Opinión

Rubén Figueroa ¿el próximo “Patrón” de Ayotzinapa?

Durante más de dos mil fojas, la recomendación de la CNDH aborda a detalle muchos de los aspectos del peor crimen que hace ya 50 meses estremeció al país. | Eduardo Zerón

  • 18/12/2018
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Hace algunas semanas la Comisión Nacional de Derechos de Humanos de la mano de Luis Raúl González Pérez a través de su oficina de investigación para el caso Iguala dieron a conocer su recomendación final sobre el caso, en un extenso documento sintetiza las más de un millar de fojas de trabajo realizado durante cuatro años.

La recomendación enfatiza graves inacciones, omisiones y diversas actuaciones de servidores públicos que pide sean sancionadas e investigadas, que se convierte de momento en un catálogo de señalamientos y responsabilidades a perseguir, resuelve respecto a la inacción de los órganos de procuración de justicia, por la dilación y obstaculización para el acceso a la indagatoria para que la CNDH hiciera su trabajo, lamenta la acción de autoridades federales en el ámbito de prevención y de inteligencia que debía advertir los sucesos, la falta de apoyo en los hechos, incluso llegando a excesos en los que advierte que este evento pudo haber sido evitado.

La recomendación es dura para las autoridades, sin embargo, también echa por la borda algunos aspectos que habrían sido objeto de una constante pugna con las autoridades como el denominado quinto camión, o la participación de los militares en los hechos de la desaparición, asimismo termina de desarticular las líneas de investigación sugeridas por el extinto GIEI, y también señala el dolo -así lo denomina- con el que actuaron los coadyuvantes del caso, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) quien entre otras cosas analizaron el vertedero de Cocula, según el informe, con criterio antropológico y no criminalístico además de pedir se inicie carpeta de investigación a este grupo y peritos de la PGR por la probable comisión del delitos al destruir evidencia contundente para el caso.

Durante más de 2000 fojas, la recomendación aborda a detalle muchos de los aspectos del peor crimen que hace ya cincuenta meses estremeció al país, y en esencia comparte la narrativa de la teoría del caso presentada por la Procuraduría General de la República 2014 conocida como la “Verdad Histórica”.

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación de la CNDH advierte también que el secuestro y masacre de los normalistas se llevó a cabo derivado de la confusión de grupos antagonista de la delincuencia organizada los “Guerreros Unidos” quienes habrían avisado que entre los estudiantes normalistas había miembros del cartel de los “Rojos”, razón por la cual, junto con autoridades policiacas municipales y algunas estatales, los jóvenes fueron llevados un lamentable fin.

Advierte también, en su parecer existen cerca de unas diez probables rutas secundarias de desaparición y ratifica como cierta la del basurero de Cocula, esto gracias a diversos dictámenes y evidencias dentro del expediente, en especial uno de química de sedimento donde se puede comprobar que los restos hallados en la bolsa del rio san Juan tienen como origen el basurero, es decir, los estudiantes (al menos 19 dos identificados por ADN) fueron muertos donde los asesinos advirtieron y sus huesos dispuestos donde estos mismos también dijeron.

Si bien la recomendación habla de presuntos tratos inhumanos o crueles a los detenidos, deleznables de comprobarse ciertos y por supuesto necesariamente punibles, estos hallazgos de la CNDH logran determinar en consecuencia que las confesionales que presumiblemente fueron arrancadas por tortura no son ni falsas, ni auto-incriminatorias y determinan el modus operandi de los hechos.

La investigación de la CNDH arroja información respecto a que algunos miembros del Comité Estudiantil fueron quienes ordenaron el traslado al municipio de Iguala de los normalistas y que alguno de sus miembros permitían el narcomenudeo en la normal, también que los militares no participaron en los hechos de la desaparición, que no existió una operación orquestada de todos los ámbitos de gobierno, que la teoría del transporte de drogas por medio de un quinto camión es falsa, que no existió la presunta siembra de huesos, en resumidas cuentas no hubo el supuesto crimen de estado como habrían determinado los revisionistas.

En ese tenor la Comisión de la Verdad, en atención a la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, probablemente tendrá como base esta recomendación y también deberá estimar que en su conformación no podrían participar la PGR, el EAAF, el GIEI, ni los padres, sus abogados, la ONUDH o quien sea que haya estado involucrado con el caso, según el protocolo de Minnesota.

Se sabe también que hay voces que se inclinan para que esta comisión enmascare a uno de los personajes claves de la indagatoria conocido como el “Patrón” quien la PGR lo identifica como Alejandro Tenescalco, líder de los Bélicos y apersonarlo, como Rubén Figueroa, priista, ex gobernador de Guerrero proveniente de Huitzuco como ha urgido la Guerrilla, será esta una nueva pugna.

Hoy lo que queda claro a cincuenta meses es que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados y perdieron la vida por la infiltración de intereses ajenos a los de su formación, hoy sucede lo mismo con sus padres, quienes están secuestrados también por intereses ajenos a los de la justicia que durante cuatro años les han negado la verdad.

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