Opinión

Rudos vs técnicos: la lucha libre por la evaluación

El Presidente le asestó un golpe bajo a la evaluación al puro estilo de los rudos en la lucha libre. | Miriam Ordoñez

  • 04/08/2019
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Desde distintos sectores de la sociedad, una de las críticas constantes al gobierno del Presidente López Obrador es la ambigüedad con la que el titular del Ejecutivo y sus funcionarios realizan declaraciones o toman decisiones con poco sustento en evidencias sólidas y datos fidedignos. La popular frase "yo tengo otros datos" se ha vuelto una práctica que resulta cada día más cotidiana en el gobierno actual para esquivar el incómodo escrutinio social sobre diversos temas de relevancia pública.

Como en la lucha libre, cada vez que se le cuestiona al Presidente sobre sus decisiones, éste suele enfrascarse en una contienda "a dos de tres caídas sin límite de tiempo" con  quienes rápidamente se convierten en acérrimos contrincantes, así sean los periodistas que acuden a sus conferencias matutinas, las calificadoras financieras internacionales o los mandatarios de otros países que expresen alguna opinión que no le resulte adecuada.

Lo que se disputa sobre el ring es el honor, que en este caso reside en tener la razón y quienes se enfrentan, como dicta la tradición del cuadrilátero, sólo pueden ser rudos o técnicos. Los técnicos privilegian la pulcritud de sus movimientos, los cuales procuran que estén bien ejecutados, se atienen a las reglas y buscan el consenso y la simpatía de la afición. Los rudos son irreverentes, su papel es fungir como los antagonistas de los técnicos por lo que buscan provocarlos al no seguir las reglas, cambiarlas o establecer las propias, esto hace que muchos los detesten, pero también les da gran popularidad.

Cuando no se antepone la técnica y las reglas del juego cambian todo el tiempo, lo que se genera es incertidumbre y mucha expectativa sobre lo que ocurrirá. En la lucha libre esto puede inyectar emoción y adrenalina al espectáculo, pero cuando se trata de gobernar el objetivo es tener estabilidad política, económica y social a pesar de que se propongan nuevas formas para hacerlo. Adicionalmente la toma de decisiones públicas requiere, más allá de que quienes gobiernan tengan la razón, de que sustenten sus acciones en hechos y evidencias.

Esto es lo que dicta el paradigma de la Nueva Gestión Pública (NGP), la cual se desarrolló exponencialmente en México desde inicios del siglo XXI modificando las prácticas, procesos y procedimientos burocráticos del Estado para basar su funcionamiento en planeaciones estratégicas integradas por objetivos, metas e indicadores que midan su eficiencia, es decir, la forma en que administra recursos de todo tipo y su eficacia en la resolución de problemas públicos.

En pocas décadas México y otros países de la región latinoamericana como Chile, Argentina, Brasil y Colombia avanzaron a pasos agigantados para institucionalizar el paradigma de la NGP a través de la creación de leyes, instancias gubernamentales, instrumentos y mecanismos ex profeso para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. El CONEVAL fue resultado de esta tendencia y rápidamente se posicionó como un actor pionero en la creación de un sistema de monitoreo y evaluación estandarizable para valorar la política social del país.

La evaluación se convirtió pronto en una buena práctica reconocida en los países democráticos, pero sus alcances son más amplios pues actualmente representa un campo de investigación científica en el que participan diversas instituciones educativas del país. También ha abierto un espacio laboral y de desarrollo profesional para muchas personas y ha generado la innovación de conocimientos. Es cierto, la evaluación nació como un mandato normativo, pero creció como una técnica de valoración y medición de políticas públicas que generó su propio lenguaje, uno que no es fácil de traducir a quienes no conocen o se dedican a esta práctica.

Este es quizás el punto de quiebre para la evaluación porque en el plano comunicativo no ha logrado convencer de su relevancia, más que técnica, política y social. Recientemente en una de estas contiendas por la razón y la verdad, el Presidente le asestó un golpe bajo a la evaluación al puro estilo de los rudos en la lucha libre. Lo que hizo fue pedirles a las personas que acompañaban uno de sus eventos en Veracruz que levantaran la mano en caso de saber qué es el CONEVAL o qué hace. No parece casualidad que esta declaración se haya hecho en esta entidad federativa, en la cual el 62 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza hasta 2016.

En este contexto, las rudas modificaciones en la forma actual de gobernar promueven que la valoración del quehacer político venga de la sociedad y no de un grupo de técnicos expertos, que la planeación estratégica nacional se realice sobre la marcha, pues tomará al menos una generación llevar a cabo una transformación profunda en el país, pero sobre todo, que se tenga confianza en el Presidente y su verdad, ya que su intención es moralmente buena. Ciertamente la formulación de políticas tiene una mixtura de idealismo y realismo, necesita de la creatividad, la pasión y las buenas intenciones, pero definitivamente no puede convertirse en un acto de fe.

En las prácticas democráticas no debería haber retrocesos, independientemente de que se propongan nuevas formas de gobernar. Además, a éstas también les tocará pasar por el filtro de la evaluación, ya sea por la técnica o por el escrutinio de la sociedad. La evaluación cobra sentido frente a las luchas por imponer la razón, funge de réferi al promover que las acciones públicas se basen en sistemas de información confiables y oportunos, así como en la verdad de las evidencias, ni buenas ni malas, sino técnicamente sólidas. Esto significa que estén socialmente construidas, tomen en cuenta la participación de la gente y sean representativas de la realidad del país. En conclusión, el problema no es el cambio, sino las formas y en ese plano parece que aún quedan varias batallas sobre el cuadrilátero.

Miriam Ordoñez es internacionalista por la UNAM y maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora. Desde hace ocho años es consultora externa para la evaluación de políticas públicas y proyectos de desarrollo, especialmente en materia de educación. También se ha desempeñado como servidora pública en el ámbito de la evaluación de políticas de cambio climático.