Vivimos en un mundo globalizado. Las relaciones comerciales que México mantiene con más de 50 países del orbe son prueba de ello. A pesar de que nuestro país es un Estado soberano, reconoce en su Constitución a los tratados internacionales en materia de protección de los derechos humanos como parte integral de su legislación, lo cual implica también la sumisión del Estado mexicano ante la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo los fallos de su Corte.
La globalización implica, necesariamente, cooperación internacional en materias tan delicadas como el combate a la delincuencia organizada transnacional. Sin embargo, mantiene en tensión los vínculos entre Estados nacionales y genera la necesidad de replantear permanentemente los límites de conceptos como Soberanía y Seguridad Nacional.
Los vínculos entre Estados nacionales van más allá de sus relaciones comerciales y diplomáticas, pues el surgimiento del terrorismo y de la delincuencia organizada trasnacionales en sus múltiples manifestaciones, obliga a generar esquemas de cooperación, cuyos límites deben estar precisados en sus respectivas legislaciones.
El concepto Seguridad Nacional es relativamente nuevo en nuestro marco jurídico, a pesar de la existencia de organismos encargados de su preservación, desde mediados de los años 80.
La Ley de Seguridad Nacional data del 31 de enero de 2005 y surgió con la intención de delimitar el ámbito de acción del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que entonces dependía de la Secretaría de Gobernación y que fue sustituido por el Centro Nacional de Inteligencia, a partir de diciembre de 2018, ahora dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, tendente a acotar el trabajo de los agentes extranjeros que desarrollen actividades en materia de seguridad en México envía dos mensajes diferenciados: por una parte, espera que su lectura en el ámbito nacional sea interpretada como una medida de fortalecimiento de la soberanía nacional frente al “intervencionismo” estadounidense, mientras que, por otro lado, pretende limitar el trabajo de agentes estadounidenses en la investigación de delitos, particularmente los relacionados con narcotráfico y “lavado” de dinero.
Para efectos prácticos, las modificaciones planteadas en dicha iniciativa, van a dificultar la relación con el nuevo gobierno estadounidense, particularmente en lo relativo a las políticas de control de drogas sintéticas y blanqueo de divisas, en las que el actual gobierno de México ha demostrado ser laxo y condescendiente.
Si la intención del gobierno de México es la de proteger a sus narcotraficantes, como se puso de manifiesto con el desastroso operativo para detener a Ovidio Guzmán López —quien debió ser entregado al gobierno estadounidense por existir un pedimento de extradición— la iniciativa que limita el actuar de agentes extranjeros en territorio nacional va a provocar un escenario de múltiples dificultades con el gobierno de Joseph Biden, que desde luego afectará las relaciones comercial y diplomática. Nada bueno para México.