El Gobierno de México ha planteado la necesidad de fortalecer la seguridad pública e interior, considerando que la problemática del combate a las drogas es, de forma sustancial un tema de salud, que interesa también a la seguridad. La tesis transversal que articula la visión del Gobierno Federal es que la forma en que se actuó en el pasado contra el narcotráfico generó un escalamiento de la violencia, un mayor uso de las armas, y un creciente clima de inseguridad en diferentes regiones. Los estudios estadísticos sobre el homicidio doloso coinciden en que se incrementó a la par de la estrategia que estableció un combate frontal a los cárteles de la droga.
En ese marco, otros delitos crecieron mientras se desplegaban los esfuerzos federales contra el narcotráfico. En otras palabras, mientras se concentraban esfuerzos en combatir el narcotráfico se generó una problemática horizontal de seguridad pública en que los delitos comunes crecieron. Esto provocó una creciente percepción de inseguridad e inconformidad ante los resultados de la estrategia contra el crimen.
El diagnóstico del Gobierno Federal sobre los grandes problemas nacionales, es claro al señalar que la principal preocupación de la ciudadanía es la inseguridad, es decir, delitos como el robo, la violación y el abuso sexual, el secuestro, la extorsión y desde luego el homicidio, entre otros no menos relevantes. Este diagnóstico está en la base de la Estrategia Nacional de Seguridad aprobada por el Senado de la República.
El Gobierno Federal también ha hecho referencia a la seguridad interior, que si bien no está definida en algún ordenamiento jurídico, básicamente tiene que ver con al adecuado desempeño de las instituciones democráticas, a la gobernabilidad, y la aplicación del Estado de derecho, en otros términos, el Gobierno Federal dista de ser ingenuo con respecto a los efectos que ha tenido la dinámica delincuencial en nuestro país y al grado en que su actuar infiltró las instituciones.
Una vía de esta infiltración a las instituciones fue la corrupción, este delito es más que funcionarios solicitando dádivas o porcentajes por asignar obras y servicios, se trata de un síndrome que afecta la seguridad pública e interior, abarca las diferentes formas de connivencia entre delincuencia y autoridades, la relación entre recursos públicos y empresas ligadas a organizaciones criminales, el manejo de información para apoyar a grupos de la delincuencia, del uso de bienes públicos para favorecer actividades ilícitas, y el financiamiento soterrado de campañas políticas. Esta relación entre algunos actores de gobierno y la delincuencia provocó fracturas al Estado de derecho, diluyó la institucionalidad democrática y ha puesto en riesgo a la ciudadanía.
Extraña que algunos análisis en seguridad se concentren en las fiestas, ropas y autos de los capos de las drogas, cuando la problemática horizontal de seguridad está en el 95 por ciento de los delitos del fuero común que son responsabilidad de gobiernos estatales y municipales, cuando lo que ha estado en riesgo es la seguridad interior en diferentes regiones del país, y más aún cuando se ha hecho evidente el grado de infiltración que llegó a tener la delincuencia en diferentes gobiernos locales.
También sorprende que se piense que la forma eficiente de enfrentar la delincuencia organizada es con las armas, esta idea pasa por alto que el Estado dispone de diferentes medios para investigar y perseguir los delitos, medios que se están fortaleciendo en lo fiscal, lo financiero, lo administrativo y las medidas anticorrupción. La solución real y robusta ante la delincuencia que afecta la seguridad pública e interior está en las capacidades y tecnologías del Estado mexicano, en solucionar de fondo las causas de la violencia, en establecer un nuevo basamento ético en el trabajo del Gobierno y en la mejora del sistema de justicia penal. La tarea vista así es enorme y de largo aliento, pero es la ruta que una sociedad democrática y abierta debe seguir.
*Dr. Jorge A. Lumbreras Castro
Académico de la FCPyS – UNAM