La seguridad pública no es un tema en el que Enrique Peña Nieto se sienta cómodo, de hecho, es un tema que ha tratado de eludir de forma sistemática. En su campaña presidencial nunca desarrolló una propuesta integral para el combate al crimen organizado, ya como presidente prefirió que el secretario de Gobernación, el Procurador de la República e incluso el Comisionado Nacional de Seguridad, se encargaran de presentar las estrategias y los resultados del gobierno en materia de seguridad pública.
Dicha afirmación no se desprende de una apreciación personal, sino del análisis sistemático del contenido de los discursos de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, de los 345 discursos que Enrique Peña Nieto dio entre el 1 de diciembre del 2012 y el 10 de febrero del 2014, sólo 14 de ellos giraban en torno al tema de la seguridad pública (lo que equivale al 4%) y sólo en uno de ellos se abordaba directamente el asunto del crimen organizado. Los demás fueron eventos de rutina con las corporaciones de seguridad; de hecho la mayoría de los grandes anuncios que tuvieron que ver con la seguridad pública los dio el secretario de Gobernación, como cuando éste anunció el lanzamiento de la Estrategia Nacional Antisecuestro, sin que el presidente estuviera presente.
Pero a pesar de que el presidente trató de mantenerse alejado de los temas relacionados con la seguridad pública, la realidad lo terminó por rebasar, primero por la aparición de los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y después por la desaparición de 43 normalistas en la ciudad de Iguala. Estos hechos no sólo han obligado a Peña Nieto a tomar posturas directas frente a los temas de seguridad pública, sino que también dejaron en evidencia las grandes carencias de la estrategia de combate al crimen organizado del actual gobierno.
Delitos de alto impacto
Durante casi dos años, el gobierno de Peña Nieto intentó vender el argumento de que ellos habían implementado un cambio de estrategia, que se enfocaba en el uso de la inteligencia para combatir al crimen y en la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, lo cual había permitido la reducción en la incidencia de varios delitos de alto impacto, en especial, de los homicidios dolosos. Sin embargo, a la luz de los resultados, se debe aceptar que no se han dado cambios de fondo a la estrategia que seguía la administración de Felipe Calderón, ya que lo único que ha variado de forma significativa es la manera en la que el gobierno comunica sus estrategias y los resultados de la lucha en contra del crimen organizado.
Los datos que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que de enero a septiembre del 2014, se había registrado un descenso del 29% en los homicidios, del 10% en los secuestros y en general una disminución importante en los delitos de alto impacto, con respecto al mismo periodo del 2013, es decir que en datos agregados, parece haber una mejora en los indicadores oficiales en materia de seguridad pública.
A pesar de ello, varias organizaciones ciudadanas que se dedican al análisis de las políticas de seguridad, como es el caso de Causa en Común, México Unido Contra la Delincuencia, Alto al Secuestro, México SOS, Insyde, Observatorio Nacional Ciudadano y México Evalúa, han manifestado que debemos ser cautos a la hora de tomar las cifras oficiales, debido a que se han detectado importantes inconsistencias en los reportes de varios estados y porque los datos del Secretariado sólo muestran los delitos denunciados, por lo que existe un importante subregistro de cifra negra, que no está incluido en las cifras oficiales.
También la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE) plantea dudas razonables sobre la veracidad de los datos del Secretariado, ya que si bien, la misma no tiene datos para el 2014 (los habrá el próximo año), dicha encuesta nos muestra, que a diferencia de los datos ofrecidos por el Secretariado, hay un incremento consistente en todos los delitos de alto impacto en el 2013, con respecto al 2012, lo cual nos lleva invariablemente a dos hipótesis: La primera es que los mexicanos cada vez denuncian menos los delitos (ya que ENVIPE si incluye la cifra negra) o bien, que hay errores importantes a la hora de recolectar o reportar los datos del Secretariado, mismos que pueden deberse a dolo o a fallas metodológicas.
Lo que también deja claro la ENVIPE, es que México sigue siendo un país muy inseguro, ya que el 33.9% de los hogares mexicanos, tuvo al menos un miembro que fue víctima de un delito, lo que representa más de 33 millones de delitos en el 2013, lo que a su vez provoca, que el 73.3% de los mexicanos se sienta inseguro de vivir en su estado.
Otro punto a considerar, es que a pesar de que los indicadores del Secretariado muestran una reducción a nivel nacional de varios de los delitos de alto impacto, lo cierto es, que dicha reducción no sigue un patrón homogéneo, es decir, que hay estados en donde la cantidad de delitos ha caído, pero hay otros en los que se han incrementado de forma importante. A lo largo del sexenio de Felipe Calderón, las zonas más violentas del país se ubicaban en el norte, pero salvo el caso de Tamaulipas, que sigue inmerso en una oleada de enfrentamientos, parece que la violencia va remitiendo en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán, Torreón, Monterrey o Durango, aunque esto no quiere decir que la violencia haya cesado en dichas localidades, siguen siendo zonas muy violentas, pero muchos de los delitos de alto impacto, han descendido de forma importante.
Crimen organizado
En cambio, la violencia se ha intensificado en el centro y sur del país, en especial, debe preocuparnos la situación de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Morelos, que hoy son el campo de batalla de diversos grupos criminales de menor tamaño, que son producto de la fragmentación de las grandes organizaciones criminales de antaño, como son: El Cártel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, los Rojos, los Guerreros Unidos, los Granados, los Ardillos, la Barredora, el Cártel Independiente de Acapulco, los Viagras, la Tercera Hermandad, la Nueva Administración, etcétera.
A pesar de lo dicho en los párrafos precedentes, el gobierno de Enrique Peña puede presumir que en este año, se dio la captura de algunos de los más importantes narcotraficantes de este país, de hecho, este ha sido el año más importante desde 1985 en materia de capturas de los líderes de las organizaciones criminales. Entre los golpes que debemos destacar, se encuentran: el arresto de Joaquín “El Chapo” Guzmán cabecilla del Cártel de Sinaloa, el día 22 de febrero en Mazatlán, la captura de Héctor Beltrán Leyva líder de la Organización de los Beltrán Leyva, en San Miguel de Allende, Guanajuato, el 1 de octubre.
La detención de Vicente Carrillo Fuentes cabecilla del Cártel de Juárez, en la ciudad de Torreón el 9 de octubre; el arresto de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” líder del Cártel de Tijuana, el 23 de junio en la ciudad de Tijuana; la detención de Sidronio Casarrubias Salgado “El Chino” líder de los Guerreros Unidos, el 17 de octubre en la carretera México-Toluca. La captura de José María Chávez Magaña “El Pony” líder de la Familia Michoacana, el 2 de julio en Pénjamo Guanajuato; el arresto de Leonor Nava Romero “El Tigre” líder de los Rojos, el 17 de mayo en el municipio de Tecpan de Galeana Guerrero, así como el abatimiento de Nazario Moreno González “El Chayo” líder de los Caballeros Templarios, ocurrido el 9 de marzo en Tumbiscatío Michoacán.
También en este año se dio la captura o el abatimiento de otros importantes miembros de la estructura de varias organizaciones criminales como es el caso de: Enrique Plancarte Solís, Dionisio Loya Plancarte, Mario Alberto Arce, León de Luis Jiménez Tovar, Fernando Martínez Magaña, Juan Fernando Álvarez Cortés, Rubén Oceguera González, Ismael Zambada Imperial, Rafael Guadalupe Félix Núñez, José Manuel Rodríguez Rodríguez, Benjamín Mondragón Pereda y José Iván Chao Llanes, de tal forma que a la fecha, se han capturado o abatido a 84 de los 122 cabecillas del crimen organizado que integran la lista de objetivos prioritarios de la presente administración.
Si a estas capturas sumamos al menos otras dos que se dieron el año pasado, la de Miguel Ángel Treviño Morales “El Z40” el líder de los Zetas, el 15 de julio del 2013 en el Municipio de Anáhuac Nuevo León y la de Mario Armando Ramírez Treviño “El X20” líder del Cártel de Golfo, el 17 de agosto del 2013 en Reynosa Tamaulipas, tenemos que reconocer que todas las grandes organizaciones criminales de este país, a excepción del Cártel Jalisco Nueva Generación, han perdido al menos una vez a su líder máximo, en lo que va de la presente administración, aunque en varios casos, el arresto o la muerte de su líder no afectó de forma significativa la capacidad operativa de dichas organizaciones criminales.
A pesar de los éxitos que ha tenido el gobierno de Enrique Peña en materia de seguridad pública, lo cierto es que los fracasos han sido mayúsculos, porque la aparición de grupos de autodefensa en Michoacán, demostraron que el crimen organizado sigue gobernado de facto en un número importante de municipios de este país y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, a la cual el Gobierno no prestó la atención debida, ha provocado la crisis política más grande que ha tenido que enfrentar Enrique Peña Nieto, la cual ha limitado el margen de maniobra que tenía el actual gobierno y ha minado la credibilidad del mismo. A lo cual se deben sumar las crisis de seguridad que hoy viven zonas como el Estado de México, Morelos o Tamaulipas.
Ante el incremento de la violencia, el gobierno federal ha implementado a lo largo del año, cinco grandes operativos para el combate al crimen organizado, los cuales se pusieron en marcha en los estados de Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Guerrero y el más reciente en Tierra Caliente (que abarca varios municipios de Michoacán, Guerrero, Morelos, y el Estado de México), sin embargo, no todos los operativos han tenido el mismo alcance o la misma inversión, por ejemplo, el operativo del Estado de México fue muy limitado, mientras que la intervención en Michoacán fue acompañada por millones de pesos para programas sociales y además el Gobierno Federal envió un Comisionado Especial, que en la práctica ha asumido un rol de Co-Gobernador, ya que el mismo toma muchas decisiones que deberían ser responsabilidad exclusiva de las autoridades locales.
Anuncios en materia de seguridad
El gobierno de Enrique Peña Nieto también ha tenido que recurrir a los grandes anuncios para tratar de atajar las crisis de seguridad que han surgido a lo largo del año. En el mes de enero se anunció la puesta en marcha de la Estrategia Nacional Antisecuestro, debido al incremento sostenido de este delito en los últimos años, pero la misma ha tenido resultados muy limitados, ya que a pesar de que se ha dado una remisión en el número de secuestros, no se han realizado los cambios institucionales que fueron prometidos.
Otro anuncio importante fue la conversión de los grupos de autodefensa de Michoacán en policías rurales; sin embargo, existen grandes inconvenientes que vienen aparejados a dicha medida: Primero, las personas que forman los grupos de autodefensa no han recibido el entrenamiento necesario para ser policías, por lo que no están exentos de cometer grandes abusos o errores, segundo, hay muchas sospechas de que varios miembros de las autodefensas están ligados a grupos criminales, por lo que se estaría permitiendo la infiltración del crimen organizado a las fuerzas de seguridad y tercero, porque es una clara invitación para que todos los ciudadanos que se sientan a disgusto, se armen e incluso puedan exigir su incorporación a la policía rural.
Por último, ante la crisis generada por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el Presidente tuvo que anunciar un decálogo de medidas para fortalecer el estado de derecho y devolverle la paz al país, entre las que se pueden destacar: la posibilidad de que el Gobierno Federal intervenga en la administración de los municipios que han sido capturados por el crimen organizado, la creación de 32 policías estatales que aglutinarán en un mando único, a las policías de todos los municipios de cada entidad, la expedición de una cédula de identidad nacional, la integración de todos los teléfonos de emergencia en uno solo o la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción.
Fiscal anticorrupción y desaparecidos
Sin duda muchas de estas acciones son necesarias, pero el gobierno ha comenzado con el pie izquierdo, por ejemplo, hace unos días comparecieron ante los Senadores más de 30 aspirantes para ser el nuevo fiscal anticorrupción; sin embargo, es grave que se esté pensando en esta figura como un empleado del procurador, sin independencia y sin dientes propios. Si en verdad queremos combatir la corrupción, el nuevo encargado no debe estar supeditado a las decisiones del gobierno en turno, ya que sí el Procurador lo puede correr en cualquier momento, éste nunca podrá investigar los asuntos que involucran al propio gobierno.
Pero quizá el principal problema de las estrategias que ha presentado el gobierno de Enrique Peña Nieto, es la falta de evidencia o soporte científico que avalen la idoneidad de las medidas que se proponen, es decir, muchas de ellas suenan lógicas y de sentido común, pero hasta el momento no nos han explicado porque las alternativas elegidas, son mejores que otras que fueron desechadas.
También es importante mencionar, que hay muchos temas ausentes en el decálogo presentado por Enrique Peña, como es el caso de las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas. Es preocupante que en los últimos años se hayan encontrado más de 1,300 personas enterradas en fosas clandestinas y que a la fecha, sólo se haya podido identificar a menos del 10% de los mismos, debido a que no contamos con el personal necesario para recolectar y analizar ese número de muestras de ADN y tampoco tenemos un registro de muestras de ADN con la capacidad suficiente que requiere la dimensión del problema.
Abundando en el tema de los desaparecidos, tenemos más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce y según los últimos datos, en el presente año y en el año anterior, el número de desaparecidos ha ido en aumento y los más grave, es que el gobierno no ha implementado una estrategia para combatir este problema.
Policía de investigación
Otro de los grandes pendientes de la presente administración, es el de formar una policía de investigación que sea seria y ministerios públicos preparados, que nos sirvan no sólo para arrestar a más delincuentes, sino también para integrar expedientes con suficiente soporte, para que las personas que sean culpables, no salgan de prisión debido a que las procuradurías fueron incapaces de ofrecer pruebas suficientes en contra de los mismas. Por ende, tenemos que afrontar el hecho de que la forma en la que operan las procuradurías en este país, es obsoleta.
Nos debe preocupar el hecho de que las confesiones de los propios implicados, siguen siendo el soporte de muchos procesos, ya que muchas de estas confesiones se obtienen mediante engaños, a través de amenazas e incluso mediante tortura. Basta ver la forma en la que fueron tratadas las personas arrestadas en las marchas de los últimos días, para darse cuenta de que las corporaciones policíacas y la PGR no tienen procesos rigurosos para armar un caso en contra de los detenidos, por el contrario, lo que se observa son pruebas endebles que rayan en lo absurdo, así como amenazas sistemáticas, detenciones arbitrarias, incomunicación de los acusados y golpes sin provocación alguna.
Una tercera omisión en el decálogo de Peña Nieto, es que no se buscan generar estrategias para que los cuerpos de seguridad del estado, recuperen la confianza de la ciudadanía. Síntomas de la poca confianza en las autoridades sobran, la mayoría de los delitos en este país no se denuncian y en muchos estados los ciudadanos se están armando para defender a sus comunidades. La confianza es indispensable, porque parte del éxito de muchos países a la hora de combatir al crimen organizado, es que las autoridades reciben información y denuncias de la ciudadanía; los ojos de los ciudadanos pueden llegar a donde no hay presencia de las autoridades, pero sí los ciudadanos no confían en las autoridades, porque tienen sospechas fundadas de que éstos trabajan para el crimen organizado, nos estamos privando de un importante cúmulo de información que necesitamos para combatir a los grupos criminales.