En memoria a Norberto Ronquillo.
A propósito de la violencia social expresada en delitos y crímenes del orden común, reflexionaba en mi colaboración a La Silla Rota el pasado 26 de abril, que hay una violencia entrópica asentada entre nosotros que parece multiplicarse en el cuerpo social, por lo que había que abordarla desde un análisis holístico, interdisciplinario e intersectorial para recuperar la paz positiva. Esa paz que según Johan Galtung implica no solo eliminar la violencia, sino desarrollar: “un patrón de cooperación e integración entre los principales grupos humanos”.
En un terreno social erizado por las desigualdades de género, clase, color de la piel, racismo, clasismo y discriminación de toda laya, la violencia que emana de nuestra estructura social, se proyecta en las pautas culturales y de comportamiento de todas y todos. Vivimos y batallamos a diario con un sistema económico basado en la sobre explotación del trabajo y de la naturaleza (somos la mano de obra mas barata del mundo, con las jornadas mas largas de trabajo, en un medio ambiente de polución, deterioro y despojo). Coronado por un cuadro institucional y normativo asentados en el abuso de autoridad, los privilegios para unos cuantos y la impunidad de quiénes desde el pináculo del poder hasta el triste poli de la esquina, infringen la ley. La procuración de justicia está colapsada si consideramos que solo 1 % de los delitos se sanciona. Y la impartición de justicia da visos de extendida corrupción, cuando observamos que los amparos y resoluciones de los juzgadores, en buena parte de los conflictos civiles y penales, se sesga según la fortuna personal y las influencias de las partes en litigio.
Para decirlo en breve: los conflictos que se generan en esas estructuras en lugar de resolverse se transmutan y escalan. Con ello la violencia se automultiplica y retroalimenta convirtiéndose en una mancha de tinta que se extiende día a día. Por eso las violencias: física, sexual, psicológica, económica; laboral, violencia de género, violencia interpersonal, familiar, escolar, violencia política, violencia simbólica, institucional, que padecemos cada día, son expresión del fracaso rotundo en la transformación y resolución de los conflictos que nos atraviesan, sin encontrar mediación institucional o social alguna. Y cuando la violencia se vuelve molecular resulta muy complejo revertirla.
Un factor de quiebre estratégico, para generar un punto de inflexión que marque un antes y un después, es la eficacia en la persecución del delito y el funcionamiento efectivo de la impartición de justicia. Que se cumpla a raja tabla la consigna de quien la hace la paga. Porque la impunidad campante es una invitación a delinquir o faltar a la ley y las normas.
Por esta impunidad a ojos vistas, en la última década hemos visto crecer delincuentes oportunistas, que, aprovechando el amplio margen de impunidad provisto, eligen la vía delictiva para resolver sus conflictos o necesidades.
En esta vertiente están los delitos de los primos delincuentes jóvenes, algunos incluso menores de edad: pequeños robos, asaltos a mano armada, incluso emprendiendo –como proyectos de mejor suerte y naturaleza- delitos de gran calado como el secuestro, cuya comisión exitosa, si vale tal calificación, pasa por un desarrollo logístico, costo, organización y temple solo para expertos.
Del año 2000 a la fecha hay por lo menos en todo el país, cuarenta casos similares de secuestro de jóvenes estudiantes de ambos sexos, perpetrados por conocidos, compañeros de escuela e incluso amigos (si se vale consideralos así) que por inexperiencia, falta de recursos logísticos o nerviosismo, terminaron en la privación de la vida de las víctimas; sin que ello los detuviera para seguir con la negociación del dinero exigido a sus familiares.
Entre estos casos podemos abonar los de Marisol Catalán, Karina Reyes Luna, Sebastián Préstamo Rivera, Aldo I.T., Patricia Gómez Osorno, Irais Ortega, Isarve Cano Vargas; Aldo Islas Todd, José Andrés de Larrañaga. A reserva de que se depeje una de las dos líneas de investigación en el caso de Norberto Ronquillo, el círculo cercano de este jóven pudiera estar implicado también en su lamentable deceso.
Destaca el dato que en su mayoría estos casos han ocurrido en escuelas o universidades privadas, por lo que tanto las víctimas como los victimarios son hijos o hijas de ex funcionarios, empresarios, profesionistas o, comerciantes sin apremios económicos o carencias evidentes que solventar. En este sentido los casos subvierten el suelo fundante de la criminologia clásica según el cual, son los marginales y carenciados sociales los sujetos llamados a delinquir.
Si la oportunidad hace al ladrón, como reza el adagio popular, la impunidad es una máquina para hacer delincuentes. Aquí de nuevo nos topamos con que la política de seguridad que se viene implementando desde 2007, continúa derramando los recursos hacia los operativos contra el crimen organizado llámese PFP; PF, Marina, Ejército, Guardia Nacional, mientras el delito común, molecular, crece día a día. Dedicamos grandes sumas para pagar fuertes taladores del frondoso bosque de narco, cuya persecusión financiera puede ser más eficiente, mientras dejamos que sigan caminando por el suelo las termitas que socaban nuestra seguridad en las calles, los hogares, las escuelas, los parajes, el transporte, las empresas, los bancos, las transacciones comunes y corrientes.
No abogo por una política para perseguir con espíritu implacable el delito menor en la versión de Rudolph Giuliani, o para concentrarse en aquellos considerados de alto impacto por afectar a la parte pudiente y más visible de la sociedad, donde como señala Gargarella, “la violencia de los poderosos sobre los débiles se entroniza”, sino una política para sanear y habilitar de entrada a las instituciones que deben reducir y eliminar el margen de impunidad, el costo casi cero de quien asesina y roba. Una política multisectorial que no cifre su eficacia en competir con los grandes atractivos económicos del crimen por la vía del ingreso en forma de becas a jóvenes que no estudian, sino que comience por rehabilitar a las comunidades y construya ciudananías de ida y vuelta, en el proceso de generar seguridad, certidumbre y paz.