La deficiencia en la calidad de la atención de la salud aún no ha sido resuelto por el actual gobierno, pese a los recientes esfuerzos por realizar una reingeniería en el sector.
Hoy millones de mexicanos deben lidiar diariamente con un pésimo servicio en los hospitales del país donde pareciera que hacen un favor al atender a los pacientes.
Hay acceso limitado a los servicios de salud, y las quejas contra los prestadores del servicio médico aumentan diariamente. Los costos para atender a los mexicanos es elevado y aflora la insatisfacción.
Lo que es peor es que debido a ese pésimo servicio en cientos de hospitales se vienen perdiendo vidas humanas. Podrán argumentar que el caos actual no es culpa de la Cuarta Transformación, pero lo que no se dice es que el tema de Salud es la penúltima rueda del coche.
Hay personajes como Zoé Robledo, director del IMSS, que busca afanosamente mejorar el servicio, pero el presupuesto es insuficiente y le dejaron un elefante que ya casi no puede andar.
Desde Tamaulipas me envían una carta en la que se pide a Zoé, a los senadores y diputados y otros organismos para denunciar que dentro de la Delegación del IMSS Tamaulipas continúan con la corrupción y compadrazgo.
Se denuncia, además, que hay personal que se encuentra desempeñando puestos y que no reúnen el 75% de los requisitos de formación académica y laboral, pero por contar con apoyo de familiares dentro del Sindicato de la Sección X de Tamaulipas o por pagar una suma de dinero acceden a tener oportunidad de desempeñarse en puestos.
Un ejemplo de ello es el nombramiento de Erika de la Garza Gonzáles en plaza interina de la Coordinación de Nutrición y Dietética Delegacional, todo porque es familiar de Jorge González Ortiz quien ha ocupado puestos Sindicales en la época de la Dra. Beda Leticia Gerardo Hernández y ahora también con el Doctor Pedro Luis Ramírez Perales.
Al momento de ser nominada en la plaza de Coordinadora de Nutrición y Dietética únicamente contaba con 1 año y 19 quincenas de antigüedad dentro del Instituto y tenía la categoría de Nutrióloga.
Los requisitos, según el Catálogo Nacional de Descripción de Puestos Tipo de Confianza, son entre otros: una antigüedad de tres años como Jefa de Departamento de Nutrición y Dietética en Unidad Medica Hospitalaria.
También se ha denunciado la venta de plazas. Se emitieron recientemente 90 convocatorias para ocupar puestos y trascendió que han cobrado por cada una un mínimo de 250 mil pesos, lo que debe llevar al director general del IMSS a realizar una purga interna.
Respecto a la deficiencia de la calidad en la prestación de servicios de salud en varios Estados ha llegado a significar la pérdida de vidas humanas.
Urge en todo el país combatir las diferencias en calidad, en sus diferentes dimensiones. Urge elevar los estándares de calidad.
La actual administración del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, reconoce la trascendencia del tema, por lo que ha puesto especial énfasis en continuar desarrollando e implementando estrategias y acciones encaminadas a la mejora de la calidad de la atención a la salud.
México, según datos oficiales, es el segundo país de la OCDE con el mayor porcentaje de gasto de bolsillo en enfermedades crónicas lo que puede condicionar a una familia a caer en pobreza.
Mientras que el gasto de bolsillo de los mexicanos es uno de los más altos en el mundo, el presupuesto de la Secretaría de Salud ha decrecido más del 20% en términos reales durante el sexenio, según cifras oficiales del propio gobierno Federal.
En ese contexto, si una familia promedio tuviera que pagar el total del tratamiento de diabetes, tendría que endeudarse o vender su patrimonio.
De acuerdo con estadísticas sociales, los hogares afectados por una enfermedad crónica podrían tener un gasto de bolsillo del 20% lo que representaría pérdidas de ingreso que podrían alcanzar el uno por ciento del PIB.
El ingreso perdido por los hogares afectados por enfermedades crónicas, proyectado a 2030, equivale a 7.3 veces el presupuesto de la UNAM.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo sabe: México está al borde de una crisis de salud pública. Actualmente, el país enfrenta una epidemia de obesidad.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en los próximos diez años el 40% de los adultos mexicanos tendrá obesidad, principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas.
En México, las enfermedades crónicas representan 7 de las 10 principales causas de muerte, las dos más relevantes son diabetes y enfermedades del corazón.
A pesar de este sombrío panorama, el gobierno ha reducido en una quinta parte el presupuesto de salud lo que ha generado una insuficiente cobertura.
En ese contexto casi se aproxima a casi 20 millones de mexicanos los que carecen de algún tipo de protección financiera en salud.
Ello se suma a un creciente desabasto de medicamentos. Actualmente sólo el 61% de las personas con diabetes, hipertensión y dislipidemia que acudieron a los servicios estatales de salud (Sesa) salieron con todos los medicamentos.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en los Sesa, los tiempos de espera son 2.3 y 3 veces mayores que en el sector privado, respectivamente.
La recomendación de los especialistas es que para tener un México más saludable y competitivo se necesitan servicios de salud más inclusivos, eficientes y transparentes.
El actual panorama demanda una reforma profunda que garantice el acceso a los servicios de salud a todos los mexicanos y diseñar una política nacional de datos de salud que incluya al sector privado y permita la medición de resultados.
Urge incluir en la formación universitaria de médicos y enfermeros contenidos sobre ética, calidad, seguridad del paciente y medicina basada en evidencia científica.
En los últimos dos años, el gobierno federal recortó más de 15,000 millones de pesos al sector salud en México lo que generará que en los próximos años, el sistema enfrente una población que además de haber envejecido, presentará grandes índices de enfermos crónicos.
Las enfermedades crónico-degenerativas de mayor incidencia en la población mexicana, que además de cobrar el mayor número de vidas, demandan al Estado mayores recursos presupuestarios para su atención cada año.
La diabetes, el cáncer, los padecimientos cardiovasculares, cerebrovasculares, la neumonía, enfermedades crónico-respiratorias, hipertensión, obesidad y enfermedades del hígado son los enemigos número uno de la salud pública en México.
El panorama no pinta nada bien para un país que destina 6.2% del PIB a la salud, cuando el promedio de los países miembro de la OCDE es de 9.3%.
A corto plazo, el tema podría estallar en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ya empiezan a resentirse problemas de hospitalización, carencia de antirretrovirales y medicamentos para enfermos de cáncer.
Según cifras de la Secretaría de Salud, en un 45% de los hogares en México se tiene acceso al sistema de salud pública, en donde al menos un miembro de la familia está afiliado a alguno de los formatos de servicios de salud, IMSS, ISSSTE o al Seguro Popular, ya desaparecido.
Datos oficiales indican que en el Seguro Popular estaban inscritos unos 50 millones de personas y el sistema podría caerse si se corta de tajo el apoyo a los más pobres.
El diagnóstico del sistema de salud no es nada halagador y urge una reingeniería a fondo, combatiendo corrupción y abriendo oportunidades para los más pobres.