Las llamadas reformas estructurales han provocado que emerja con fuerza el tema del salario nuevamente. Y es que las reformas aprobadas a lo largo del último año y medio han contribuido directamente al deterioro del salario y de la capacidad económica de los trabajadores.
La reforma laboral estableció la posibilidad del pago por hora y legalizó la subcontratación, facilitó el despido y alentó la contratación efímera y sin derechos para los jóvenes. La reforma educativa se hizo para facilitar el despido de los maestros y debilitar sus derechos laborales. La reforma fiscal castiga al pequeño empresario y al empresario que otorga prestaciones a sus trabajadores.
Y la reforma energética, por su cuenta, permite que las grandes empresas extranjeras no paguen utilidades a sus trabajadores y sienta las bases para el despido masivo de empleados de Pemex y la CFE, así como la contratación de trabajadores con bajos salarios por las empresas privadas que incursionen en el sector energético. Las reformas estructurales, en resumen, son un atentado contra el salario del trabajador.
Pero esto no es algo nuevo, llevamos ya 32 años de disminución salarial. Hoy en día, el salario mínimo ha perdido el 79% del poder adquisitivo que tenía en 1976. Eso quiere decir que si el salario mínimo se hubiera quedado en el nivel que estaba en 1976, hoy sería de 10 mil pesos.
La disminución real del salario mínimo no es resultado del libre juego de las fuerzas del mercado si no de la decisión política de contenerlo y disminuirlo. Por un lado se aprobaron numerosas reformas estructurales a los largo de estos 32 años que vulneraron el salario. Por otro lado, los gobiernos del PRI y el PAN decidieron contener por decreto el monto del salario mínimo por debajo del índice inflacionario.
Para subir el salario hay que cambiar de gobierno y de modelo económico.