La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de negar las consultas populares sobre la reforma energética confirma la cerrazón del régimen y los grandes intereses económicos que están detrás del despojo del petróleo, los hidrocarburos y la electricidad.
El máximo tribunal del país en lugar de interpretar en sentido amplio nuestra Constitución y con un criterio garantista y progresista a favor de los derechos humanos y el derecho del pueblo a participar en las decisiones trascendentes, optó por justificar el atraco como un mero asunto de ingresos, como coartada para negarle a la ciudadanía su derecho a decidir.
En estos momentos en que el país atraviesa por la mayor polarización social, la violencia desatada, una grave crisis humanitaria y de derechos humanos que ha escandalizado a la comunidad internacional, el régimen ha optado por el endurecimiento, por cerrar las vías institucionales para que el pueblo se exprese. En lugar de actuar con altura de miras y abrir la posibilidad, mediante la libre participación del pueblo, de revertir una reforma que cuenta con el rechazo social de la mayoría de la población, niegan esta posibilidad sumando este nuevo agravio a la enorme irritación social que incluso pide la renuncia de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.
Bastaba con interpretar el texto constitucional con una visión amplia, como un auténtico tribunal constitucional para validar el ejercicio democrático de la consulta popular, pero es claro que las ministras y los ministros actuaron por consigna, agraviando a la mayoría de la población que rechaza este robo del siglo. En los artículos 1, 35 y 39 está abierta la posibilidad de consultar a la ciudadanía. En efecto dicen los citados artículos, lo subrayo con negritas:
Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares.
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos poli´ticos asícomo a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.
IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes.
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley.
VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que sen~alen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley.
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional...
Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de e´ste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
De estos artículos se desprende que la soberanía reside en el pueblo (Artículo 39), que las normas relativas a los derechos humanos (como el de participar en las decisiones públicas) se interpretan de la manera más favorable a su protección, que las autoridades están obligadas a promover y proteger los derechos humanos (Artículo 1°) y que es un derecho del ciudadano votar en las consultas populares (Artículo 35) sobre temas de trascendencia nacional (y los temas de soberanía energética y de la privatización del petróleo evidentemente lo son).
Una vez que las consultas tenían el respaldo ciudadano de millones de mexicanos, a través de las firmas que validó el INE, estas reformas privatizadoras en materia energética debieron ser motivo de consulta popular. Agarrarse de una prohibición del artículo 35 de someter a consulta temas de ingresos y gastos del estado es totalmente absurdo, cuando son temas trascendentes que implican una decisión contraria a la soberanía, cuando se trata del principal recurso de la nación e implican la propiedad de los mexicanos sobre sus recursos energéticos. No tiene que ver con un tema estrictamente de contabilidad gubernamental.
Es evidente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una corte de cortesanos con una sola excepción entre sus miembros, que sirven al poder y le dan la espalda al pueblo. Acostumbrados a los privilegios y jugosos emolumentos viven en su Olimpo aislados de la gente. No les importa la opinión ciudadana sólo el favor del Príncipe. Son cómplices del grave estado de cosas.
En ese contexto solicitamos a la mesa directiva de la Cámara de Diputados el pasado jueves a casi 80 legisladores que se le retire la medalla Eduardo Neri al mérito cívico, que indebidamente ostenta la ministra Olga Sánchez Cordero, y que le fue otorgada por el PRI y sus aliados en la Cámara. Vamos a seguir pidiéndole a más legisladores que se sumen a esta petición, la medalla es hoy una grave afrenta al Poder Legislativo y al pueblo de México porque no sólo se le negó al pueblo la posibilidad de ser escuchado sino que la ministra fue quien proyectó la sentencia.
En la misiva dirigida al diputado Silvano Aureoles, presidente de la Cámara de Diputados, expresamos lo siguiente: "Eduardo Neri quien fuera representante del Distrito Electoral Federal de Chilpancingo, Gro., ante la XXVI Legislatura del H. Congreso de la Unión, demostró gran valor civil, casi extraordinario, al hablar desde la tribuna en contra de Victoriano Huerta, por la desaparición del ejemplar senador de la República don Belisario Domínguez. En aquellos tiempos, estar en contra de Huerta era igual que tener asegurada una sentencia de muerte y aún a pesar de tal riesgo, el discurso que en aquel entonces pronunciara, cambiaría la historia de nuestro país”.
“Dicho legado de valentía y dignidad ha sido pisoteado el día de hoy por la ministra Olga Sánchez Cordero, la última persona que ha recibido la medalla Eduardo Neri, quien el día de hoy se ha manifestado en contra del clamor popular y el derecho de las personas a ser consultadas en temas de relevancia nacional, como lo es la reforma energética, violando así su mandato de guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, como integrante de uno de los Poderes de la Unión”.
“Ante estos hechos, las y los diputados firmantes, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, solicitamos a la mesa directiva que usted preside que la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, le sea retirada a la ministra Olga Sánchez Cordero, pues con sus actos ha atentado contra todo aquello que la medalla representa, así como contra el legado de tan importante mexicano, quien nunca dudó en enfrentar al poder, por defender al pueblo".
Cabe destacar que la solicitud la firman legisladores del Movimiento Ciudadano, PRD, PAN y PT.
En el caso de Acción Nacional la inconformidad de los legisladores es por la negativa a consultar al pueblo sobre el salario digno, además de otras resoluciones de esa ministra, a quien al parecer ya se le hizo costumbre agraviar a la población, como en los casos de Florence Cassez, el anatocismo y Lydia Cacho, entre otros.