Main logo

¿Se acabaron las verdades oficiales?

Sorprende que en ocasiones, los recursos de comunicación de los gobiernos no se utilicen con la eficacia que les ofrece el enorme aparato operativo.

Por
Escrito en OPINIÓN el

La comunicación gubernamental sobre el tema de seguridad pública es uno de los mayores retos de la democracia. Con el avance de la alternancia y la transición se han creado nuevos paradigmas a los que todos —autoridades, medios y ciudadanía— debemos adaptarnos.

 

Lejos quedaron los tiempos de las “verdades absolutas.

 

Las verdades oficiales tampoco logran convencer a todos, como en ocasiones quisieran los gobiernos. Los mecanismos de control, censura y versiones unilaterales de los hechos ya no tienen la misma fuerza que hace tres décadas en nuestro sistema político.

 

La duda corroe los hechos, acciones y operativos.

 

Desde las ejecuciones de Tlaltlaya en junio de 2014, la desconfianza ha estado presente en varios de los sucesos relevantes de la lucha del Estado contra el crimen organizado. Fue el caso de lo sucedido en Apatzingán en enero pasado, y hace menos de una semana en Tanhuato, Michoacán.

 

En cada uno se ha cuestionado a las autoridades.

 

Y se ha criticado la eficacia y apego a la legalidad de los operativos. En consecuencia, en cada uno, se ha exigido la presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La narrativa oficial y las acciones de comunicación no apagan "el fuego"; tampoco disipan las dudas.

 

Como diría la abuela, "les pasa lo mismo que al cohetero".

 

Por eso los métodos, protocolos e instrumentos de comunicación sobre temas de seguridad requieren una revisión profunda. Primero, porque la evidencia demuestra que no está cumpliendo a cabalidad los objetivos que debe cumplir.

 

Segundo, por razones estrictas de gobernabilidad.

 

Y tercero, para mantener siempre fortalecida la legitimidad que debe tener el Estado en el uso de la fuerza contra los criminales y delincuentes. ¿Se puede lograr todo esto con transparencia, rendición de cuentas, derecho a la información y respeto irrestricto a los derechos humanos?

 

¿Se puede cumplir, además, sin provocar daños colaterales?

 

Quienes tienen la responsabilidad desde las instituciones lo ven francamente difícil. Más aún cuando el crimen organizado, además de no tener ninguna restricción ni código de ética, cuenta con armas cada vez más poderosas, grandes recursos económicos y la posibilidad de actuar en forma impune.

 

Visto así, las batallas son asimétricas o disparejas.

 

En esta ecuación, los recursos de comunicación de los gobiernos no tienen comparación. Por ello sorprende que en ocasiones no se utilicen con la eficacia que les ofrece el enorme aparato operativo, las nuevas herramientas tecnológicas y las cuantiosas inversiones disponibles.

 

Se podría asegurar, por lo tanto, que es una ventaja táctica.

 

De ahí la importancia que tiene evaluar y corregir el modelo de comunicación. La falta de articulación entre las diferentes vocerías de las instituciones —así como los mensajes y narrativas desfasados por las presiones naturales  de medios y ciudadanos desde las #RedesSociales— impiden el manejo de una agenda más eficaz.

 

Hay que reducir los frentes abiertos.

 

En el mismo sentido urge someter a evaluación los protocolos, las circunstancias en las que los funcionarios dan conferencias de medios, entrevistas selectivas, emiten comunicados o responden con tuits sin medir las consecuencias de no interactuar en forma horizontal con los usuarios.

 

Es hora de reconsiderar la figura de la Vocería activa.

 

Los voceros no son personajes que aparecen según la conveniencia coyuntural de los casos. Su labor debe ser constante, fluida e interactiva. La experiencia ha demostrado que el activismo comunicacional de los portavoces incrementa no solo la confianza de medios, periodistas, líderes de opinión y ciudadanos.

 

Es factor que reduce los conflictos y riesgos.

 

Como se ha demostrado, el tema de la seguridad pública se mantendrá en lo que resta del sexenio y lo trascenderá. La oportunidad que se presenta después de la jornada electoral del 7 de junio para hacer los cambios y ajustes que se requieren hay que aprovecharla.

 

Al país le vendría bien elevar la confianza en sus gobernantes.

 

Por supuesto que no me refiero solo al Gobierno de la República. Las acciones se tienen que llegar a cabo con igual o mayor profundidad en los gobiernos de los estados y en los municipios, en los poderes Legislativo y Judicial y en los organismos nacionales relacionados con los derechos humanos y la transparencia. ¿Por qué?

 

Porque la responsabilidad no es exclusiva de la Presidencia.

 

 

Preguntas y comentarios a sosaplata@live.com

Twitter @sosaplata