Ya sea por retrasos del gobierno federal o por el regateo de sus intereses particulares en las negociaciones entre sus aliados, para la entrega de sus iniciativas, se falló con cumplir los plazos establecidos para aprobar tres reformas constitucionales en el periodo ordinario de sesiones que concluyó el pasado miércoles 30 de abril.
Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores debían aprobar la legislación reglamentaria de las reformas político-electoral y energética, además de subsanar el retraso ya existente para las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones que debían haber sido discutidas y aprobadas desde diciembre del año pasado.
De casi 40 leyes que debían haberse aprobado, sólo se logró discutir y aprobar en ambas cámaras la Ley Federal de Competencia Económica, que en teoría establece medidas para combatir los monopolios y corresponde al paquete de leyes secundarias que derivan de la reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia económica.
¿Por qué el país se encuentra en lugares tan mediocres en los principales rankings y evaluaciones de competitividad? Es muy sencillo, porque Telmex/América Móvil controla el 95 por ciento de la telefonía fija en el país y el 75 por ciento de todo el sector, incluida la telefonía móvil. Cemex controla el 90 por ciento del mercado cementero nacional, el Grupo México el 95 por ciento de la explotación de cobre, Televisa el 70 por ciento de la televisión, Grupo Modelo el 65 por ciento de la industria cervecera y Femsa el 60 por ciento de la producción de refrescos. Vivimos en lo que se ha definido por el Premio Nobel de Economía Gary Becker, como un "capitalismo de compadres".
El fenómeno se reproduce en el sector bancario en donde 4 bancos extranjeros y uno nacional controlan el 80 por ciento de los créditos otorgados a tasas tan altas que les permiten sangrar a las mexicanas y mexicanos con las comisiones leoninas y usureras, para compensar las pérdidas que sufren en otras naciones. Así es, México a través de su banca subsidia las pérdidas de los bancos en otros países.
Así, como pasó con la Ley de Competencia Económica de Carlos Salinas del 24 de diciembre de 1992, desde ahora es posible decir a propósito de la nueva ley de la materia, que en unos años la realidad del país seguirá siendo la misma si no hay un cambio político de fondo y un cambio en el modelo económico, pues de otra forma los mismos monopolios y oligopolios existentes seguirán frenando la economía nacional. Encontrarán la manera de brincarse la ley, escabullirse por lagunas jurídicas o pactar con el gobierno seguir manteniendo su condición preponderante. El tiempo nos permitirá constatarlo.
La nueva Ley de Competencia Económica omitió la posibilidad de que los consumidores que sufran daños y perjuicios como resultado de una práctica monopólica tengan el derecho a exigir el resarcimiento de las pérdidas por la vía civil y sin que medie resolución en firme de la Comisión. Nada se dice de los usuarios, nada se dice de quienes sufren las consecuencias de los monopolios.
Por esa razón emitimos un voto en contra, para ser congruentes y no ser comparsas del régimen neoliberal. El gradualismo sólo legitima los excesos y la falta de competencia y de beneficios económicos a México.
Esta ley sumó a la lista de las leyes que se cambian para que todo siga igual, una reforma gatopardista, lo cual proviene del monopolio legislativo que se vive en el país, que ha sido el más grave para la nación, un ejemplo de ello es la Reforma Fiscal, que ha sido aprobada por legisladoras y legisladores que ahora se arrepienten de haber legitimado el daño a las ciudadanas y ciudadanos a través de la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes (REPECOS).
Con el cierre del periodo ordinario de sesiones, otras reformas tendrán que esperar otro momento para ser discutidas: la reforma política del Distrito Federal, la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción y la reglamentación de la Deuda de Estados y Municipios, entre otros.
La única gran victoria de este periodo ordinario fueron las reformas al fuero militar -que no resuelve todos los problemas relacionados con la militarización de la seguridad y tampoco resuelve todos los problemas contenidos en el Código de Justicia Militar-, pero sí es indudablemente una victoria de las víctimas y de las Organizaciones de la Sociedad Civil que han luchado junto con ellas hombro a hombro, por lo que me permito reconocer al Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a Amnistía Internacional México y al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, por el incansable trabajo que realizan para proteger y defender los derechos humanos en nuestro país.
Otro tema que atravesó las murallas del Pacto, fue la reforma promovida por el Diputado Ricardo Monreal y el suscrito para considerar como violencia laboral hacia las mujeres la solicitud de certificados de no embarazo o el condicionamiento a mantenerse en un empleo en razón de su estado civil.
Salvo excepciones, la productividad de este periodo se resume en paliativos legislativos que dejaron pendientes los grandes temas, sin embargo, es importante señalar que la ciudadanía ha salido nuevamente a las calles a exigir el respeto a sus derechos, en especial en materia de telecomunicaciones, lo cual suma esperanza a la lucha de las legisladoras y legisladores que desde Movimiento Ciudadano y el PoloProgresista luchamos por la defensa de los derechos de todas y todos.
@RicardoMeb