Construir un mundo más justo y más saludable fue el lema con el que este año se conmemoró, el pasado 7 de abril, el Día Mundial de la Salud, que sirvió para repensar en lo que está ocurriendo actualmente en el planeta, a propósito de la pandemia por covid-19, que terminó por descobijar las inequidades sociales existentes en el mundo, producto de sistemas económicos en los que se privilegia la individualidad, pero curiosamente, terminan perjudicando a las propias personas al impedirles gozar de oportunidades laborales dignas, viviendas adecuadas para su desarrollo integral, acceder a una educación de calidad, contar con acceso al agua y a los servicios sanitarios, gozar de una alimentación adecuada y de otras condiciones que dignifiquen su devenir diario.
Lo anterior es un fragmento de lo que la Declaración Americana establece como parte del derecho a la salud, un derecho humano que a pesar de la relevancia que se ha visto que tiene hoy en día, tiene poco menos de cuatro décadas de haber sido planteado como tal dentro de los denominados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y adoptado en los textos constitucionales como el de México, donde apenas en la década de los 80 fue incluido como un derecho garantizado a nivel constitucional.
En un cuadernillo publicado recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se establece que “todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, entendida la salud, no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también a un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral”.
Una definición ceñida a la Declaración de Alma Ata, enarbolada en 1978, en la que se establece que la salud es un objetivo social relevante por lo que requiere de la intervención de diferentes sectores, no sólo los de corte médico y sanitario, y llama a que los pueblos participen individual y colectivamente en la atención de su salud.
En aquella conferencia se estableció la urgencia de alcanzar, para el año 2000, niveles óptimos de salud para todas las personas, a fin de que puedan tener una vida económica y social productiva. Por eso, enfatizaba en la necesidad de priorizar a la atención primaria de la salud, comprendida como la promoción, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de cualquier aspecto que afecte a la salud de las personas, en aras de alcanzar la justicia social.
Previo a la pandemia por covid-19, a propósito de los 40 años de la emisión de la Declaratoria, en varios foros se había advertido sobre la falta de acciones para lograr los objetivos planteados en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, pero dichos rezagos se acentuaron más durante el último año, sobre todo en regiones como América Latina, África y algunas partes de Asia.
En nuestro país se vive un nuevo paradigma en la materia, a partir de la reforma constitucional al artículo 4 de 2020 y la de la Ley General de Salud de 2019 para establecer que el derecho a la protección a la salud se amplía a la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para personas sin seguridad social.
Sin duda, un gran reto para una nación en la que, alrededor de 60 por ciento de su población, carece de seguridad social, y que, debido a la contingencia sanitaria, no se ha podido terminar de organizar el Instituto Nacional del Bienestar.
Después de lo vivido en el último año, queda claro que uno de los mayores indicadores de desigualdad entre países y entre individuos es el de la posibilidad de acceder a los servicios de salud, pero, no sólo a eso, sino a empleos dignos, a una vivienda adecuada, al agua, a la educación, a alimentos saludables, entre otros aspectos.
Por lo tanto, la atención a la salud debe cambiar de enfoque, no sólo sustentarse en la posibilidad de acceso a medicamentos y a servicios médicos, sino en dignificar la vida de las personas, y en disminuir las desigualdades existentes. De lo contrario, el tan anhelado mundo post covid-19 no representará una “nueva realidad” ni habrá dejado enseñanzas, ni habrá servido como una oportunidad de generar nuevos paradigmas, sino, por el contrario, perpetuará un sistema-mundo inhumano e indignante.