Se ha dicho una y mil veces que la Suprema Corte de Justicia de la Nación requiere ministras y ministros con un alto conocimiento técnico del derecho; se ha repetido hasta el cansancio que un tribunal constitucional como el nuestro, requiere de personas independientes que puedan garantizarnos que la justicia se impartirá de forma imparcial.
Ad nauseam se ha argumentado que una Corte integrada por personas que dejen dudas sobre su honorabilidad, su compromiso con la protección de derechos humanos o su capacidad para comprender los grandes cambios jurídicos que ha experimentado nuestro país en los últimos años, abona la tierra de la desconfianza institucional, lo cual nos pone en la antesala de una crisis que podría echar abajo todos los esfuerzos que se han hecho en el país para construir una democracia.
También se ha expuesto de forma clara que una Corte que recibió el premio de derechos humanos de la ONU en 2013, no puede seguir operando bajo un esquema manifiesto de inequidad de género; se ha insistido en la necesidad de que el presidente de la República justifique los méritos de cada una de las personas que propone en las ternas como candidatas o candidatos a ocupar un asiento en el alto tribunal; se ha puntualizado que en una democracia constitucional es totalmente inadecuado que los puestos en la Corte se repartan entre los partidos políticos.
En numerosos foros se ha anotado que las comparecencias en el Senado de la República dejan mucho que desear respecto a deliberación pública y competencia democrática; se ha explicado en repetidas ocasiones que es indispensable que el proceso de designación de Ministras o Ministros debe ser uno transparente y en el que se garantice la participación de la sociedad civil.
Se ha dicho una y mil veces, se ha repetido; se ha argumentado ad nauseam; se ha expuesto; se ha insistido; se ha puntualizado; se ha anotado; se ha explicado. Después de tanto, es normal que nos preguntemos pero... ¿Qué se ha logrado? Sería necio y ciego decir que nada ha cambiado o que todo sigue igual.
Eso supondría no reconocer que todos los argumentos, explicaciones e insistencias se han traducido (quizá lenta e insatisfactoriamente) en la apertura de canales de comunicación que han permitido que la sociedad civil intervenga con cuestionamientos en las comparecencias de candidatas y candidatos a obtener la máxima investidura judicial. También implicaría negar que se ha logrado que los medios de comunicación pongan atención al tema y que la designación ha adquirido notoriedad, lo cual aumenta las posibilidades de un escrutinio ciudadano serio.
Pero igualmente necio sería decir que se ha llegado al lugar deseado, pues los procesos de designación para ocupar un asiento en el Pleno de la Corte aún nos dejan con muchas dudas: ternas en las que claramente se puede anticipar quién será designado; falta de diseño de un perfil de jueza/juez constitucional que deban cumplir mayormente todas y todos los candidatos; la ausencia de criterios de selección que indiquen que se está buscando favorecer el equilibrio en el alto tribunal; y los signos inequívocos de politización del cargo son algunas de las dudas más persistentes.
Tenemos un avance lento, para una sociedad ávida de signos que le aseguren que caminamos rumbo a la consolidación democrática y no rumbo a la quiebra institucional. En el diseño institucional de las democracias constitucionales, el poder judicial y muy especialmente los tribunales constitucionales –como lo es nuestra Corte- desempeñan un papel decisivo en el juego democrático: tienen en sus manos la responsabilidad de garantizar la solución pacífica de conflictos (administrar justicia) y garantizar la protección de los derechos humanos (sólo por citar dos de las más notables).
En ese sentido, un mensaje de defensa del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo no sería nada menor considerando la escalada en la exigencia de justicia en este país.
En las semanas anteriores, el presidente Enrique Peña Nieto ha emprendido lo que parece una cruzada contra el populismo y ha dado mensajes alentadores de decidida protección a los derechos humanos en la ONU. Muy a tono con esa postura le vienen al Presidente las designaciones que se deben realizar tras la inminente salida de la Ministra Olga Sánchez Cordero y el Ministro Juan Silva Meza en noviembre próximo.
Si hay un poder que pueda frenar los males del populismo (entendido como una forma de gobierno corrupta en la que se apela a las dádivas y el carisma de una persona o grupo) es precisamente el Poder Judicial, quien sería el contrapeso ideal para alguna o algún imaginario dictador populista que olvide las necesidades institucionales de esta nación en favor de su persona.
También son ideales las designaciones para darle sentido a los mensajes decididos del Presidente en materia de protección de derechos humanos, pues la Suprema Corte es la última barrera de protección de esos derechos, es la instancia idónea para evitar los excesos de un legislador que apela a las mayorías como único fundamento de su mandato o para evitar excesos de un Poder Ejecutivo que suponga que el carisma de una persona o grupo es suficiente para legitimar cualquier tipo de innovación presupuestaria desmedida.
Se juega en la designación un problema político añejísimo que nos puede llevar hasta Aristóteles, se trata del dilema entre un gobierno centrado en la personalidad o uno orientado por las instituciones y el derecho. Los mensajes contra el populismo y a favor de los derechos humanos sugieren que desde la Presidencia de la República se apunta al fortalecimiento de instituciones y al futuro democrático del país, esperemos que en noviembre veamos continuidad entre el discurso y la realidad.
El autor es Octavio Martínez Michel @Octavio_MMichel
Maestro en Filosofía Política por la UAM-I y Licenciado en Filosofía por la UNAM. Dedicado a la Historia y la Filosofía del Derecho desde hace 4 años, ha sido profesor de Historia del Derecho e Historia de los Derechos Humanos en la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana y el ITESM. Actualmente es Director General de Borde Jurídico.