Aunque ya se veía venir, no dejó de causar sorpresa que el pasado 26 de octubre, la administración de Donald Trump autorizara una reducción del 38% en el presupuesto destinado a la cooperación internacional para el desarrollo. En el año fiscal 2018, el gobierno de Estados Unidos dará 25.8 mil millones de dólares para ayudar a los países en desarrollo, cifra que representa una diferencia sustancial con respecto a 2017, año en el que asignó un monto de 41.5 mil millones de dólares.
De conformidad con la OCDE, Estados Unidos es el principal oferente de cooperación por el monto de recursos que destina para ese fin y el recorte presupuestario en 2018 no altera el ranking entre los principales donantes. El gobierno estadounidense proporciona asistencia al desarrollo principalmente a través la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), pero otras agencias gubernamentales también contribuyen en esta tarea, tales como los Departamentos de Defensa, Energía, Estado, Salud, Seguridad Interior, Justicia, Trabajo, Tesoro, Agricultura y de Transporte; así como a través de los Cuerpos de Paz, la Fundación Interamericana, la Corporación de Inversión en el Extranjero, la Fundación estadounidense para el desarrollo en África y el EXIMBANK. Todas estas instituciones trabajan en países en vías de desarrollo con un doble propósito: promover los intereses estadounidenses en el extranjero y financiar un gran número de proyectos en materia económica, de fortalecimiento de la democracia y gobernanza, derechos humanos, salud, educación, seguridad y asistencia humanitaria.
En el sitio https://foreignassistance.gov se encuentra la información que, a la fecha, está disponible sobre la distribución de los recursos que Estados Unidos etiquetó para la asistencia al desarrollo en el exterior. Un análisis del contenido permite obtener una radiografía de los intereses estadounidenses mundiales por temas y zonas geográficas, en la cual es evidente que la estrategia de la administración Trump es securitizar la cooperación internacional para el desarrollo.
Estados Unidos destinará al sector de paz y seguridad 7,723 mdd, equivalente a 30% del total de la ayuda que el país brindará al exterior en 2018. Este sector contempla la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, así como la mitigación de conflictos internos y las reformas al sector de seguridad. Los ámbitos de salud y ayuda humanitaria recibirán 6,860 mdd y 5,270 mdd, respectivamente; seguidos de democracia, derechos humanos y gobernanza con 1,590 mdd; desarrollo económico con 1,280 mdd, educación con 601 mdd y ambiente con 251 mdd.
En cuanto a la distribución geográfica, Asia experimentará un recorte del 71% de la cooperación internacional que recibe del gobierno estadounidense; América Latina un 35%; África un 21% y Medio Oriente un 7%. La asignación de recursos por región muestra claramente una recomposición de los intereses de Estados Unidos y la reafirmación de sus compromisos con sus aliados más cercanos. Salvo excepciones, en Asia y África Subsahariana se contará con una asignación importante para programas de salud, promoción económica y democracia, derechos humanos y gobernanza; y en Medio Oriente para operaciones de estabilización y reformas al sector seguridad. Cabe señalar que el presupuesto asignado a Israel se mantiene intacto (3,100 mdd), mientras que el de sus vecinos se reduce marginalmente.
A pesar de que en 2018 el recorte de recursos será considerable para América Latina y el Caribe, los principales destinatarios de financiamiento continúan siendo Colombia, Haití, México, Guatemala, Honduras, Perú y El Salvador. A excepción de Haití, que concentra el financiamiento en el sector salud, en el resto de los países mencionados Estados Unidos continuará financiando proyectos para la lucha contra el narcotráfico y las reformas judiciales, el control fronterizo, el desarrollo económico y la contención de la migración. Estos proyectos se insertan en el esquema de la guerra contra las drogas institucionalizada a través del Plan Colombia para la Paz, la Iniciativa Mérida y la Iniciativa Regional para la Seguridad de Centroamérica (CARSI por sus siglas en inglés), que han generado múltiples controversias y críticas en cuanto a su aplicación.
Colombia y México tendrán un recorte del 36% y 37%, respectivamente. En el caso colombiano el Congreso autorizó un presupuesto de 251 mdd. Dicho monto se encuentra enmarcado en el Plan Colombia para la Paz, que tiene como objetivo prevenir el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos y promover la paz y el desarrollo de ese país. Entre los rubros más importantes destacan: 147.9 mdd etiquetados para la lucha contra el narcotráfico; 22.65 mdd para operaciones de estabilización y justicia; 6.25 mdd contra el crimen organizado; 12.25 mdd para mitigar el conflicto interno; así mismo se incluyen 44.97 mdd para promoción de la democracia, derechos humanos y gobernanza, 12.65 para educación y 4.70 mdd para protección al medio ambiente.
Para México se tienen programados 87.66 mdd, una diferencia sustancial con respecto a los 138.5 mdd asignados en 2017. En 2018, México recibirá 48.66 mdd para proyectos de seguridad y 39 mdd para democracia, derechos humanos y gobernabilidad. La Iniciativa Mérida enmarca la ayuda en el rubro de seguridad. En este contexto, un total de 42 mdd serán utilizados para la lucha contra el narcotráfico, 1.50 mdd para programas sobre reformas judiciales y de seguridad, y 4 mdd para el combate al crimen organizado. Si bien la Iniciativa Mérida es cuestionable especialmente por la criminalización al consumo de drogas y la violencia desencadenada por la fragmentación de las organizaciones del crimen organizado, también es necesario reconocer que hasta hoy se ha constituido en el marco de cooperación por excelencia entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, tal como lo explica Alberto Lozano, Director del Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la UMAR.
La ayuda a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá se basa en la CARSI, la cual tiene como prioridad el fortalecimiento de las fuerzas policiales y de seguridad para hacer frente al narcotráfico, las pandillas y el crimen organizado, así como también el incremento de la capacidad de aplicación de la ley y la justicia.
Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela no tendrán recursos provenientes de ninguna institución del gobierno estadounidense en 2018. Esto no es casualidad, pues los cuatro países son miembros de la Alianza Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), que representa una respuesta ideológica y económica al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsada por Washington.
Como señalamos anteriormente, Estados Unidos es por mucho el principal donante de asistencia oficial al desarrollo a nivel mundial, seguido de Reino Unido, Alemania, Arabia Saudita y Francia. Si bien la ayuda que las potencias brindan a los países en desarrollo no puede resolver todos sus problemas, sí ha contribuido con el progreso en ciertos sectores en algunos países, pero también ha generado una dependencia de los recursos provenientes del exterior.
La reducción del presupuesto en 2018 y el marcado interés de Donald Trump para securitizar la asistencia al desarrollo, sin duda tendrá impactos importantes en cada caso. Una estrategia como esta sólo rendirá frutos en el corto plazo, ya que forzará a los países a enfocar sus esfuerzos en la agenda estadounidense. Sin embargo, la experiencia nos dice que el gasto en seguridad solo es efectivo cuando está acompañado de proyectos que atiendan las causas que originan el extremismo violento, el tráfico de drogas y la migración desregulada, entre otros; es decir que favorezcan la inclusión, la salud, la reducción de la pobreza y la buena gobernanza, a través de instituciones efectivas.
