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Seguridad Nacional condicionada

La Ley de Seguridad Nacional de EU refleja la preocupación del Congreso ante las acciones unilaterales de Trump. | Alicia Fuentes

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Escrito en OPINIÓN el

El pasado 13 de agosto frente a la audiencia de la base militar en Fort Drum, Nueva York, Donald Trump vendió como un logro de su administración la Ley de Autorización de Defensa Nacional John S. McCain (NDAA) para el año fiscal 2019, con la que el Congreso estadounidense autoriza no sólo un aumento del financiamiento en las acciones de seguridad, sino también cambios en las fuerzas militares de Estados Unidos.

La NDAA de 2019 incluye un presupuesto para nuevos equipos y actividades militares de 716 mil millones de dólares (mmdd), monto que representa un incremento del 12% con respecto al presupuesto de 2018 y el 23% más en relación con el presupuesto de 2017 de Barack Obama.

Sin embargo, lo más relevante la Ley de Seguridad Nacional es que refleja la preocupación del Congreso ante las acciones unilaterales de Trump y busca deliberadamente restringir las actividades de su administración y la forma en que éstas se llevan a cabo, especialmente las relacionadas con el uso de la fuerza militar, la cooperación, las operaciones cibernéticas, la defensa antimisiles, las armas nucleares, la inversión extranjera, la guerra espacial y los vínculos con el exterior.

Entre los principales objetivos de la NDAA se encuentran la actualización de las fuerzas militares para garantizar que Estados Unidos puede enfrentar cualquier amenaza. Por ejemplo, la Defensa y la Marina estadounidenses deben reajustar sus estructuras y procesos internos, para alinear sus prioridades con la NDAA y eliminar duplicidades; el Secretario de Defensa debe reevaluar todas las misiones militares actuales de Estados Unidos y revisar exhaustivamente la función y el número de efectivos de cada servicio armado y cómo éstos alcanzarán sus respectivos objetivos conforme la Estrategia de Defensa Nacional (NDS) publicada en diciembre de 2017.

Asimismo, la NDAA permite al Secretario de Defensa, en coordinación con el Secretario de Estado, la búsqueda de actividades de cooperación y asistencia que promuevan el aumento de la capacidad de fuerzas aliadas; amplia un programa de ayuda para seguridad fronteriza a países como Egipto, Jordania, Líbano, Omán, Pakistán y Túnez; pero obliga a los secretarios de Defensa y de Estado a revisar los procesos utilizados hasta hoy, para posteriormente comenzar a limitar los recursos a aquellas instancias que hayan violado derechos humanos. 

Respecto a los acuerdos internacionales que el Departamento de Defensa utiliza para compartir equipos con fuerzas aliadas, y a raíz de lo observado con el apoyo brindado a la coalición encabezada por Arabia Saudita en Yemen, la NDAA prohíbe compartir equipo y suministros con aliados que puedan a su vez compartir con un tercero que no cumpla con los requisitos legales de Estados Unidos. Por otra parte, solicita al Secretario de Estado certificar que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita están haciendo esfuerzos para terminar la guerra civil en Yemen y aplicando medidas de ayuda humanitaria.

Ataques cibernéticos, misiles, fuerza espacial

También, la NDAA autoriza al Departamento de Defensa a responder ataques cibernéticos de China, Irán, Corea del Norte y Rusia con operaciones cibernéticas proporcionales y le ordena crear una Comisión de Seguridad Nacional sobre Inteligencia Artificial en 2020.

Consistente con la Revisión de la Postura Nuclear (NPR) que la administración Trump publicó en febrero de este año, la NDAA autoriza fortalecer el arsenal nuclear. Las disposiciones más significativas son la autorización al Secretario de Energía a desarrollar armas nucleares de bajo rendimiento capaces de disuadir amenazas para Estados Unidos; así como la prohibición al Departamento de Defensa para reducir el número de misiles balísticos intercontinentales por debajo de 400 y le ordena desarrollar un sistema de defensa antimisiles. 

El NDAA contempla expandir las capacidades de combate en el espacio exterior, que difieren de la propuesta de "fuerza espacial" de Trump, pues entre otras cosas establece un Comando Estratégico de Estados Unidos responsable de coordinar todas las actividades militares en el espacio exterior y ordena al Secretario de Defensa desarrollar una política de combate espacial para identificar las posibles amenazas en los próximos 10 años y en la que considera a aliados extranjeros.

En materia de uso de la fuerza militar, la NDAA redefine el término “operaciones militares delicadas” e incluye cualquier operación letal, captura de individuos específicos, operaciones en defensa propia o de aliados extranjeros. En una aparente respuesta a los daños ocasionados a las víctimas civiles durante el bombardeo a Siria en abril pasado, la nueva Ley de Seguridad estadounidense ordena al Secretario de Defensa nombrar como responsable a un civil de alto nivel para que, de ser necesario, se coordine con organizaciones de la sociedad civil en apoyo a las víctimas civiles en un conflicto armado.

Relación con otros países

En cuanto a la relación con otros países, el NDAA autoriza 300 millones de dólares (mdd) para el programa de entrenamiento y equipamiento de la oposición en Siria y 850 mdd para contrarrestar al Estado Islámico en Irak, pero condiciona estos recursos a la entrega de informes sobre la estrategia estadounidense tanto en Siria como en Irak que nunca se han presentado.

Como respuesta a la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, el NDAA enmienda formalmente las funciones del Consejo de Seguridad Nacional para incluir las operaciones de influencia extranjera maligna, y las reglas sobre los medios de comunicación extranjeros en Estados Unidos, imponiéndoles requisitos de registro similares a los de los agentes extranjeros conforme a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

Como reflejo del malestar del Congreso con el vínculo entre Donald Trump y Vladimir Putin, la nueva Ley prohíbe utilizar recursos para cualquier actividad que pudiera reconocer la soberanía de Rusia sobre Crimea; restringe el cumplimiento al Tratado de Cielos Abiertos especialmente en lo relacionado con sobrevuelos recíprocos; amplía la ayuda para Ucrania a 250 mdd, de los cuales  50 mdd son para asistencia letal; y pide a Donald Trump informar si Rusia está incumpliendo el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), qué prohibiciones sobre producción y prueba de misiles del INF son vinculantes para Estados Unidos y si el propio Trump ha sancionado a individuos y entidades que hayan contribuido con la violación rusa al INF.

Ante el prejuicio que Trump tiene sobre la OTAN, el NDAA resalta un abierto apoyo al "compromiso inamovible" de Estados Unidos para cumplir sus obligaciones con la OTAN y usar "todo elemento del poder nacional para disuadir y, si es necesario, derrotar la agresión rusa".

Enemigos históricos

Respecto a enemigos históricos de Estados Unidos la Ley resalta los casos de China y Corea del Norte. En el caso del primero, el Congreso solicita al Departamento de Defensa informar sobre la relación y estrategias hacia China, Hong Kong y Taiwán, y le prohíbe determinantemente involucrar a China en cualquier ejercicio naval en el Mar del Sur, al menos durante un período de cuatro años. Respecto a Corea del Norte las disposiciones de la NDAA están orientadas a supervisar las negociaciones sobre desnuclearización que Mike Pompeo encabeza con el régimen de Kim Jong Un, y a restringir que el General James Mattis implemente el supuesto plan de Trump de reducir el número de los efectivos militares en Corea del Sur para presionar a Seúl en las actuales negociaciones comerciales.

En este sentido, no es de extrañar que Trump y su equipo hayan rechazado varias disposiciones de la NDAA de 2019, argumentando que exceden la autoridad constitucional del Congreso y se inmiscuyen en las del Ejecutivo de Estados Unidos.

Ante la evidencia y en contra de lo que dijo Trump, no es verdad que la NDAA de 2019 sea un logro de su administración. Por el contrario, la nueva Ley de Seguridad de Estados Unidos es producto de un proceso legislativo que atiende las preocupaciones de demócratas y republicanos ante el impacto de las acciones que Trump emprende bajo el argumento de la seguridad nacional. Si bien, las actividades de seguridad contarán con un aumento considerable del presupuesto, esto no significa que Trump tendrá acceso ilimitado a esos recursos, pues el Congreso tendrá la última palabra en la liberación del dinero a medida que cuente con los informes y las garantías de que no se adoptará una decisión equivocada derivada del mal humor de Trump.

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