La racha de estabilidad en los mercados financieros globales está por terminar. El periodo de apoyos y estímulos fiscales que otorgó la Reserva Federal de Estados Unidos durante lo más álgido de la pandemia se acabarán ante el imparable dinamismo en la economía norteamericana.
Esta decisión generará una volatilidad importante en los mercados financieros, en particular en las economías emergentes que verán una depreciación en el tipo de cambio y correcciones importantes en sus bolsas de valores. Y México no será la excepción.
Para hacer frente a ese panorama poco alentador, los analistas insisten en la necesidad de que el gobierno del presidente López Obrador envíe “desde ya” las señales adecuadas a los inversionistas en términos de certidumbre jurídica.
De no hacerlo, el efecto rebote que llevará a la economía a un crecimiento de hasta 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre de este año, se revertirá y pondrá en riesgo indicadores relevantes como la recuperación del crecimiento y el empleo.
Nos dicen que hay tres elementos de política interna que realmente preocupan a los inversionistas y que la actual administración no debe perder de vista: el compromiso de respetar a la autonomía del Banco de México, atender de manera inmediata la grave situación financiera de Petróleos Mexicanos y cumplir con la aplicación de las leyes, es decir, fortalecer el estado de derecho.
Nos comentan que en el círculo financiero más cercano al mandatario ya lo alertaron sobre este riesgo de corrección en los mercados, sin embargo, el presidente tiene puestas todas sus esperanzas en la reforma fiscal que diseñan las autoridades financieras. Una miscelánea que no prevé un aumento de impuestos porque esa fue una de las promesas que hizo López Obrador a los grandes empresarios y a los mexicanos.
Pero la pregunta es ¿de dónde obtendrá el gobierno los recursos para mantener los distintos programas sociales? Los analistas consideran que la reforma fiscal debe ampliar de manera considerable la base de contribuyentes, pero esta medida tendría un alto costo político que López Obrador no está dispuesto a asumir en el último tramo de su sexenio.
Preocupa padrón de celulares
Otra medida que genera una creciente preocupación es la cuestionada modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones que establece la creación del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil en donde los titulares de un celular tendrán la obligación de registrar datos personales y biométricos en un periodo no mayor a dos años.
Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia concedió una suspensión de la legislación a petición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ante la falta de presupuesto para su puesta en marcha, el mayor foco rojo es que la reforma detonará todavía más el robo de celulares por parte de la delincuencia organizada, tal y como ocurrió en una iniciativa que se promovió en la administración del ex presidente Felipe Calderón.
Otro de los temas que inquietan es la violación de las garantías individuales, el derecho a la privacidad y/o a la conectividad, ya que si los usuarios no se registran en un plazo de 24 meses, la autoridad correspondiente deberá desactivar su línea telefónica.
Así las cosas…