Opinión

Seguridad en la 4T: entre cuatro fuegos

Las organizaciones criminales empiecen a desafiar abierta y consistentemente al gobierno de la 4T | Teresa Incháustegui Romero

  • 25/10/2019
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A medida que pasan los días y se acumula más información sobre el fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán, más dudas surgen sobre lo que realmente pasó y más preguntas cabe hacerse sobre la estrategia de seguridad de la 4T y sus verdaderos alcances. De entrada, desconcierta que el operativo fallido se desplegara para practicar una de las acciones enfáticamente cuestionadas y desechadas por el actual gobierno en la estrategia contra el crimen organizado: descabezar organizaciones e ir detrás de los capos. Esto lo han enfatizado en discursos y documentos diversos tanto el secretario Durazo como el propio presidente. ¿Por qué ese cambio repentino? ¿Fue un guiño al gobierno de Trump que días antes envío a personal de la DEA a la entidad para localizar en terreno, uno de los laboratorios más grandes y potentes del cártel para la producción de drogas sintéticas?  ¿Cómo se explica que un operativo desplegado en lo que podríamos llamar el Vaticano del Cártel de Sinaloa (la tercera organización criminal más poderosa y profesionalizada en el mundo) en Culiacán, fuera tan desprolijo en inteligencia anticriminal? ¿Se quería solamente amagar al capo, al parecer cómodamente instalado en un inmueble de su propiedad a espaldas de la Fiscalía del Estado, para “cumplir” con las formas ante el gobierno estadounidense? ¿No resulta deshonrosa para las fuerzas armadas la explicación que dieron el secretario de la Marina y el comandante de la Guardia Nacional, en la conferencia del día 17, de que “se abortó la operación porque el operativo fue precipitado, improvisado y deficiente” y, sin aviso a la superioridad como se adujo después; afirmación controvertida por generales de la SEDENA cinco días después señalando que se siguieron instrucciones y se obedeció la cadena de mando?

¿Qué tanto está pesando el factor norteamericano en esta crisis, la más fuerte hasta ahora experimentada en el gobierno de la 4T, que ayer mismo en voz de Richard Glenn, subsecretario de Estado Adjunto para Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley de EU, advirtió que requieren conocer la estrategia que la Administración de Andrés Manuel López Obrador busca implementar en esa área, para apreciar qué tan alineada se encuentra con los fondos y capacidades que el gobierno de Estados Unidos tiene disponibles y “evaluar su  progreso"?

En este sentido el gobierno de la 4T se encuentra atrapado en cuatro fuegos que debe sortear a la brevedad, si quiere solventar el aspecto que puede poner en picada la trayectoria de apoyo y avance que ha tenido el gobierno y el presidente entre la población.

1) El desafío territorial cada vez más abierto que las organizaciones criminales le están haciendo al Estado en las regiones bajo su control, como el caso de Guanajuato; Michoacán, Jalisco, el sureste de Veracruz y Tabasco, sin descontar Sinaloa, Guerrero, Morelos (en Tamaulipas todo sucede y nada pasa). Este desafío requiere para su contención del despliegue de efectivos y armamento de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas que no tienen capacidad de cubrir todos esos espacios simultáneamente, menos aún cuando se han multiplicado las misiones que deben atender en la frontera sur, la frontera norte, en el control de la inmigración, más lo que se sume en materia de desastres naturales, operativos sanitarios, siembra de árboles, construcción o reconstrucción de infraestructura y lo que se acumule. Para decirlo en breve, las fuerzas armadas están ya sobre estresadas y no es recomendable estirar más la liga, además de que es materialmente imposible, por su número, que puedan estar desplegados en toda la geografía del crimen.  En este sentido la vía de usar a las fueras armadas como dispositivo central en el combate al crimen organizado como lo hicieron Fox, Calderón y Peña, como lo exigen los simpatizantes de línea pura y dura del estado hobsiano, weberiano o maquiavélico, ya no da.  A menos claro de que se militarice el estado y se quintupliquen los recursos presupuestales. Pero esta es una vía cuya salida del túnel es completamente incierta ya que generaría más inseguridad, violencia y muerte. Sería más inteligente retomar la propuesta de despenalizar y regular la producción de mariguana y otras drogas, así como caminar hacia alternativas de justicia transicional para caminar hacia la pacificación.

2) La decapitación de organizaciones, a partir de la captura de grandes capos de la droga, que es el juego del establecimiento de seguridad de la Unión Americana,  en el fondo un gran show mediático para consumo interno, mediante el cual el gobierno de las barras y estrellas les muestra a sus conciudadanos, que: “El que la hace la paga”, aunque no se toque ni con el pétalo de una rosa el pingue negocio de la drogas en suelo americano, donde florecen las fortunas y las inversiones más rentables del negocio. La presión para seguir esta ruta que implica el condicionamiento de los recursos y apoyos del gobierno gringo a la abierta cooperación operativa y de inteligencia con sus agencias especializadas, incluso la participación de agentes armados en territorio mexicano y el espionaje, se agrega a su agenda de presiones migratorias y a su chantaje comercial.  Punto este ultimo altamente sensible a la precaria estabilidad económica que el gobierno de la 4T no quiere perder por ningún motivo.

3) El desafío de rearticular al estado federal y con éste desplegar una respuesta unificada, coherente e inteligente frente al crimen organizado, de cara a la fragmentación político-partidaria existente, a su vez vinculada con la diversificación de arenas subnacionales donde se han construido pactos narco-políticos-partidarios, que desatan, expanden y operan organizaciones o empresas criminales, cebadas por la protección de policías, fiscalías, presidentes o alcaldes municipales y hasta gobernadores. Porque a esta altura, con la experiencia y los resultados de la lucha contra el narco y el crimen organizado de Fox, Calderón y Peña, así como la evidencia de los cruces entre políticos-empresarios defraudadores y criminales que ha develado la 4T, entre el huachicol de arriba y el huachicol de abajo, intuimos que como en las ligas deportivas, cada uno de estos gobiernos jugó con un cartel y persiguió y prohijó a otros.  Por lo que cada vez más el dinero criminal ingresa en los carriles de la política electoral y en las carreras de los políticos, con el riesgo inminente de que, articulados con esa parte de oposición al gobierno cada vez más estridente y radicalizada, las organizaciones criminales empiecen a desafiar abierta y consistentemente al gobierno de la 4T en busca de su deterioro y caída en desgracia. En esta vía, el nivel de la confrontación y estridencia que se exhibió al día siguiente de lo de Culiacán, entre el gobierno y PAN-PRD a través de sus ediles, no deja muchas esperanzas de esto se pueda construir, aunque con una parte del PRI, la 4T puede tener más caminos de entendimiento. 

4) Superar la estrategia inicialmente propuesta que mira sesgadamente a un largo plazo de paz y orden social, pero que no ofrece solución alternativa y eficiente en el corto plazo, a un clima de violencia e inseguridad que no cesa de amagar contra la vida, alterar la paz y amenazar el patrimonio de la gente.  Una de la vías para resolver esta tensión, se atisba en el juego que está sosteniendo la UIF que dirige Santiago Nieto en el monitoreo de empresas y personas con operaciones turbias, que se ha usado inicialmente para perseguir a funcionarios corruptos de la pasada administración y acotar a la llamada Mafia en el Poder, pero que agregada a las recientes reformas al Código Fiscal de la Federación y las leyes de Seguridad y de Delincuencia organizada, puede dar origen a un poderoso aparato de inteligencia anticriminal que segue las fuentes del dinero sucio y ayude a desmantelar las capacidades logísticas y de penetración económica de la alta criminalidad. Se requiere en particular integrar toda la información de inteligencia anticriminal que han desarrollado por décadas la SEDENA, Marina, el otrora CISEN, la Procuraduría hoy Fiscalía, la PF plataforma México, UIF y lo que tienen los gobiernos de los estados, en un solo sistema, con protocolos de acceso diferenciados.  El problema aquí es de nuevo la fragmentación político-partidaria que desde el año 2000 medra en contra de soluciones cooperativas para resolver los más ingentes problemas nacionales. La democratización no ha sido un abono a la política de seguridad sino al parecer, por la perversión de la ambición del poder y la incapacidad para construir consensos reales, una complicación más. 

Si a este esfuerzo se agrega un autentico fortalecimiento del poder judicial, incluida la depuración de vicios y corrupción harto conocidos entre juzgadores, además de un esfuerzo serio y sostenido de inversión en peritos, criminólogos, ministerios públicos y policía de investigación, podríamos tener alguna certeza de que la impunidad, ese incentivo de 95% para delinquir que tenemos actualmente, se estaría reduciendo.

En cuanto a las políticas de largo plazo que el gobierno de la 4T ha colocado como piso sólido para una autentica recuperación de la paz y el orden, hay que decir que, si bien son encomiables pues cubren un déficit enorme que desde hace treinta años se venía arrastrando en materia de política frente a la juventud y la niñez, resultan insuficientes y les faltan asideros.  No por repartir becas y apoyos se recupera a las y los jóvenes de las adicciones y los negocios delictivos, máxime cuando la rentabilidad económica y el prestigio que otorga entre las masculinidades machistas mexicanas el uso de la violencia, otorgan mayores dividendos. Las políticas de prevención requieren del concurso de muchos sectores, actores e instituciones y abrevan de enfoques diversos y sofisticados, propios de la criminología ambiental y la sociología del género que no se ven concurrir en los programas y acciones que se están desplegando.