Para algunos, el segundo informe de gobierno de la 4T, tendrá poco o nada que festejar y mucho menos qué presumir. Para otros, el proceso de transformación apenas comienza y toma forma, y el informe presidencial, será un buen momento para el recuento del inicio del cambio.
Y aunque para los detractores de López Obrador poco ha sucedido y hasta en algunos rubros, de acuerdo a su entender, se ha retrocedido, lo cierto es que muchas cosas han pasado desde el primero de julio de 2018.
Muchos de los acontecimientos y decisiones acaecidos durante el actual sexenio, han sido poco ortodoxos, quizás por ello los resultados no son los esperados en el marco de una nueva administración. La 4T desde el primer día de gobierno dejó claro que no serían los principios económicos los que determinarían la administración de López Obrador.
También dejó claro que habría un gobierno austero, sin excesos, ni privilegios para nadie en el servicio público. Aquí hago un alto, porque habrá quien diga que todavía existen prebendas en el servicio público.
Y tienen razón, la cultura enquistada de corrupción en el servicio público, no se borra de la noche a la mañana. Mucho menos cuando en los últimos 40 años, las arcas públicas fueron festín de políticos de alto y bajo rango y de empresarios de todos tamaños y nacionalidades.
De hecho, es casi un hecho que al término del sexenio de la 4T, no se haya erradicado por completo la corrupción dentro del gobierno, entre los políticos y entre los empresarios acostumbrados al dinero fácil. Lo que sí habrá cambiado, y así se espera que prevalezca en los gobiernos por venir, es el combate férreo a la corrupción que el actual gobierno está librando contra este mal añejo.
Romper con los esquemas que habían prevalecido en la política mexicana y la administración pública vilipendiada y denostada tiene sus consecuencias, porque de la noche a la mañana se desconectó a muchos políticos, funcionarios y empresarios que vivían prendidos a la línea de vida que les brindaba el presupuesto federal.
Para muchos, esto provocó la crisis económica que hoy vive el país y que la pandemia agudizó. Sin embargo, si viramos el radar unos grados a la derecha, nos encontramos con dos acontecimientos inéditos en la historia reciente de lo que algunos llaman el México moderno.
En principio, nunca antes un exprocurador de la república había sido indiciado y vinculado abiertamente al crimen organizado, situación que puso a Felipe Calderón en el ojo del huracán.
Hoy dos expresidentes, como nunca antes, están señalados abiertamente por vínculos de corrupción y narcotráfico. Y aunque hay quienes se empeñan en calificarlo como un “el show político”, lo cierto es que el asunto es grave, pues por más que se quiera minimizar, las investigaciones vienen desde Estados Unidos.
De sobra está enumerar todos y cada uno de los hechos que hoy están bajo investigación por causa de corrupción. Son tantos y tan escandalosos, que por ello le llaman show, pues el volúmen de casos, les hace pensar en linchamiento y revancha política.
La pregunta sería entonces, ¿es el gobierno una fábrica de casos ficticios de corrupción, o bien, es el momento de poner un alto a los políticos que actuaron y actúan al margen de la ley beneficiándose de ella?
Cierto es que la economía difícilmente se recuperará de los efectos que dejará la pandemia, que la lucha entre cárteles se recrudeció, que el empleo formal será un privilegio en los meses por venir y que un sector del empresariado seguirá combatiendo por todos los medios al gobierno en turno.
Pero también es cierto que la 4T, ya cimbró hasta sus cimientos el viejo estado mexicano perpetuado por el PRI y preservado por el PAN.
En resumen, el actual gobierno ha hecho cambios, pero no a los que estaban acostumbrados sus detractores que los entendían como reacomodos. No debemos perder de vista, que la 4T inició una revolución pasiva, y como en toda transformación habrá ganadores y perdedores.
Solo votamos porque esta transformación haga un México más justo e igualitario para todos en derechos y procesos.