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Sedena planea venta de predio en Santa Fe

Opacidad en el procedimiento que podría arrojar ganancias por mil millones de dólares | Adolfo Gómez Vives

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Escrito en OPINIÓN el

Denominado pomposamente como “Proyecto de Transformación y Modernización de la Industria y la Infraestructura Militar” la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha dado a conocer discretamente la mudanza de la industria militar a Puebla y, lo que es más preocupante, la venta de un predio, cuyo valor comercial podría llegar a los mil millones de dólares.

Enclavado en terrenos de Santa Fe y Chapultepec —una de las zonas más caras en cuanto al uso de suelo— se encuentra el predio de 127 hectáreas, que la Sedena pretende privatizar, mediante su venta a particulares, a través de un procedimiento de licitación, cuyo costo por conceptos de regularización, avalúo e impuestos podría alcanzar los 20 mil millones de pesos, lo que representa una cantidad similar a lo invertido en la línea 12 del metro de la Ciudad de México; techo financiero solicitado desde el ejercicio fiscal de 2017.

El área que se pretende privatizar tiene una superficie equivalente al 20 por ciento del Bosque de Chapultepec.

En la definición de las categorías de uso de suelo que se modificarán —cuya mezcla resulte más atractiva para los compradores— interviene la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (SEDUVI), quien recomendó la elaboración de un «Plan Maestro Especial» “que dirija las condiciones de proyección del producto para el usuario final”, como si se tratara de un bien privado y no de una propiedad federal, cuya venta supone una afectación ecológica preocupante por la tala de una importante cantidad de árboles, así como la destrucción de un monumento histórico de alto valor simbólico para el Ejército Mexicano: la Real Fábrica de Pólvora, construida en 1779 y reconstruida en 1908 debido a una explosión que la dañó seriamente.

En el procedimiento de cambio de uso de suelo también interviene el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), que actúa como “aval solidario”, organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que en el pasado lo fue de la Función Pública.

La respuesta de la Sedena

En el contexto, el coronel ingeniero constructor Sergio Gallardo Bonilla —quien encabezó el Comité de Desincorporación del predio, conocido como Campo Militar 1-F y el traslado de la industria miliar allí asentada hacia Puebla— “se quitó la vida” en Cancún Quintana Roo, el pasado 6 de febrero.

En agosto de 2017, la Sedena anunció el traslado de la industria militar al municipio denominado Oriental, en el estado de Puebla. Mediante convenio, Puebla cedió un predio de 600 hectáreas, mientras que el instituto armado invertirá mil millones de pesos, cantidad equivalente al 90 por ciento del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2017 de la Dirección General de la Industria Militar, en la construcción de infraestructura para esta nueva sede.

Llama la atención la respuesta que la Sedena proporcionó a la solicitud de información realizada por un particular, mediante folio 0000700076017, de fecha 17 de abril de 2017, en la que, entre otras cosas, se solicita se informe por qué no ha hecho público el proyecto, qué cantidad de dinero espera recibir la Sedena por concepto de la venta del campo de Santa Fe; quiénes son los posibles compradores, qué pasará con la hacienda histórica del siglo XVIII que se encuentra dentro del campo; se señale si existe dictamen para proteger las instalaciones históricas así como el acueducto del campo militar, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia; qué uso se le dará al campo al ser vendido; de qué manera asesora la SHCP a la Sedena para la venta del campo y qué costo tendrá mudar la industria militar de Santa Fe a Puebla.

La respuesta sólo exhibe la opacidad con la que se pretende manejar este asunto:

“Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Secretaría no se localizó ningún documento o registro que dé respuesta a su requerimiento, resultando aplicable el criterio número 07/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso al Información y Protección de Datos, en el sentido que no será necesario que el Comité de Información declare formalmente la inexistencia, cuando del análisis de la normatividad aplicable no se desprende obligación alguna de contar con la información solicitada, ni se advierta algún otro elemento de convicción que apunte a su existencia”

Tanto el coronel ingeniero constructor Roberto Nava Balderas, como el coronel ingeniero constructor Sergio Gallardo Bonilla —hoy fallecido— señalaron en documento informativo a su superioridad, que en relación a las condicionantes para el cambio de uso de suelo propuestas por la SEDUVI, “se podrían evitar con una conciliación política de superior nivel a este comité y el de las partes actuantes por parte del gobierno de la Ciudad de México, en el concepto de que dicha conciliación en caso de plantearse, se realice lo más pronto posible para no afectar los tiempos estimados en la ruta crítica para el “Proyecto de Transformación y Modernización de la Industria y la Infraestructura Militar”.

Quizá el acto de haber izado al revés a nuestro lábaro patrio durante la conmemoración de su 197 aniversario frente al presidente de la República, tenga la connotación de una legítima protesta, por este acto de privatización, en el que el gobierno planea la contratación de la correduría internacional Jones Lang LaSalle, para su comercialización.

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