México ha venido padeciendo una extensa desigualdad provocada por todos aquellos partidos políticos del pasado que construyeron una cleptocracia (establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político y/o el peculado). Estas malas prácticas han ido mutando a lo largo del tiempo y, en cada inicio de gobierno, en su mayoría han quedado impunes. Todo esto es debido a que los funcionarios que se encuentran en el poder tejen redes de complicidades (sistema judicial, político y económico) para evitar que ser juzgados por sus corrupciones. Así sucedió con la famosa estafa maestra, por mencionar solo uno de tantos casos.
Estos grupos son quienes implementaron los monopolios en el comercio, quienes nos dejaron de herencia tantos impuestos, quienes han expropiado la naturaleza, y han otorgado contratos a sus amigos y familiares. Por consiguiente, el señalamiento del secretario de Marina Rafael Ojeda Durán, habla de manera clara y tajante sobre esta clase de políticos que se venden al mejor postor para ocupar un puesto público, y obtener ganancias enfocadas a sus intereses particulares.
A lo largo de mis columnas he realizado esa denuncia: funcionarios públicos de diversos niveles han dejado de lado el proyecto de nación, eje de la Cuarta Transformación. Debido a la torpeza de quienes deberían cumplir con el mandato para evitar las llamadas de atención del ejecutivo, maquillan los datos o los tergiversan con una verdad a medias. El problema comienza cuando no pueden justificar diversas problemáticas creadas por sus malas decisiones, impericia o falta de praxis. Muchos de esos asesores han aprovechado los argumentos del neoliberalismo y el conservadurismo para justificar su falta de compromiso para dar resultados; esa es la triste realidad. Es necesario que los funcionarios dejen de calentar su silla, se pongan a trabajar, y empiecen a dar soluciones. Si el ejecutivo decide seguir manteniendo a esas rémoras, en las próximas elecciones estaremos viendo a otro partido subir al poder que tratará de destruir los avances y cambios que se propusieron, mismos que están pendientes de consolidarse.
Tal es el caso que expuso Julio Astillero, durante una réplica, y coincide con lo que decimos quienes estamos de acuerdo con la transformación del país. Ese fuego amigo que ejerce “la comisaria” García Vilchis, deja de lado la imparcialidad. Muchos afiliados a MORENA están cayendo en las mismas prácticas del PRIAN, en esa cleptocracia que tanto ha dañado a México a lo largo de estos últimos sexenios. El cambio requiere medidas drásticas y que se ejerza la justicia que todos los mexicanos piden a gritos.
En días pasado el presidente de la República dio a conocer en la mañanera que se emitirá un decreto para liberar a presos del orden federal que cumplan con determinadas características, como ser mayor de 75 años, no estar procesado o condenado por delitos graves; ser mayor de 65 años y presentar un cuadro de enfermedades crónico degenerativas; e igualmente no ser condenado por delitos graves. También, aquellos encarcelados por el orden federal que lleven 10 años o más con procesos sin tener una sentencia de por medio, y todas aquellas personas que hayan sido torturadas y lo comprueben por medio del protocolo de Estambul. Éste es un Manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura o penas crueles, inhumanas o degradantes. Fue aprobado por la ONU en 1999 y es reconocido como el primer conjunto de directrices internacionales para los médicos y abogados sobre cómo determinar si una persona ha sido torturada, y cómo documentar esos síntomas; dicha información servirá como prueba válida e independiente ante los tribunales.
En lo personal considero que liberar a esos presos representa una oportunidad real para que todos aquellos mexicanos que han sido torturados, para autoincriminarse e incriminar a terceros, puedan obtener su libertad. Tal sería el caso de los elementos militares y navales que se encuentran presos con sentencias o procesos abiertos en las diferentes prisiones militares y federales del país. En su mayoría, estos elementos fueron torturados por la extinta policía judicial militar –hoy policía ministerial militar–, para declararse culpables y acusar a sus superiores de supuestos delitos. Esto da una luz de esperanza para todos aquellos elementos de las Fuerzas Armadas que fueron enviados a luchar una guerra contra el narcotráfico, sin un marco jurídico que los facultara y protegiera, que arriesgaron sus vidas y libertad para cumplir con su deber, y que fueron sacrificados bajo el falaz argumento de cuidar la imagen de las instituciones militares.
Por último, lo declarado por el Almirante Secretario José Rafael Ojeda Durán, respecto a que en México se carecen de servidores públicos honestos, lo que da como resultado una alta corrupción; es un compromiso de la Secretaría de Marina sobre la forma en que deberán actuar sus elementos ante el reto que conlleva tener responsabilidades fuera de su zona de confort, y que son altamente propicias para la corrupción. Ha puesto la vara alta y ha definido de forma clara que no se permitirá que ningún elemento de esa secretaría este señalado por corrupción. Esto deberá ser el ejemplo a seguir por las demás dependencias del estado mexicano, ya que la principal causa de la corrupción es la impunidad y la protección del poder hacia algunos cuantos corruptos que, con el falaz argumento de cuidar la imagen de las instituciones, cubren y protegen a altos mandos, sacrificando a los de menor grado. Esperemos que se aplique mano dura contra todo aquel mando naval que sea encontrado responsable de actos de corrupción, ése será el ejemplo que se pondrá para todos los demás elementos navales.