Opinión

Satisfacción simulada

En la comparecencia de Arely Gómez no aparecieron cuestionamientos a la vulnerabilidad en las instituciones de seguridad en Guerrero o Michoacán.

  • 11/10/2015
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El jueves pasado compareció en el Senado, la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, en el marco de la glosa del tercer informe de gobierno.

 

Quizás lo mediáticamente más importante dicho por la funcionaria fue, la revelación que en las indagatorias sobre la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, se detuvo al piloto aviador que llevó al capo a otro lugar. De ahí nada nuevo bajo el sol.

 

Confirmó que las investigaciones por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa no se ha cerrado, pero omitió hablar de la responsabilidad política y legal de su antecesor, cuando la PGR a su cargo realizará una segunda investigación, que viene a descalificar la verdad histórica, producto de la primera investigación a cargo del exprocurador Murillo Karam.

 

La procuradora explicó los temas de Tlatlaya, Tanhuato, el informe del Grupo de Especialistas Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y no podía faltar, los escándalos inmobiliarios, como la Casa Blanca y Malinalco.

 

Llaman la atención tres temas sobre la comparecencia de la Procuradora. El primero, que tiene que ver con la coyuntura en las declaraciones del secretario de defensa, Salvador Cienfuegos, que parece que la procuración de justicia en México está politizada y no protege a los militares, y que podría haber sido un mensaje de inconformidad o protesta del sector militar dirigido a la clase política.

 

El segundo que podría ser el más delicado, es la indiferencia y naturalidad con que la clase política ve la violación de derechos humanos en México, cuya actitud pareciera contradecir el carácter multifactorial de la política de seguridad nacional mexicana, al omitir la seguridad humana.

 

Aquí parece que sólo la comunidad internacional y los organismos internacionales, como la OEA y Naciones Unidas, se dan cuenta que las políticas públicas de protección a la personalidad humana, son de pobre calidad y han sido superadas por la cultura de la omisión, por la cultura de la impunidad y de la corrupción.

 

El último tema es la parsimonia en los grupos parlamentarios en reclamar con firmeza, -no a gritos ni sombrerazos-, la política de procuración de justicia; como si un alto funcionario de una televisora hubiera dirigido una campaña para minimizar las críticas de la clase política en dicha comparecencia.

 

No aparecieron los cuestionamientos a la vulnerabilidad en las instituciones de seguridad en Guerrero o Michoacán; ni tampoco el papel del CISEN en los hechos en Ayotzinapa o Tlatlaya, que parece que fue de un bajo perfil.

 

Hubo ausencia de curiosidad por saber cuál fue el resultado de la visita de la Comisión de Diputados alemanes que estuvo en México en octubre pasado, para verificar el convenio en el marco de venta de armas de ese país a México.

 

Nadie preguntó si agencias de inteligencia y seguridad norteamericanas, como la DEA, el FBI o la CIA proporcionaron información en los temas sensibles que abordó la procuradora, como más de alguna vez lo han hecho, ni el sentido o contenido de ésta.

 

Que se haya operado una contención de la opinión pública o un adelantado control de daños, no significa que se haya erradicado la percepción ciudadana de un pacto de impunidad que pudiera existir entre todos los partidos y su clase política para ocultar lo penoso del estado que guarda los derechos humanos en México. Aquí subyace la percepción de la CIDH y de Naciones Unidas.

 

Estas instituciones internacionales ven la fragilidad y corruptibilidad de las instituciones de seguridad. Quizás tenga razón el subsecretario Roberto Campa Cifrián, al señalar que no todo en el país se encuentra como lo señala el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas; porque efectivamente son en lugares muy bien focalizados.

 

Lo que sí tiene razón el organismo de Naciones Unidas, es que la mayoría de las instituciones de seguridad tienen insertado en la cultura de operación en seguridad, la violación de derechos humanos como una práctica que no es combatida.  Vino a demostrar lo delicado en que se encuentra el sistema de procuración e impartición de justicia mexicano. El primero, todavía funcionando con un sistema inquisitorio, mientras que el segundo, con fallas en el debido proceso y bajo la sospecha por la corruptibilidad de algunos jueces o la aplicación política de la ley.

 

Lo más grave, vino a demostrar la vulnerabilidad en que nos encontramos los ciudadanos que estamos integrados al campo social, por la colusión y permisibilidad de servidores públicos con la delincuencia, -de los tres niveles y en los tres órdenes de gobierno, en nuestro perjuicio.

 

Twitter: @racevesj