La fuerza que ha tomado el debate respecto a la situación de las fuerzas armadas en nuestro país fue consecuencia del discurso pronunciado por el general Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa, la semana pasada.
La preocupación de las fuerzas armadas, en boca del general, coinciden con los 10 años de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la que el Ejército y la Marina han tenido una destacada labor. El justo reclamo tiene que ver con el trabajo, que se suponía transitorio, que por una década ha recaído en las fuerzas armadas, para el que no cuentan con atribuciones legales ni constitucionales, mientras que el Congreso de la Unión y el poder ejecutivo han fallado en el cumplimiento de sus obligaciones para contar con una policía entrenada, profesional y confiable que reasuma las funciones que jurídicamente le corresponden.
En estos diez años las fuerzas armadas de nuestro país han cumplido con la función que el ejecutivo les ha encomendado y por ello han tenido que pagar costos. La continua acción sin sustento legal ha ocasionado que no sólo se devalúe la opinión de la ciudadanía respecto a esta institución sino que, además, han sido duramente señalados nacional e internacionalmente por las continuas y graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país.
Mientras tanto, el Congreso de la Unión no ha hecho nada respecto a la ley de seguridad interna y mucho menos en ha trabajado en el marco jurídico para la policía mixta. Ambos asuntos duermen el sueño de los justos en algún cajón de algún legislador, y solamente se levantan de ese sueño cuando nuestros legisladores se sienten presionados o expuestos ante los medios de comunicación que acusan el trabajo que no han hecho a lo largo de los años y es entonces cuando anuncian que debatirán y aprobarán la ley de seguridad interna en 48 horas. Afortunadamente para los ciudadanos de este país, esa intentona de fast track legislativo fracasó.
De ese tamaño es el compromiso y la responsabilidad de nuestro poder legislativo con México, que un asunto de la trascendencia de la seguridad interna del Estado mexicano pretendían votarlo en 48 horas cuando llevaba años en el tintero, prórroga a prórroga se negaba a ser analizado y discutido.
La posición de las fuerzas armadas es entonces más clara que nunca: señoras y señores legisladores, titular del poder ejecutivo, en virtud de que ustedes no han cumplido con el trabajo que les correspondía y no se vislumbra en el corto ni en el mediano plazo que haya condiciones para que lo hagan, el ejército y la marina, para seguir haciendo un trabajo que no nos corresponde, requerimos del marco jurídico que sustente nuestra actuación que lleva una década en el aire y por la que hemos sido duramente cuestionados.
Sin duda la claridad del mensaje era necesaria y da cuenta de la situación en la que se encuentran las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El llamado de atención a los Poderes de la Unión es directo y oportuno. Necesitamos esa ley de seguridad interna así como también la de policía mixta que permita la salida paulatina de las fuerzas armadas de las calles para regresar a los cuarteles a cumplir con sus funciones. La una sin la otra no sirve para instrumentar el regreso a los cuarteles.
No necesitamos leyes al vapor y mal hechas en las que para su cumplimiento se establecen plazos en los transitorios o múltiples reformas, sino leyes que se aprueben pensando en el beneficio del país, en el futuro de México y la seguridad interna debe ser uno de los temas prioritarios para el país, por lo que debe ser tomado con la seriedad que el asunto amerita. La aprobación de un galimatías jurídico con el único fin de evitar las críticas de los medios de comunicación o las organizaciones no gubernamentales, no es lo que merece nuestro país. Necesitamos a las fuerzas armadas en sus cuarteles y a una policía profesional y confiable que cumpla con sus funciones.