Nuestro país mantuvo en el lapso que va de 1940 a 1982 un modelo de desarrollo “hacia adentro” que se fundó en la intervención del Estado en la economía. Las transferencias de recursos públicos a las actividades económicas sustentaron un crecimiento sostenido durante varias décadas en que el crecimiento del PIB fue superior al seis por ciento en promedio anual. El “milagro mexicano” fue por años un ejemplo sobre las capacidades de un país para instalarse en la ruta de la modernización básicamente desde la industria y el mundo de lo urbano. El modelo de Estado desarrollador brindó frutos a la nación mexicana que se expresaron en avances en educación, salud, empleo e infraestructura. Un factor que afianzó la intervención del estatal fue la industria petrolera que, a base de endeudamiento público, reportó altos ingresos al país, hasta que los precios cayeron, a la par que subieron las tasas internacionales de interés y el país incursionó en una crisis financiera.
Sin embargo, el problema central desde fines de la década de los años setenta del Siglo XX, no fue que subieran las tasas de interés o que nuestro país tuviese una deuda externa impagable, en cambio, la problemática radicaba en que la economía mundial había cambiado y su centro de gravedad pasaba del sector industrial al sector servicios. En otras palabras, las revoluciones de la calidad, de la inteligencia agregada, de las tecnologías del conocimiento y de las finanzas internacionales, marcaban las tendencias hacia las economías a escala, la regionalización y hacia la globalización de capitales. México quiso fugarse de la historia durante casi una década, hasta que estalló la crisis de los años ochenta que obligó, a lo que en su momento se denominó “cambio estructural”.
México, hasta fines de la década de los ochenta incursionó en las coordenadas de la nueva economía mundial y debió hacerlo en medio de una grave crisis económica, social y política; un resultado de esa política fue la firma de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en el año de 1994; por primera vez México entró a negociar de fondo su política arancelaria y optó por participar en la construcción de una de las zonas económicas más importantes del mundo.
La decisión de transformar la economía nacional fue por demás compleja porque por una parte diversos sectores abogaban por continuar la ruta del nacionalismo económico como sinónimo de intervención estatal, endeudamiento público, finanzas deficitarias y sostenimiento de un gran sector paraestatal, por otra, se apostaba a que México se instalara en las nuevas coordenadas de la economía mundial donde el costo sería alto al requerirse racionalidad en las políticas públicas, finanzas públicas sanas, desregulación de la economía, apertura a las inversiones extranjeras y un nuevo estatuto comercial.
La reforma del Estado mexicano permitió al país instalarse en la realidad de la economía global con altos costos políticos para el entonces partido gobernante, lo cual se expresó en las elecciones de 1988, cuando los efectos de la “década perdida” como la llamó la CEPAL, se decantaron en las urnas. Desde entonces, se generaron percepciones y análisis, unos fundados otros no, respecto al camino que México debía seguir dados los graves riesgos que supone la interacción con la economía más grande del mundo, es decir con los Estados Unidos, en una historia que ha estado significada por la intervención, abusos y amenazas de esa nación definitivamente contra México, en eso no hay discusión.
México emprendió un proceso acelerado de reformas en lo económico, lo político y lo social para acercarse a las nuevas rutas del desarrollo humano, se sanearon las finanzas públicas, se desreguló la economía, se permitió la inversión extranjera directa, se redujeron los subsidios a una planta productiva nacional ineficiente e improductiva y se realizaron profundas reformas políticas que dieron vida al Instituto Federal Electoral (IFE) hoy Instituto Nacional Electoral (INE), a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y surgió con ello el concepto de instituciones no mayoritarias, es decir, instituciones auxiliares de la constitución con autonomía, lo que daría lugar al surgimiento del Banco de México, evitándose con ello que variables económicas clave, dependieran de la voluntad del gobernante en turno, es decir del presidente de la República.
Modernización económica
La otra pieza decisiva de la nueva ruta de modernización económica del país fue la Firma del Tratado de Libre Comercio, que en 23 años de vigencia permitió que las exportaciones mexicanas crecieran al pasar de 28 mil 843.7 millones de dólares en 1994 a 197 mil 529 millones de dólares, un incremento superior al 600% en ese periodo. La visión estratégica de los Estados Unidos en ese momento transitaba de la Guerra Fría hacia una postura de generación de zonas económicas, de la bipolaridad de tránsito a la multipolaridad y de las economías cerradas a las economías abiertas.
Este acercamiento con los E.U. significó para México en la vía comercial dividendos y, a la par, una fuerte dependencia respecto de su principal socio, también ha significado riesgos dada la presión de E.U. para instalar sus burocracias y agencias de inteligencia en México y aún para presionar en la lucha contra el narcotráfico, donde la mayor responsabilidad está en el gobierno de ese país, dado que ninguna de sus políticas ha logrado reducir el número de personas adictas, ni tampoco ha enfrentado a la poderosa economía que vive de mantener a millones de personas en las adicciones, la cual por cierto no es mexicana.
Esto lleva a plantear que el TLCAN es una pieza estratégica para el desarrollo del país, para la generación de empleos y las inversiones, lo anterior es una agenda en sí misma; como también lo es que la intervención de grupos de interés norteamericanos en México busca ser creciente en asuntos que van más allá de lo comercial y lo económico; por ello, es necesario que la clase política nacional considere que la negociación del TLCAN es un asunto de seguridad nacional, es decir, un tema que afecta de forma directa, actual y geográficamente próxima a los intereses y objetivos nacionales. Es sustancial que los partidos políticos muestren capacidad para generar unidad política, para desarrollar una narrativa consistente y para generar márgenes de fortaleza ante lo que se define en la mesa.
Los partidos y los líderes políticos habrían de estar atentos a los factores que interfieren desde E.U. y desde nuestro país en la negociación, en enfocar los distractores y núcleos de tensión, en identificar a los grupos que buscan desde sus intereses dividir a la clase política nacional y en ponderar a los medios de comunicación a sueldo de intereses extranjeros que entregan de forma gratuita “valiosas piezas de información” bajo la expectativa de mantener y ahondar la división política. Ha de reconocerse que actores críticos y hasta anti-sistémicos, pero de probada honestidad intelectual, han mostrado cautela en lo que ocurre con E.U. Entre los partidos y actores políticos de México está la mesa de negociación que genera unidad, solidaridad y confianza sobre los intereses y objetivos nacionales, se espera que su desempeño sea semejante al que debe asumir el equipo de negociación mexicano.
Jorge Alejandro Lumbreras Castro es Consultor y Académico de la FCPyS de la UNAM