recursos, y se desmantela a las bandas locales. El tercero es reconstruir el clima de paz en comunidades en donde la violencia se ha convertido en la norma. Eso implica nuevos mecanismos de participación, inversión, reconversión de cultivos, política social e incluso la amnistía de ciertos delitos.
Cuarto, se requieren cambios más rápidos y efectivos al sistema de impartición de justicia, sistemas de penas alternativas al encarcelamiento, defensoría de oficio efectiva, mayor transparencia y vigilancia al sistema judicial, así como priorizar la persecución del delito.
Finalmente, tenemos que regular la producción y el consumo de determinadas drogas, en especial la mariguana, para evitar la criminalización de usuarios, reducir las ganancias del crimen organizado y, muy importante, exigir como país un cambio en la política de drogas.
Lograr lo anterior requiere de construcción de instituciones que no se pueden limitar al mando único, la Policía Federal y la certificación y equipamiento de policías.
No estamos discutiendo, por ejemplo, el tipo de agencias de inteligencia que requerimos, como las vamos a hacer eficaces y la manera en la que rendirán cuentas. No tenemos un sistema de evaluación de las políticas de seguridad, como el que utilizamos para la política social por ejemplo, por lo que no es claro en que es más productivo invertir, en equipamiento, en capacitación o en tecnología, o que tipo de intervención social es la que ha tenido éxito.
La evaluación de instancias como las organizaciones de derechos humanos y del propio sistema judicial es escasa, no sabemos cuáles son las mejores prácticas, el avance en ese ámbito en siempre lento. Tenemos que empezar por reconocer que regiones enteras del país, las de menor desarrollo, nunca han contado ni con instituciones de seguridad ni de justicia confiables para la población. Es en esos lugares, ahora presa de los nuevos carteles, donde el problema alcanzó los niveles más serios. Eso requiere generar nuevas instituciones y auténticas oportunidades de desarrollo en lugares que siempre hemos olvidado. Es decir, la seguridad requiere, de otro paradigma, de políticas públicas.