El día de ayer, legisladores de diversos partidos políticos anunciaron que, al parecer, estarían convocando a un periodo extraordinario de sesiones de dos días a partir del 14 de mayo para aprobar, en las dos cámaras, las leyes secundarias en materia política electoral y la Ley General en materia de Delitos Electorales, aprobada por el Senado al término del periodo ordinario. Pero también se ha señalado que el periodo extraordinario podría aplazarse por lo que se convocaría hasta después del 20 de mayo.
La aprobación de las leyes secundarias en materia energética y de telecomunicaciones se realizará, según las predicciones de nuestros legisladores, a mediados del mes de junio, después de realizar foros en diversos lugares en todo el país en el caso de la energética.
Los temas que se discuten en la actualidad y que tienen atoradas las negociaciones para aprobar la legislación política electoral tienen que ver, entre otros, con la forma en la que se llevará a cabo la fiscalización a nivel nacional; la relación del INE con los órganos electorales de las entidades federativas; la nulidad de las elecciones; el servicio profesional electoral nacional; la regulación y requisitos para las candidaturas independientes, temas todos que abanderan los partidos políticos, de conformidad con sus intereses. Las candidaturas independientes son la clara muestra de que son los intereses de los partidos los que mandan cuando se discute una legislación de este calado. Otra muestra más, es la negativa de uno de los partidos para incorporar a la legislación secundaria en esta materia las candidaturas comunes, un asunto sobre el que hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado.
Poca credibilidad tienen nuestros legisladores cuando, monopolizando la discusión de las reformas trascendentales para este país, incumplen continuamente con los plazos establecidos, con poca seriedad en el tratamiento, análisis y discusión de los temas que deben incorporarse en la legislación secundaria.
Mientras tanto, la autoridad electoral se encuentra en una especie de impasse en el que, sin la legislación secundaria aprobada, no está claro el rumbo por el que deben seguir avanzando los trabajos del Instituto Nacional Electoral. En la mesa tenemos ya uno de los casos, previstos en la reforma constitucional, pero que no puede ser acometido con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en vigor: la semana pasada el Partido de la Revolución Democrática solicitó formalmente al INE la organización de su proceso interno para elegir al presidente del PRD. El INE tendrá ahora que afrontar esta tarea teniendo que prever diversas cuestiones que, como no hay antecedentes en este tema, tendrá que empezar desde cero. Las fechas del proceso electoral, el registro de candidatos, los requisitos, los plazos de campaña, los topes de gastos de campaña, el dinero para la organización del proceso electoral, entre otras cosas. Es decir, el INE organizará este proceso interno con los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática o lo hará con base en acuerdos del Consejo General. Este es uno de los muchos casos que hacen evidente la urgencia y necesidad de contar con el marco legal adecuado para el cabal cumplimiento de sus funciones.
Otro de los temas que ha suscitado debate es el que tiene que ver con el nombramiento de los consejeros electorales de las entidades federativas. A partir de una consulta realizada al Consejo General del INE por el presidente de la autoridad electoral de Oaxaca, se abrió el debate de un asunto de la mayor relevancia: la permanencia de los consejeros electorales actuales en sus cargos para el próximo proceso electoral. Uno de los argumentos centrales de los partidos políticos para aprobar la reforma constitucional en materia político electoral era, según diversos actores políticos, la grosera intervención y el ilegal control que los gobernadores y los legisladores de las entidades federativas ejercían sobre las autoridades electorales controlando candidatos, procesos electorales, recursos y la actuación de los institutos electorales locales. A mi juicio, a falta de legislación secundaria, debe realizarse una consideración de fondo respecto a la permanencia de los consejeros electorales en funciones, particularmente de las 17 entidades federativas en las que habrá elecciones el año entrante, cuyos procesos electorales iniciarán a más tardar en octubre de este año, o bien, a la aprobación de un calendario, procedimiento y requisitos para conformar los Consejos Generales de las 32 entidades federativas que haga de estos nombramientos un ejercicio transparente que nuestro Congreso de la Unión es incapaz de realizar.
Seguiremos, pues, esperando que los legisladores tengan tiempo para hacer su trabajo, enfrenten la tarea con seriedad, transparencia y legislen en beneficio de nuestro país, dejando de monopolizar los temas, tiempos y formas con el único objetivo de favorecer sus intereses de cara a la próxima contienda electoral. Los legisladores de hoy, sin duda, serán candidatos mañana, de ahí que tengan tanto interés en la redacción adecuada de la legislación que favorezca sus aspiraciones y en la conformación de las autoridades electorales en el país desde el INE hasta el último Consejo General en el país.
@C_Humphrey_J