Opinión

Sanciones menores para corrupción

¿De qué tipo de justicia estamos hablando?

  • 29/05/2016
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Al paquete de iniciativas que probablemente sean la materia para el periodo ordinario de sesiones previsto para después del proceso electoral del 5 de junio, pretenden retirarle las reformas al Código Penal Federal así a la Procuraduría General de la República, y con ello, la corrupción sería una mera falta administrativa.

 

Esto de acuerdo con los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PRD), ambos en el Senado, de tal forma que las faltas de los servidores públicos se sancionarían sólo con suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del empleo, sanción económica, sin que el imputado pise por estos motivos la cárcel.

 

El Sistema Nacional Anticorrupción que propone el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, así como algunas ONG, exonera a los funcionarios públicos de ser castigados con cárcel, aun si cometen faltas graves de corrupción con los recursos del Estado.

 

El común denominador en múltiples ejemplos de corrupción que se presentan a lo largo y ancho del país, lo constituye la impunidad, como el elemento indispensable para que el servidor público o el político, no tenga un mínimo de vergüenza o conciencia en su realización.

 

La ausencia de estos elementos podrían ser violatorios de derecho, toda vez que cuando el derecho se basa en una relación de causa y efecto, no existe complementariedad, entre el concepto del delito, -la corrupción-, y su tipo penal o punibilidad, a efecto de proscribir esta conducta en servidores públicos y quien ejerce un cargo de elección popular.

 

Si el principio es, que ningún funcionario –ya sea que trabajen en la administración pública federal o en una local– compurgue con cárcel haber cometido delitos de corrupción, sin importar cuántos millones de pesos hayan robado o malversado, entonces, ¿de qué tipo de justicia estamos hablando? ¿De la justicia de tercer mundo, -lenta e inefectiva- como pareciera que así la quieren, para quien tome de manera ilegal lo que no le pertenece, pero como tribunales de primer mundo, -pronta y expedita-, cuando alguna persona que sin encontrarse en uso de sus facultades mentales tome lo que no le corresponde?

 

Es un tema grave. El Banco de México informa que la corrupción le cuesta al país, el 9% del Producto Interno Bruto (PIB). Si el Banco Mundial señala que en el 2014 el PIB en México fue de 1,295 billones de dólares (bdd), significa que la corrupción fue de 90.65 (bdd) y que quizás corresponda al presupuesto de varias entidades federativas, secretarías de Estado u otras entidades.

 

El Índice de Fuentes de Soborno 2008 (publicado por Transparencia Internacional, ya alertaba de que nuestro país ocupaba el segundo lugar a nivel mundial en prácticas de soborno tanto de políticos como de funcionarios públicos de niveles inferiores (el primer lugar era para Rusia. Un año antes, el mismo organismo alertaba de que la mayoría de la población mexicana (7 de cada 10) consideraba a los políticos como el grupo más corrupto de la sociedad).

 

Un estudio hecho por el CIDE y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), denominado “México: Anatomía de la corrupción” comparó la corrupción de gobernadores de México y Estados Unidos, de 2000 a 2013.

 

Mientras en Estados Unidos hubo nueve gobernadores acusados, con los mismos casos investigados y con las mismas detenciones, en México hubo 41 gobernadores acusados, 16 de ellos investigados y sólo 4 detenidos, exponiendo lo deficiente del sistema anticorrupción mexicano. El mismo informe señala una impunidad de 99.7% de delitos. De 1998 a 2012 se denunciaron 444 delitos y sólo 7 personas fueron consignadas.

 

Es muy posible que detrás de la recién presentada Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (2015) presentada por el INEGI, se encuentre la corrupción. Dicho instrumento de medición arroja que los servicios públicos municipales, como calles y avenidas, policía y alumbrado público, obtuvieron un nivel de satisfacción de 20.7%, 25.3% y 33%, respectivamente; mientras que los servicios públicos bajo demanda, como educación pública obligatoria, servicios de salud del IMSS, ISSSTE, gobiernos estatales y seguro popular, energía eléctrica, transporte público, metro o tren ligero y autopistas con casetas de cuota, cuyo promedio nacional fue de 43.5% de satisfacción.

 

Las razones por las que no pueda aumentar en un mayor porcentaje hay que buscarlas en alguno de los nichos de corrupción en cada uno de dichos servicios, como las compras a sobre precio, la venta de plazas, los comisionados sindicales, y las mochadas, principalmente.

 

A la ciudadanía le agravia y debe de vivir muy frecuentemente o quizás diario, entre la pobreza, la corrupción, el desempleo, la desigualdad, la delincuencia, la injusticia y la violencia, mientras que a la clase política en muchos casos vive alejado de la realidad de la ciudadanía y le ofende la crítica, el señalamiento, hablar de los moches, la transparencia, la anticorrupción y la denuncia pública.

 

@racevesj

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