Escucho el noticiero. El conductor pregunta al analista por qué está detenida la legislación sobre transparencia. El interrogado toma aire y se suelta: Ésta y la legislación anticorrupción están detenidas por la corrupción que impera en el PRI. No nada más fueron ambas compromisos de campaña de Peña, sino, además, la Casa Blanca, Malinalco, Murat, Atlacomulco, el tren México Querétaro, un sin fin de anécdotas salpimentadas de maletines llenos de dinero, concesiones, licitaciones y contratos de obra y servicios, más un largo etcétera.
El conductor se engancha y le hace coro de su ronco pecho.
El auditorio asiente, aplaude y condena.
Al final nos quedamos como en un principio: Nadie sabe por qué está detenida la legislación sobre transparencia. El conductor no informa, el analista no analiza y al receptor le remueven afrentas recibidas, pero nadie sabe qué pasa, nadie informa y nadie explica. Todo queda en ruido.
El día siguiente (18/02/15), leo en Reforma que los comisionados del IFAI manifestaron su confianza en el Senado, tras reunirse con legisladores, intercambiar información y entregar 10 puntos específicos a incluirse en la ley. Reconocen los comisionados, además, que el Senado se esté abriendo a la discusión y no procesa la norma en negociaciones en lo oscurito.
En el mismo periódico y día, se da cuenta que la UNAM, INEGI y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal han presentando objeciones a la iniciativa de la Ley General de Transparencia, por considerar que se vulneran procedimientos que deben mantenerse bajo reserva, detallando, en cada caso, las razones de su preocupación.
Ese mismo día, la fracción parlamentaria de Acción Nacional condiciona su participación en la discusión de la ley a que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República envíe formalmente, y bajo firma, las 82 observaciones presentadas -se entiende que en lo económico-, al tiempo de acusar cerrazón del Senado al excluir a organizaciones sociales y especialistas, en abierta contradicción al reconocimiento expresado por los comisionados del IFAI y de la misma participación de los organismos arriba citados.
¿Qué tenemos? Sin duda un retraso en el procesamiento de la ley, que puede obedecer a haber privilegiado otras, o a cargas de trabajo, y no necesariamente a un interés avieso de proteger una corrupción sesgadamente imputada en exclusiva a un solo actor de nuestra plural realidad, por más que le quede el saco.
Un tratamiento propio del quehacer parlamentario, plagado de alternativas, posturas y presiones.
La presencia del Consejero Jurídico de la Presidencia de la República con observaciones a un proyecto de ley, al que no puede imputársele estar fuera de lugar, aunque, quizás, sí ausencia de formalismo; y, además -previa verificación con datos duros- una posible intención de restringir avances en materia de transparencia, lo que amerita un análisis casuístico y en sus méritos, ya que descalificar 82 observaciones a un proyecto de ley por supuestas intenciones políticas hace mucho ruido pero no acredita nada.
Un partido, el PAN, que condiciona su participación a nimiedades, ya que el Consejero Jurídico de la Presidencia puede decir misa y hasta inmolarse, que la determinación final y su correlativa legitimidad responde al Congreso.
Un proceso electoral que incentiva a los partidos a la no cooperación y a convertir en desencuentro y crisis política todo tema y todo evento.
Finalmente, una encrucijada política de alta rentabilidad, que favorece la obstrucción de leyes para luego acusar al adversario de falta de voluntad política u opacidad.
Regresemos a nuestro analista del principio, nadie puede negar la existencia de la corrupción, su presencia en todos y cada uno de nuestros referentes políticos y sus ramificaciones en múltiples actividades del quehacer social, pero explicar todo por la corrupción es no explicar nada.
El problema no es del nivel de análisis, ni de una fauna de analistas mediáticos que escupen ruido y razonan jugos gástricos; es de una ciudadanía que prefiere la bulla, el chisme, la anécdota y la bilis, por sobre la información puntal y el análisis objetivo y prudente.
Las audiencias en México han desarrollado una adicción al amarillismo; si la nota y el análisis no llevan implícitos villanos favoritos, árboles caídos y corruptos a crucificar, a nadie le interesan.
Lo mismo pasa con partidos y campañas: El instituto político o candidato que pretenda hacer el planteamiento, análisis y propuesta de solución de un problema, sin estridencia y sin llamados al paredón, será olímpicamente ignorado.
Hemos construido una democracia de discordancia y descalificación que termina por anular nuestro razonamiento y ciudadanía.